Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131913
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la parte actora (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 4 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por Mercedes Adriana Ramírez y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad parcial y permanente derivada del accidente in itinere que denunció padecer (v. sent. de 7-XII-2023).
Para así decidir, juzgó acreditado que la incapacidad psicofísica padecida por la trabajadora se encuentra ligada al siniestro in itinere reclamado y debidamente acreditado en autos, ocurrido el 24 de noviembre de 2017.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpuso sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad (v. escrito de 22-XII-2023). En el primero de los remedios intentados, afirmó que el juzgador de grado utilizó una fórmula de actualización del crédito reñida con la doctrina legal que identificó, a la vez que no contempló ningún interés por la mora en que incurrió la demandada.
En la vía de nulidad incoada, con apoyo en lo normado en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, denunció que el tribunal laboral, además de dictar un fallo que carece -a su modo de ver- de todo fundamento legal, omitió tratar el reclamo por prestaciones dinerarias de la ley 24.557 teniendo en cuenta el piso mínimo del decreto 1.694/09 y Res n° 21.161/17, con más los intereses según la liquidación determinada en el escrito de demanda en los capítulos XVI. y XVII.; en los que peticionó -especificó- se adicionen sobre ese cálculo dado que estaban expresados a la fecha del siniestro de autos, esto es: a noviembre del año 2017.
III. A su turno, el a quo declaró inadmisibles ambos recursos extraordinarios, con el sólo fundamento afincado en la insuficiencia del valor del litigio, al no "superar el piso establecido de 500 Jus de unidad arancelaria", aclaró (v. resol. de 14-II-2024), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, del CPCC; v. escrito electrónico de 19-II-2024).
En el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede, la impugnante, por un lado, sostiene infundado el pronunciamiento que desestimó el recurso extraordinario de nulidad y por el otro, entiende que el sentenciante de mérito al analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no tuvo en cuenta que lo enmarcó en la excepción contenida en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
IV. La queja prospera.
IV.1. Le asiste razón a la recurrente en cuanto sostiene que la decisión que declaró inadmisible el recurso extraordinario de nulidad se observa infundada.
En efecto, de la lectura del remedio de nulidad extraordinario incoado, surge que se invocó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y denunció la omisión de cuestiones -a su criterio- esenciales sometidas a conocimiento del tribunal que dictó el fallo en crisis, por lo que cabe concluir que la vía intentada a su respecto deviene admisible (cfr. causas L. 120.214, "Espíndola", resol. de 23-XI-2016; L. 125.164, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", resol. de 22-X-2020; e.o.).
IV.2. Respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, no es ocioso destacar que, si bien la quejosa no controvierte el pronunciamiento del tribunal de trabajo, en cuanto sostuvo que el valor de sus agravios no supera el tope legal establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición de aquel remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021), cierto es que -tal como lo manifiesta en el recurso de hecho que se provee- en oportunidad de interponerlo denunció la doctrina legal que -a su criterio- consideró conculcada, como fundamento de sus agravios.
En este contexto, corresponde -como reclama la apelante- verificar la existencia, o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el citado art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. Así pues, debe examinarse la concordancia del fallo con la doctrina de esta Corte, cuya violación se invoca en el recurso, análisis que excede, en el sub examine , el marco de admisibilidad del carril promovido (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.092, "Ullua", resol. de 18-XII-2013; L. 116.902, "Bensusan", resol. de 16-IV-2014 y L. 130.560, "Bartolazzi", resol. de 1-XI-2023).
I V. En consecuencia, corresponde sin más hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos incoados por la parte actora con los alcances señalados (art. 292 cit., y art. 89, Ley 15.057 y Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley interpuestos por la parte actora (art.292 del CPCC; art. 89, ley 15.057; Ac. 4.068/2022, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/2024).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos en vista del Señor Procurador General, respecto del recurso extraordinario de nulidad incoado.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2025 10:30:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2025 12:38:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/12/2025 10:05:24 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 12:45:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/12/2025 13:13:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/12/2025 07:44:30 hs. bajo el número RR-2075-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia