Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131462
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los cuestionamientos tratados en los puntos III.1 en atención a que han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.2., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros supuestos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (art. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, hizo lugar a la acción interpuesta por el señor Pablo Ariel Santillán y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar la suma que estableció en concepto de prestación por incapacidad laboral, con fundamento en la ley 24.557, con más accesorios fijados en la forma que especificó. Además, impuso las costas a la accionada y reguló los emolumentos a los profesionales intervinientes (v. pronunciamiento de fecha 7-VIII-2023).
Asimismo, dispuso adicionar al capital de condena los intereses moratorios calculados a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta su dictado y, desde ésta última fecha hasta su efectivo pago, un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, con sustento en el art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, modif. por la ley 27.348.
II. Frente a lo así resuelto, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 30-VIII-2023).
En su presentación, denuncia violada la doctrina legal que cita en materia de intereses y objeta la forma en que el órgano de grado aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, según el texto de la ley 27.348.
En este sentido alega que si bien, respecto del período que va desde el dies a quo y hasta la fecha de la sentencia, acató el contenido de los precedentes C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018), al resolver en orden al tramo temporal posterior ignoró las directivas allí previstas, estableciendo que la accionada deba cargar con el anatocismo contemplado en aquella norma en sustitución de la tasa de interés establecida en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una desacertada interpretación, y así, que la conclusión del fallo es absurda y arbitraria, en tanto a la fecha de la sentencia la demandada no se encontraba en mora como exige la normativa aplicable.
Finalmente, denuncia la infracción del art. 730 del Código Civil y Comercial, que establece el tope del veinticinco por ciento -25%- para la regulación de honorarios. En este sentido afirma vulnerada la doctrina legal que surge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
A su turno, el a quo concedió el recurso extraordinario articulado en el marco de la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 exclusivamente en cuanto se invocó la transgresión de la doctrina legal establecida en la causa L. 77.914, "Zuccoli" sent. de 2-X-2002 (v. resolución de fecha 19-X-2023).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente cabe destacar que -más allá que el órgano judicial de origen se extralimitó al emitir un juicio sobre la admisibilidad de la vía extraordinaria impetrada- en el caso, el valor de lo cuestionado -tal como lo expresó el tribunal de grado (v. resol. de fecha 19-X-2023)- no supera el monto mínimo para recurrir (art. 278, CPCC -art. 1, ley 14.141). Sentado lo anterior, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos similares (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024 y L. 129.976, "Balutt", sent. de 20-XI-2024).
III.2. Contrariamente, con relación a las costas, la impugnación resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial resulta contraria a la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, aun cuando el quo propuso limitar la responsabilidad de la demandada en el pago de las costas aplicando el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, cierto es que, conforme surge de la liquidación practicada en autos (v. resol. de fecha 11-VIII-2023), se ha rebasado, en la estimación de los conceptos integrantes de la condena en costas, el límite porcentual (25% del monto de la sentencia) previsto en aquella norma.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, casar lo resuelto por el tribunal de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos de que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los cuestionamientos tratados en los puntos III.1 en atención a que han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.2., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros supuestos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (art. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2025 13:39:41 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:51:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:40:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:00:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:55:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:19:36 hs. bajo el número RR-1065-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia