Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131877
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por Leandro Daniel Paschetta y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que individualizó en concepto de prestación dineraria conforme lo regulado en los arts. 14 apdo. 2 inc. a y 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de 10-XI-2023).
En lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, a los fines de cuantificar la señalada indemnización, especificó que correspondía aplicar temporalmente al caso el cálculo del ingreso base mensual con arreglo al primer párrafo del art. 11 de la ley 27.348 (B.O. 24-02-2017) que modificó el art. 12 de la citada ley 24.557 y, a su vez, las previsiones del segundo y tercer párrafo de la misma norma en cuanto dispone que -desde la fecha de la primera manifestación invalidante (1 de octubre de 2018) y hasta el momento de la liquidación de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva-, dicho monto devengará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina.
II. Contra dicha decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 4-XII-2023), en el que denunció la violación de la doctrina legal que individualizó en lo relativo la prohibición de actualizar deudas dinerarias, como así también y respectivamente aquellas vinculadas al régimen de los distintos intereses y los casos excepcionales que –a su criterio- se permitiría el anatocismo según los precedentes que enunció.
III. El Tribunal de grado, a su turno, denegó el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado por entender que el valor del agravio desplegado en aquel no supera el monto mínimo establecido por ley para habilitar la instancia de casación, para -finalmente- sostener que tampoco observó la evidencia de un supuesto excepcional enmarcado en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (vigente a la fecha de la interposición del recurso; v. resol. de 29-XII-2023).
En este último sentido, aclaró que no observó cumplidos los recaudos previstos en la norma ritual antes citada toda vez que, destacó, “no existe” doctrina legal sobre la interpretación del art. 12 inc. 3 de la ley 24.557, según ley 27.348, dando lugar así a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC, v. escrito electrónico de 8-II-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, la interesada afirma que el juzgador de origen excedió el límite de las facultades que le otorga el art. 281 del Código Procesal Civil y Comercial; ello, en virtud de que debió únicamente verificar si se había denunciado -o no- violación de doctrina legal en oportunidad de interponer el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
IV. La queja prospera.
IV.1. De inicio, no es ocioso destacar que, tal como lo indicó la recurrente en su queja, el a quo al denegar el recurso de inaplicabilidad de ley, se extralimitó en sus atribuciones, pues en tal sentido esta Suprema Corte se ha pronunciado en supuestos como el presente (causas Ac. 79.111, "Roche", resol. de 8-XI-2000; L. 111.781, "Avalos", resol. de 25-VIII-2010 y L. 113.122, "Barrios", resol. de 16-II-2011), aclarando así que debió el órgano jurisdiccional anterior en grado limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63 ley 11.653 -vigente a la fecha de su interposición- y 281, CPCC).
IV.2. Sin perjuicio de ello, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no desconoce que la cuantía económica del pleito no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
IV.3. En atención a ello, corresponde hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley intentado (arts. 292, CPCC; y 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
V. Ahora bien, ingresando en los argumentos desplegados en el recurso que por este acto se concede y que fueron reseñados en los acápites precedentes, cabe anticipar que no pueden prosperar (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
V.1. Al respecto, corresponde rechazar el agravio vinculado con los intereses fijados a partir de la fecha de la sentencia y lo argumentado en orden al modo en que el tribunal laboral aplicó el art. 12 inc. 3 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en razón de lo resuelto por esta Suprema Corte en casos similares (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 126.342, "Gaddi", sent. de 27-VI-2023; L. 127.102, "Cruzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024; L. 129.976, "Balutt" sent. de 20-XI-2024 y L. 131.750, "Higinio", resol. de 24-II-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída, conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la Fiscalía de Estado (art. 292 del CPCC; 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24) el que, en atención a que ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos, se rechaza (art. 31 bis, ley 5827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:54:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 10:20:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/09/2025 13:15:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/10/2025 12:18:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/10/2025 13:06:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/10/2025 15:03:03 hs. bajo el número RR-1140-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia