Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131509
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.509, "Hidalgo, Eduardo Andrés contra Provincia A.R.T. S.A. Accidente de Trabajo", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Soria , Torres , Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. vered. y sent. de fecha 25-IX-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-X-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que reviste interés, el tribunal interviniente, luego de desestimar la excepción de prescripción opuesta por la legitimada pasiva, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Eduardo Andrés Hidalgo, condenando a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 25-IX-2023).
Para así decidir, juzgó probado que el día 24 de enero de 2017, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales bajo las órdenes de su empleadora Camtrans S.A. (quien se hallaba asegurada con la aquí demandada), el trabajador sufrió un accidente de trabajo, que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 9% del índice de la total obrera (v. vered. págs. 2/5).
En lo que interesa, el juzgador de grado manifestó que en el dictamen contable no se estableció el ingreso base mensual (IBM) e indicó que el salario actual del trabajador —conforme el cargo de chófer de primera categoría, atento a lo que surge de la página web https://camioneros-ba.org.ar/ — asciende a la suma de $209.174,74 (v. vered., pág. 5).
Ya en la sentencia, explicó que toda vez que carecía de elementos de juicio para calcular el ingreso base mensual no podía valerse de la fórmula polinómica prevista en el sistema especial de reparación.
En tales condiciones, efectuó el cálculo del resarcimiento, en primer lugar, teniendo en cuenta el piso fijado por la resolución 387/16 de la Secretaría de Seguridad Social, con más la prestación prevista en el art. 3 de la ley 26.773, arribando al monto total de $117.822,06. Por otro lado, tomando el 67% del salario actual correspondiente a un trabajador con idéntica categoría y jornada, cuantificó la prestación dineraria en la suma de $1.331.655,02 (v. sent. pág. 14).
Teniendo como parámetro la comparación entre ambos resultados —toda vez que la diferencia entre los cálculos era muy superior al 33%—, sostuvo que eran aplicables al caso los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
Aclaró que, si bien en la citada causa se ordenó liquidar el ingreso base mensual según las remuneraciones de los doce meses anteriores a la fecha del pago recibido, mientras que en el presente caso no se formalizó pago alguno, dicha diferencia fáctica no obstaculizaba la aplicación de la sustancia de lo allí decidido. Pues, consideró presentes las mismas circunstancias relevantes e idéntico gravamen, a saber: la falta de acceso por el trabajador a un resarcimiento íntegro y pleno, y la paralela reducción del valor del ingreso base mensual en un porcentaje superior al 33% (v. sent., págs. 15/16).
Bajo esos extremos, el juzgador se pronunció por la inconstitucionalidad de los arts. 12 de la ley 24.557 y 1 de la resolución 387/16 de la Secretaría de Seguridad Social, por considerar insuficiente el mecanismo resarcitorio previsto en la mencionada ley.
Así las cosas, en cuanto al período computable para calcular el ingreso base mensual, estableció que debía determinarse, en el caso, con arreglo al 67% del promedio salarial que percibía el trabajador en la actualidad (v. sent. pág. 16).
En consecuencia, fijó la indemnización por incapacidad permanente parcial y definitiva del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 en la suma final de $1.331.655,02. Sobre dicho importe, dispuso que en caso de mora devengara intereses de acuerdo a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
II. La parte demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33 y concordantes de la Constitución nacional; 161 y 171 de la Constitución provincial; 2.539, 2.541 y 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de las leyes 23.928 y 25.561; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 y 55 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de 6-X-2023).
II.1. En primer lugar, sostiene que la decisión del sentenciante resulta violatoria de la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017), desde que se aparta del mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social.
Específicamente, señala que la sentencia impugnada, en lugar de aplicar la fórmula dispuesta por el art. 12 de la ley 24.557, tomó como ingreso base mensual el 67% del salario actual del señor Hidalgo, lo que considera un valor ficticio e irreal que conduce a una prestación dineraria desproporcionada. Argumenta que el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones debe realizarse conforme al índice RIPTE, tal como se establece en la doctrina legal antes citada.
II.2. Manifiesta que la sentencia luce incongruente, desde que aun cuando el sentenciante de grado invocó como fundamento de su decisión el precedente de esta Suprema Corte L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), resolvió la cuestión debatida de una manera absolutamente distinta a lo resuelto en aquella oportunidad. Indica que, si bien en la sentencia se invocó dicha doctrina legal para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del art. 12 y tomar el 67% de un salario como IBM, lo aplicó erróneamente al computarlo de acuerdo a la actual remuneración del accionante, mientras que en la causa "Monchiero" se utilizó el parámetro del 67% del promedio salarial del año anterior a la fecha del pago insuficiente.
Alega que no solamente se apartó de la normativa vigente, sino que también de la citada causa y de lo resuelto en las causas L. 119.085, "Olguín", sentencia de 30-VIII-2021 y L. 120.485, "Medina" sentencia de 31-VIII-2021.
II.3. Finalmente, señala que la sentencia genera un cálculo indemnizatorio notoriamente desproporcionado y confiscatorio al desajustarse de la normativa vigente y de la doctrina legal imperante.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 —aplicable al momento de la interposición del recurso extraordinario—, por juzgar que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 10-X-2023).
Sentado ello, corresponde destacar que, en el caso, los planteos ensayados tampoco permiten considerar involucrada —de manera directa e inmediata— una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell'Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.1.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
III.2. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, habré de abordar inicialmente el agravio relativo a la invocada errónea aplicación del criterio establecido en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
III.2.a. Con sujeción a los límites en que el recurso fue concedido no se observa la configuración de la hipótesis habilitante, desde que limitándose a señalar el equívoco en que habría incurrido el juzgador al utilizar como ingreso base mensual el 67% del salario actual correspondiente a un trabajador con idéntica categoría y jornada contradiciendo así —a criterio del quejoso— lo resuelto en el precedente denunciado, se aparta del razonamiento desplegado por el juzgador de grado al adoptar su decisión. En efecto, el análisis que propone conduce a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo escrutinio resulta una facultad privativa del juzgador de grado, y —como tal— se encuentra excluido del ámbito de la Casación por la vía de la excepción intentada (causas L. 121.448, "Soria", sent. de 2-VI-2020; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 128.522, "García", resol. de 13-VII-2022 y L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022).
Por lo demás, tampoco se advierte eficaz la cita de la restante doctrina legal que se denuncia violada (v. rec., pág. 8), ya que el recurrente se limita a mencionar varios precedentes, sin reparar en que esta Corte —reiteradamente— ha señalado que incumple la carga del precepto del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 128.702, "Cabrera", resol. de 15-VII-2022; L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023; e.o.), como acontece en la especie.
III.2.b. Tampoco acierta el interesado en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal contenida en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017).
Ello así, desde la doctrina legal cuya transgresión se invoca fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que nuevamente revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013; L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022).
III.3. Finalmente, en cuanto al último agravio traído, y sin entrar en otro orden de consideraciones, el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal relacionada con el tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el estrecho conducto que provee la vía de impugnación de referencia (causas L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; L. 125.939, "Ostertag", sent. de 27-III-2023; L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento al marco en el que fue concedido el recurso en la instancia, en decisión que no fuera objetada por el impugnante, adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los apartados III.1.b., III.2.a., III.2.b. y III.3. de su sufragio, y con ello, a la decisión que eleva a este acuerdo, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2025 15:05:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/09/2025 20:21:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2025 11:50:31 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2025 14:15:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2025 08:48:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 13/10/2025 09:15:08 hs. bajo el número RS-98-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia