Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129053
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Diego Andrés Royo y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 4 de julio de 2018.
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser motivo de agravio, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó el planteo de caducidad introducido por la parte demandada (v. sent. págs. 5/8).
Asimismo, al calcular el resarcimiento, desestimó la objeción constitucional del art. 12 de la ley 24.557, según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348 (v. sent. págs. 8/11). En ese orden, estableció el capital de condena y dispuso que se le apliquen intereses de acuerdo a las pautas previstas en los incs. 2 y 3 de la última norma citada (v. sent. págs. 11/13).
II. Contra dicho pronunciamiento, Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2022), que fue concedido en la instancia de grado el 13 de abril de 2022.
II.1. En relación a la declarada inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y al rechazo del planteo de caducidad opuesto, sostiene que tal decisión controvierte la doctrina emanada del precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
Alega además, que el plazo de 90 días hábiles judiciales para dar inicio a la acción laboral ordinaria de revisión resulta razonable y congruente con el sistema de la ley 27.348.
Refiere que el pronunciamiento de grado contiene una fundamentación aparente, a la vez que confunde los conceptos de caducidad y prescripción.
Concluye que la imposición de un plazo de caducidad en modo alguno implica cercenar el derecho a la jurisdicción, ni el de defensa en juicio.
II.2. En otro orden, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto de la ley 27.348), esgrimido al contestar la demanda.
Afirma que la decisión fue gestada a partir de un razonamiento absurdo y arbitrario, que evidencia la ausencia en el caso de un acto jurisdiccional válido.
Manifiesta que el argumento del tribunal de grado referido a que la ley 27.348 fue sancionada con posterioridad a la ley 23.928 (texto según ley 25.561), no es suficiente para considerarla constitucionalmente válida si no puede superar el test de razonabilidad.
Aduce que la norma objetada arriba a una solución incoherente, en tanto, mientras la indemnización por responsabilidad civil debe justipreciarse bajo los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 -modificada por la ley 25.561-; el referido art. 12 se aparta de las limitaciones de dichos preceptos e incorpora un mecanismo de actualización que arroja una indemnización completamente desproporcionada.
Agrega que deviene irrelevante la consideración que hizo el juzgador en cuanto a que la norma en cuestión no importa un mecanismo de indexación en el sentido literal del término, porque la prohibición establecida por la citada ley 23.928 no se limita a ello, sino que se extiende a todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.
Entiende que lo señalado genera una notoria afectación de las garantías constitucionales de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
Indica que la carencia de proporcionalidad entre el sistema general de reparación y el especial diseñado por la ley 27.348 se revela con facilidad a partir de los montos que arroja la determinación del ingreso base mensual fijado por el tribunal por aplicación del nuevo art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo. Expresa que dicho resultado jamás podría haber sido alcanzado por el actor en la hipótesis de haber sufrido el mismo accidente fuera del ámbito laboral, lo que demuestra que los principios protectorios del derecho del trabajo han traspasado los límites de la razón.
III. El recurso no prospera.
III.1. El primer agravio planteado halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano" (sent. de 19-IX-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. Luego, también corresponde desestimar el restante cuestionamiento traído, dirigido a impugnar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (reformado por la ley 27.348), y por su conducto, la modalidad de cómputo del ingreso base mensual y de los intereses; ello en atención a lo resuelto por esta Corte en casos sustancialmente análogos (causas L. 124.171, "Gutiérrez" y L. 124.420, "Mancuello", sents. de 21-X-2022; art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 (según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/11/2025 14:19:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:25:33 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2025 23:49:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2025 14:47:42 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2025 08:25:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/12/2025 10:14:01 hs. bajo el número RR-2038-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia