Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, rechazó la demanda promovida por el señor Patricio Alejandro Samaniego contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en concepto de reparación por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 22-VIII-2024).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, juzgó no demostrado que el trabajador haya sufrido un accidente súbito y violento que amerite su acogida como contingencia sobre la base del art. 6 de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 5-IX-2024), el que fue concedido por el a quo en los términos que surgen de la resolución de fecha 21 de noviembre de 2024.
En su presentación, el interesado, relata los antecedentes de la causa. Cita las normas que considera vulneradas. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057.
Con denuncia de absurdo, objeta la apreciación de los hechos y la valoración de la prueba efectuadas por el tribunal de grado.
Por otro lado, para la hipótesis del progreso del remedio, peticiona se deje sin efecto la imposición de costas y se declare la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, tal como lo manifestó el órgano de grado (v. resol. de fecha 22-VIII-2024) el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
Asimismo, es dable poner de resalto que esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 132.172, "Vespa", resol. de 28-XI-2024 y L. 133.299, "Maidana", resol. de 14-VII-2025).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 130.381, "Ordas", resol. de 24-X-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
Tampoco resulta útil, en el excepcional canal de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021; L. 131.781, "Gómez", resol. de 20-VIII-2024 y L. 132.970, "Domínguez", resol. de 1-VII-2025).
Por lo demás, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.047, "Domínguez", resol. de 14-VII-2025; e.o.).
III.3. En este marco, sellada la suerte adversa de la impugnación, no resulta atendible la crítica en torno a las costas del litigio, y deviene abstracto -sin perjuicio de cualquier otra consideración- lo alegado respecto del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), en tanto ello ha sido solicitado para el supuesto de que progresara el recurso.
III.4. Finalmente, y en atención a los términos que surgen del auto de concesión de fecha 21 de noviembre de 2024, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 82 de la ley 15.057- aplicable al momento de interposición del recurso extraordinario-.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/10/2025 13:34:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/10/2025 09:21:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/10/2025 12:19:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 06:48:42 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/10/2025 08:47:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/10/2025 16:41:05 hs. bajo el número RR-1388-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia