Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133709
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó la demanda promovida por la señora Matilde Beatriz Trejo contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y Frank Andrea Marcela y Frank Gabriel Alejandro S.H., por la que procuraba una indemnización con sustento en el derecho civil, por las secuelas que manifestó padecer como consecuencia del accidente de trabajo ocurrido el día 23 de abril de 2015 (v. vered. y sent. de fecha 10-X-2024).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, juzgó no demostrado el nexo causal entre las dolencias que padece la actora y el infortunio denunciado en autos.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 27-X-2024) el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 1-XI-2024).
En su presentación, la interesada relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas Alega violado el principio de congruencia y el de la carga de la prueba.
En sustancia, con denuncia de absurdo en la valoración de las pruebas -especialmente de las pericias médica y psicológica-, objeta la decisión del fallo en cuanto consideró no acreditada la relación causal entre las lesiones que sufre y el accidente padecido el día 23 de abril de 2015.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, según resolución 1.840/2024- por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 1-XI-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones de la aquí recurrente.
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
III.2.a. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 130.381, "Ordas", resol. de 24-X-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
III.2.b. Asimismo, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.2.c. Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, así como la relativa a la distribución de la carga de la prueba, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la mencionada excepción (causas L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.188, "Camino", resol. de 4-VII-2022; L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023; L. 132.123, "Palmas", resol. de 13-III-2025 y L. 133.350, "Aguirre", resol. de 14-VII-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar respecto de lo expuesto en el apartado III.2.c. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., -acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/10/2025 11:30:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 31/10/2025 11:53:56 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/11/2025 21:59:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 10:24:48 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2025 11:11:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/11/2025 15:17:31 hs. bajo el número RR-1679-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia