Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134720
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco del juicio iniciado por las señoras Silvia Susana González, quien se presentó por sí y en representación de su hijo Iván Sergio Mauriel -en virtud de la designación de la que fue objeto como sistema de apoyo en los autos caratulados "Mauriel, Iván Sergio s/ Determinación de la capacidad jurídica", expediente n° LZ-59.435/17, de trámite por ante el Juzgado de Familia n° 11 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora- y Erica Mariel Mauriel, contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por el fallecimiento del señor Héctor Hugo Mauriel, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada y declaró habilitada la instancia judicial (v. resol. de fecha 23-XII-2024).
Para así decidir, analizó las posturas expuestas por los litigantes en los escritos constitutivos del proceso y sostuvo que la actora inició el trámite ante la comisión médica dando origen al expediente SRT n° 129.165/22 sobre determinación de la incapacidad, intentando cumplir con la vía prejudicial obligatoria y excluyente, habiendo concluido la misma por archivo de las actuaciones y no por culpa o inacción de su parte.
En tales condiciones, indicó el a quo que admitir la excepción de incompetencia por el solo hecho de que la instancia administrativa no haya finalizado con un dictamen médico sin evaluar las causas que lo impidieron, atentaría contra el principio de economía y celeridad procesal que debe primar en todo proceso (art. 34 inc. 5, ap. "e", CPCC).
Concluyó, que atento la denuncia formulada por la parte actora acerca de la imposibilidad de iniciar el trámite ante la comisión médica por fallecimiento del trabajador, y siendo que la resolución SRT n° 298/17 pone en cabeza de la aseguradora de riesgos del trabajo, el empleador autoasegurado o el empleador no asegurado el impulso de dicho procedimiento, y a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, correspondía en el caso y como medida de excepción habilitar la instancia judicial, ya que -añadió- con la documental incorporada a la causa se encontraba acreditado el agotamiento de la vía administrativa prevista por el art. 1 de la ley 27.348.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 12-II-2025), el que fue concedido por el órgano de grado el 18 de febrero de 2025, habiéndose conferido vista al señor Procurador general (v. dictamen de fecha 4-XI-2025).
En su presentación, señala que el tribunal de origen se apartó del procedimiento administrativo establecido por la ley 27.348 rechazando la excepción de incompetencia planteada sin tener en consideración que los argumentos expuestos por la parte actora resultaron genéricos, esto es, sin demostrar un daño concreto y actual.
Luego, y en lo sustancial de la crítica, defiende la validez constitucional de la instancia previa y obligatoria contemplada en la mencionada ley 27.348 y del sistema recursivo previsto en el art. 2 de dicho régimen legal y 2 inc. "j" de la ley 15.057.
Señala que la indicada normativa no afecta el derecho de libre acceso a la justicia, toda vez que las resoluciones dictadas en la instancia administrativa pueden ser recurridas ante la justicia laboral competente, mediante la interposición de una acción de revisión.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e. o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e. o.).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el planteo propuesto por el recurrente en apoyo de su pretensión remite al análisis de cuestiones de hecho y prueba, situación detraída de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 129.729, "Azocar", resol. de 30-V-2023; L. 131.658, "Sanabria", resol de 20-XI-2024 y L. 132.756, "Almaraz", resol. de 27-III-2025; e. o).
Sumado a ello, la doctrina que se denuncia transgredida ha sido elaborada en base a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 130.640, "Gallardo", resol. de 1-XI-2023; L. 131.972, "Benítez Ortigoza", resol. de 27-IX-2024 y L. 132.550, "Saez", resol. de 28-IV-2025; e. o.).
Finalmente, cabe señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:57:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2025 12:36:46 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:47:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:48:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:56:11 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:29:40 hs. bajo el número RR-1990-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia