Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129802
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte demandada y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado II.2.b. del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que —con diferente integración— proceda conforme lo dicho.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.802, "Sienra, Eduardo Javier contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la actora vencida (v. pronunciamiento de fecha 19-VIII-2022).
Se interpusieron, por ambas partes, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 31-VIII-2022 y 2-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al interpuesto por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente declaró configurada la cosa juzgada con relación a la pretensión deducida por el señor Eduardo Javier Sienra contra la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada— mediante la cual procuraba el cobro de diferencias en las prestaciones de la ley 24.557 —y sus modificatorias— vinculadas al accidente de trabajo acaecido el día 4 de enero de 2017.
Para así decidir, declaró acreditado que las partes agotaron, en su totalidad y ante las comisiones médicas, el trámite administrativo previo y obligatorio establecido en la ley 27.348. Asimismo, estableció que el actor lo hizo debidamente representado por una abogada, y que —además— recibió de la demandada la suma de $811.485 en concepto de "indemnizaciones de las leyes 24.557 y 26.773 por la incapacidad definitiva allí fijada en el 26%". Finalmente, precisó que los dictámenes fueron emitidos cuando ya regía la ley de adhesión provincial 14.997 (v. sent., pág. 3).
A partir de estas conclusiones, el sentenciante juzgó que la cuestión sometida a su conocimiento había quedado definitivamente zanjada en la sede prejudicial, tras la resolución de fecha 8 de enero de 2019, dictada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que homologó el acuerdo suscripto por el señor Sienra con la aseguradora, con la debida asistencia letrada (v. sent., pág. cit.).
Declaró entonces que dicha resolución, conforme al art. 2 de la citada ley 27.348 gozaba de autoridad de cosa juzgada administrativa (v. sent., pág. cit.).
En ese contexto, señaló que las argumentaciones traídas en contra de la validez constitucional y aplicación de las normas de la ley referida eran inatendibles en virtud de lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 121.740, "Juarez" (sent. de 22-XII-2020); L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020; v. sent., pág. 4).
Finalmente, impuso las costas al actor vencido con el beneficio establecido en el art. 22 de la ley 11.653 y reguló los honorarios de los profesionales que actuaron en el proceso (v. sent., pág. 5).
II. El legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con fundamento en los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 161 de la Constitución provincial; 218, 279, 280 y 281 del Código Procesal Civil y Comercial; 55 y 56 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica fechada el 31-VIII-2022).
En sustancia, cuestiona la decisión del tribunal de grado con arreglo a la cual se hizo lugar a la defensa de cosa juzgada opuesta por la demandada.
Señala que mediante la acción promovida se procuraba una reparación integral por los daños físico y psicológico sufridos por el trabajador (v. rec., pág. 2). Reprocha al sentenciante no haber considerado que el informe pericial médico incorporado al proceso demostró que la salud de este último estaba deteriorada, evidenciando una clara situación de reagravamiento (v. rec., págs. 3/4).
A su vez, plantea la inconstitucionalidad de los arts. 2 y 4 Anexo I de la ley 27.348, en cuanto otorgan autoridad de cosa juzgada a las resoluciones dictadas en el marco de los acuerdos celebrados y homologados en sede administrativa (v. rec., pág. 5). Asegura que dichas normas colocan al trabajador siniestrado en un estado de vulnerabilidad, mayor al que se encuentra sometido habitualmente, que viola garantías constitucionales (v. rec., pág. cit.). Crítica al sistema procedimental previsto por la ley citada y plantea la imposibilidad de aplicar la teoría de los actos propios (v. rec., págs. 6/8).
Finalmente, sin perjuicio de la objeción constitucional formulada, postula la inaplicabilidad de la mentada ley porque —aduce— no se encontraba vigente al momento de ocurrencia del accidente que sufrió (v. rec., págs. 9/10).
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que la apreciación de los jueces de grado sobre el instituto de la cosa juzgada proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo que se invoque y acredite la existencia de absurdo (causas L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017; L. 120.324, "Campos", sent. de 17-VI-2020 y L. 129.240, "G., G.", sent. de 20-XI-2024); sin que esta Suprema Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada al formular la impugnación (causas L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 131.025, "Blatte", sent. de 28-XI-2024).
En el caso, el recurrente ni siquiera denuncia que el fallo que ataca sea portador de esa anomalía, lo que exhibe carente de suficiencia técnica al embate traído (art. 279, CPCC).
III.2. Sin perjuicio de ello, también observo que el quejoso no se hace cargo de controvertir las motivaciones esenciales del pronunciamiento que pone bajo censura.
El interesado, en su desarrollo argumental, postula que pretendió una reparación integral, cuestionando genéricamente la valoración del informe pericial médico que realizó el tribunal de grado —porque en su opinión acreditaría una situación de reagravamiento de las secuelas que padece—, pero no se ocupa de rebatir el análisis que condujo al órgano de origen a juzgar que la resolución dictada por la autoridad competente el 8 de enero de 2019, que homologó el acuerdo suscripto en sede administrativa, con la debida asistencia letrada del trabajador, gozaba de autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme el art. 2 de la ley 27.348 (v. sent., pág. 3).
Este fundamento medular de la decisión no es idóneamente objetado, pues —recuérdese— para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el ya citado art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulen deben referirse, directa y concretamente a los conceptos que estructuran el pronunciamiento. Esa función no es cumplida con la mera invocación o pretendida subsunción de los hechos y elementos de la causa a determinados preceptos legales, si en esa operación se sustrae, precisamente, en todo o en parte, la réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el fallo impugnado contiene (causas L. 116.173, "Glinchuk", sent. de 25-VI-2014; L. 118.224, "Carabajal", sent. de 13-IV-2016 y L. 124.672, "Cruz", sent. de 8-V-2023).
III.3. En cuanto a los planteos vinculados a la validez constitucional y aplicación temporal de la ley 27.348, entiendo que hallan adecuada respuesta en lo expresado por esta Corte al decidir las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020); L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020) y L. 121.755, "Ibarra" (sent. de 13-X-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
IV. Por lo expuesto, propongo rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la provincial; 1.627 del Código Civil de Vélez Sarsfield; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 del decreto 2.125/62; del decreto ley 8.904/77; y de la doctrina que identifica (v. presentación electrónica de 2-IX-2022).
Cuestiona la regulación de los honorarios de los dos peritos que intervinieron en el proceso porque —en su opinión— fue realizada tomando en consideración la exorbitante suma reclamada en la demanda actualizada.
Aduce que el tribunal de grado transgredió la doctrina legal que esta Corte estableció —entre otras que cita— en las causas Ac. 67.487, "Enrique" (sent. de 14-II-2001); C. 95.112, "Cabuli" (sent. de 17-IX-2008); C. 88.619, "Silva" (sent. de 18-XI-2009) y L. 75.889, "Poma Cerrunda" (sent. de 25-XI-2009).
II. El recurso prospera.
II.1. Inicialmente cabe advertir que, tal como reconoce el interesado (v. rec., pág. 2), en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido solo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo — in fine —, de la ley 11.653, aplicable al momento de su interposición.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021 y L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Desde esa perspectiva de análisis, acierta la recurrente cuando denuncia transgredida la doctrina legal establecida en la citada causa Ac. 67.487, "Enrique".
II.2.a. Como señalara esta Corte, entre otras, en el precedente mencionado y luego en otros registrados como L. 128.175, "Cuervo" (resol. de 26-IV-2022) y L. 130.325, "Zapata" (resol. de 24-X-2023), resultaírrito que, al amparo de una interpretación literal del art. 23 del decreto ley 8.904/77 —receptado en idéntica forma en el art. 23 de la ley 14.967— queden convalidadas situaciones como las que ofrece el caso bajo estudio.
Para más, el hecho de que el actor —en tanto trabajador— goce del beneficio de gratuidad, exige una interpretación adecuada del art. 23 de la ley arancelaria. Parece evidente que, escudado bajo tal condición, no es impensable que se incluya en la demanda un monto excesivo o extraño a los valores en juego, a sabiendas de que eventualmente no habrá de afrontarse mayor riesgo en caso de desestimarse la pretensión.
Cabe apuntar que, en el caso bajo examen, si bien en el pronunciamiento impugnado se condena en costas a la parte actora vencida, la responsabilidad por el pago de los honorarios de los peritos que actuaron en el proceso, en función de lo prescripto por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial, puede tener también como obligada a la parte recurrente.
De allí que, en las circunstancias descriptas, para efectuar las regulaciones correspondería, previamente, determinar la cuantía que estimativamente habría adquirido la indemnización en caso de prosperar la acción —aunque ello conduzca a prescindir del monto efectivamente reclamado— pues aquella será, en definitiva, la medida del interés sustancialmente comprometido en el pleito.
De tal suerte, para evitar una estimación desmesurada y por ende irrazonable (arts. 17, 33 y concs., Const. nac.), los estipendios de los profesionales actuantes deben fijarse previa determinación de la base regulatoria en función del monto que verosímilmente le hubiera correspondido percibir al actor de prosperar su reclamo (causas L. 107.497, "Guzmán", sent. de 5-III-2014; L. 119.147, "Wilczynski", sent. de 10-VIII-2016; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.241, "Rizzo", resol. de 11-II-2022).
Sin perjuicio de lo expuesto, y en tanto también es una directriz gravitante en el caso, cabe destacar que esta Corte señaló que cuando la determinación de los honorarios de conformidad con la aplicación de las normas arancelarias que rijan la actividad, condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia, naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la labor cumplida, el juez deberá reducirla equitativamente (arts. 505 y 1.627, Código Civil velezano; 730 y 1.255, Código Civil y Comercial de la Nación y 13, ley 24.432; causas Ac.86.346, "Calleri", sent. de 26-IX-2007; L. 121.299, "Bernoi", sent. de 29-IV-2020; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020; L. 122.685, "Sánchez", resol. de 15-IX-2020 y L. 125.945, "Fioritti", resol. de 10-V-2021).
II.2.b. A tenor de lo dicho corresponde devolver los autos al tribunal de origen para que —con diferente integración— mensure, partiendo de un hipotético progreso de la demanda, a cuánto podría haber ascendido la indemnización que hubiera correspondido al actor. Cumplido ello, el tribunal de grado procederá a regular nuevamente, y sobre esa base, los honorarios de los peritos que motivaron el presente recurso, teniendo especialmente en cuenta el mérito, la naturaleza y la importancia de los trabajos efectivamente cumplidos.
En consecuencia, deberán remitirse los autos al tribunal de origen para que proceda conforme lo dicho en el párrafo anterior.
III. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado. Las costas de esta instancia deben ser soportadas por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
Los señores Jueces doctores Soria y Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, con costas (art. 289, CPCC).
Asimismo, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído por la parte demandada y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado II.2.b. del voto emitido en primer término respecto de la segunda cuestión planteada. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que —con diferente integración— proceda conforme lo dicho.
Las costas de esta instancia extraordinaria se imponen por su orden, en atención al contenido de la presente decisión (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/09/2025 11:36:12 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/09/2025 13:10:59 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/09/2025 12:40:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/09/2025 15:02:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2025 08:55:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 17/09/2025 10:19:30 hs. bajo el número RS-82-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia