Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135569
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, tras declarar la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hizo lugar a la demanda promovida por Gabriel Alfredo Martínez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad (v. sent. de 3-IV-2025).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 23-IV-2025), ocasión en que se agravió de la incorrecta aplicación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- realizada por el a quo , y de la declaración de inconstitucionalidad del decreto 669/2019 y alegó la configuración de una cuestión federal bastante a fin de acceder a la instancia extraordinaria local.
Interesa destacar, que el planteo que remitió a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada"; 311:2478 in re "Di Mascio") se afincó en la solicitud de que esta Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento del mismo a fin de agotar la instancia extraordinaria local (v. acápite 2. del escrito recursivo).
III. A su turno, el sentenciante de mérito denegó el recurso extraordinario incoado, con fundamento -en lo esencial- en la insuficiencia del valor del litigio para recurrir (v. resol. 27-IV-2025), lo que motivó la articulación de la queja en tratamiento (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 9-V-2025).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante estos estrados, la impugnante sostiene que el tribunal de grado, al resolver la admisibilidad del recurso extraordinario intentado, no sólo incurrió en error en torno al valor de lo cuestionado que, a su criterio, excedería el monto establecido por la norma ritual de aplicación, sino que le niega la doble instancia recursiva frente a una sentencia dogmática y arbitraria por un mero formalismo, que impide que el expediente pueda ser remitido y analizado por el Superior Tribunal de la causa.
IV. La queja prospera.
IV.1. Liminarmente, cabe destacar que, en la especie, la summa gravaminis se halla determinada por el perjuicio o gravamen que la resolución ocasiona al recurrente y en la especie, siendo que la interesada es la parte demandada, radica en la diferencia que existe entre el contenido de la sentencia y los agravios desplegados en el escrito recursivo (causas L.118.175, "Escudero", resol. de 3-XII-2014; L. 123.655, "López", resol. de 11-III-2020; L. 133.175, "Martínez", resol. de 15-X-2024 y L. 133.205, "Montenegro", resol. de 29-X-2024; e.o.).
Sentado ello, se observa que la compareciente no especificó, en ocasión de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, a tenor de los agravios allí desplegados, como estaría representado el valor del litigio ni cuantificó su importe, prescindiendo demostrar -en consecuencia- que lo cuestionado supere el mínimo establecido por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024 (v. escrito de 23-IV-2025).
En este sentido, esta Corte ha declarado expresamente que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el imperativo de acreditar que la cuantía económica de los agravios excede el monto fijado por la ley como recaudo de admisibilidad (causas L. 123.865, "R.M.P.A.", sent. de 13-VII-2021; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 127.682, "Scarlata", sent. de 30-V-2023 y L. 132.336, "Ferreyra", resol. de 28-XI-2024; e.o.), siendo extemporáneo recién determinarlo en oportunidad de interponer el recurso de queja normado en el citado art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. causa L. 132.105, "Baigorria", resol. de 29-V-2024).
IV.2. En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en la citada norma ritual, cabe reiterar, aplicable a la fecha de la interposición del recurso, según Resol. 1.840/24 (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirmó la apelante (v. acápite 2 del escrito de 23-IV-2025).
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario-, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos 308:490, in re "Strada"; Fallos 310:324, in re "Christou"; Fallos 311:2478, in re "Di Mascio"; S.C.B.A., cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2025 15:06:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/09/2025 15:08:52 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/09/2025 20:22:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:19:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 11:47:49 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/09/2025 13:19:43 hs. bajo el número RR-1121-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia