Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134838
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia en la causa iniciada por el señor Jorge Elías Ben contra el señor Norberto Osvaldo Minuto y la tercera citada Federación Patronal Seguros S.A. mediante la cual procuraba el pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo que alegó padecer (v. pronunciamiento de fecha 14-II-2025).
Para así resolver, juzgó que, en el caso, se encontraban configurados los presupuestos legalmente establecidos a los fines de declarar la procedencia del mencionado instituto.
II. Frente a dicha decisión, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 8-III-2025) el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 11-III-2025).
En su presentación, el recurrente relata los antecedentes del caso. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. En sustancia, se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde analizar la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y, más precisamente, lo relativo al valor del litigio.
Al respecto, contrariamente a lo sostenido por el impugnante en su escrito liminar y por el órgano de grado en su pronunciamiento de fecha 11 de marzo de 2025, no se advierte que en el caso nos encontremos frente a una pretensión de monto indeterminado. A partir de ello, incumbía al interesado demostrar que el valor de lo cuestionado en esta sede supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
En este sentido, se observa que el apelante prescinde de toda iniciativa conducente a mensurar el agravio que invoca, incumpliendo, de ese modo, con la carga procesal que recae sobre él de acreditar que eventualmente el monto del litigio alcanza el mínimo previsto en el citado precepto legal (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017, L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021 y L.131.363, "Araneda", resol. de 9-VIII-2024).
Por lo tanto, resultando que, en la especie, no ha satisfecho tal imperativo de su propio interés, corresponde ingresar al análisis de los agravios que porta el remedio deducido en el estrecho carril previsto en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso
En consecuencia, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020; L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.000, "Gómez", resol. de 8-IV-2024).
III.3. Por último, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023, L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L.134.324, "Mena", resol. de 28-X-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Poor ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:52:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2025 12:27:21 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:45:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:45:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:50:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:26:20 hs. bajo el número RR-1906-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia