Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131419
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2 y III.4, declarar que se desestiman por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción promovida por la señora Gabriela Natalia Vecchiarelli y condenó a la Provincia de Buenos Aires a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que contrajo cumpliendo tareas como docente (v. vered. y sent. de fechas 7-VIII-2023 y 25-VIII-2023, respectivamente).
Para así decidir, en lo relevante, tuvo por acreditado mediante los informes periciales médico y psicológico y las respuestas a las impugnaciones formuladas por los litigantes, que la actora es portadora -a raíz de las tareas que desarrolló para la empleadora- de una incapacidad del 29,58 % de la total obrera.
Puesto a cuantificar las prestaciones debidas a la reclamante, sostuvo el a quo que dada la fecha de la primera manifestación invalidante, correspondía subsumir el caso en las previsiones de la normativa ya citada y los decretos 1.694/09 y 472/14.
Descartó, en cambio, la aplicación de la ley 27.348, en virtud de su fecha de entrada en vigencia, como así también del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad declaró por no haberse cumplido para su dictado los requisitos formales y sustanciales que la Constitución nacional establece.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-IX-2023), el que denegado por el órgano de grado (v. resolución de fecha 3-X-2023), fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada (v. presentación de 12-X-2023 y resolución de fecha 29-V-2024).
II.1. Alega que el tribunal de origen inaplicó la capitalización de intereses prevista en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial, disposición ésta que -afirma- debió actuar en el caso, ya sea mediante la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina contemplada en las leyes 26.773 y 27.348, o bien, subsidiariamente, a través de la tasa pasiva del sistema Banca Internet Provincia (BIP), con capitalización anual. Menciona para apuntalar su postura los precedentes de esta Corte que identifica como L. 124.365, "Andrade" y L. 121.260, "Lazarte".
II.2. A todo evento, solicita se calcule el ingreso base de acuerdo a las pautas establecidas por el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya validez constitucional propugna.
II.3. Objeta, también, el porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo. En este sentido, sostiene que el órgano de grado soslayó que la reclamante impugnó oportunamente el método utilizado por los peritos intervinientes para aplicar los factores de ponderación, no obstante lo cual, receptó sus conclusiones en la decisión. Funda su posición en diversos fallos emitidos por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que individualiza.
II.4. En línea con lo anterior, reprocha al juzgador haber utilizado la fórmula de la capacidad restante, inaplicable -dice- para afecciones que, como en el caso, reconocen un único origen. Cita jurisprudencia de otras jurisdicciones.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se impone destacar, conforme expresó esta Corte al declarar procedente la queja deducida por la impugnante (v. resol. de 29-V-2024)- que, en la especie, el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo podría justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable al caso.
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023; e. o.).
III.2. Bajo las señaladas premisas, e invirtiendo -por razones metodológicas- el orden de tratamiento de los agravios expuestos por la recurrente, cabe indicar que aquéllos emparentados con el porcentaje de incapacidad reconocido en la sentencia, la valoración de los informes periciales médico y psicológico, la cuantificación de los factores de ponderación y la utilización de la fórmula de la capacidad restante, no son admisibles, por cuanto remiten al análisis de típicas cuestiones de índole fáctica y probatoria, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 120.509, "Torres", resol. de 12-IV-2017; L. 120.258, "Caiguara", sent. de 17-X-2018; L. 127.957, "Tecera", resol. de 7-IV-2022; L. 131.000, "Gómez", resol. de 8-IV-2024; e. o.).
Por lo demás, es dable destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
III.3. Por otro lado, y más allá del valor de lo cuestionado, la impugnación dirigida a controvertir la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk", (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.4. Finalmente, el embate por conducto del cual la reclamante endilga al juzgador haber inaplicado la capitalización de intereses prevista en el 770 inc. "b" del nuevo Código Civil y Comercial, en las distintas variantes que propone en su crítica, no es de recibo. Ello así, por cuanto los precedentes que cita en esta parte de la impugnación han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 121.303, "Vargas", sent. de 12-II-2020; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023 y L. 132.210, "Valdez", resol. de 20-XI-2024), lo cual sella la suerte adversa de la crítica.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019. Respecto de los planteos abordados en los puntos III.2 y III.4, declarar que se desestiman por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas de esta instancia, así como las de la queja, se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/09/2025 13:39:40 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2025 11:51:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:40:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:00:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:55:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:19:35 hs. bajo el número RR-1064-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia