Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130494
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.494, "Acuña, Daniel contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo costas a la demandada en su condición de vencida (v. vered. y sent. de 30-XI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2022 y archivo adj.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Acuña y condenó a la Provincia de Buenos Aires —en su calidad de empleadora autoasegurada—, al pago de las prestaciones dinerarias previstas en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, ello, con motivo de la minusvalía que contrajo el actor como consecuencia del accidente de trabajo sufrido el día 30 de diciembre de 2013 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 30-XI-2022).
En lo que interesa, con apoyo en los escritos constitutivos del proceso y la pericia médica, juzgó acreditado el infortunio laboral y la disminución de la capacidad laboral del trabajador, que estimó en el orden del 20,80% del índice de la total obrera (v. vered., primera y segunda cuestión).
En ese marco, admitió la pretensión fundada en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo (con los alcances establecidos por el decreto de necesidad y urgencia 1.694/09), arribando a un importe que —según señaló— superaba el piso establecido por la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; a ese monto le adicionó el 20% contemplado en el art. 3 de la ley 26.773.
Luego, con sustento en lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), entre otros, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 y dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito y hasta la del dictado del pronunciamiento conforme la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días. Finalmente, determinó, desde la fecha en que el pronunciamiento quedara firme y hasta su efectivo pago, la aplicación de la tasa activa de dicha entidad en sus operaciones corrientes de descuentos comerciales a treinta días.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. Acudiendo a la cita de distintos pronunciamientos judiciales, se agravia del grado de incapacidad fijado en el fallo de grado.
Expresa que el tribunal se equivocó al utilizar el monto de los factores de ponderación como un porcentaje de la incapacidad determinada, el cual, conforme el decreto 659/96, corresponde hacerlo solamente para los factores de ponderación "dificultad para la realización de las tareas habituales" y "amerita recalificación", pero no para el de "edad del damnificado" el cual debe sumarse de manera directa.
También alega que el órgano de grado soslayó determinar el factor de ponderación "amerita recalificación", y alega que, en su oportunidad, a partir de lo informado en la pericia médica, su parte solicitó su aclaración y el experto si bien indicó que el trabajador fue recalificado, no aplicó el porcentaje correspondiente a dicho factor conforme lo previsto en el art. 8 inc. 3 de la ley 24.557.
Señala que, de tal modo, el cálculo correcto del grado de incapacidad da como resultado un 23,92% de la total obrera.
II.2. Plantea que a tenor del principio iura novit curia, a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.348 (concretamente, de su art. 11), el sentenciante debió fijar un interés moratorio equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco. de la Nación Argentina. Al respecto, esgrime ciertas consideraciones tendientes a defender la aplicación inmediata de la citada normativa, a la par, complementa su argumentación con la invocación de precedentes de esta Corte que considera violados.
II.3. Por último, cuestiona que el sentenciante no haya aplicado el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y, a partir de ello, capitalizado los intereses hasta la fecha de notificación de la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. No resulta atendible el cuestionamiento dirigido a desvirtuar el porcentaje de incapacidad que se tuvo por acreditado en el veredicto.
Tiene dicho esta Suprema Corte que determinar la existencia —o no— de la incapacidad que padece el trabajador, como establecer el grado de la minusvalía que lo afecta, o en concreto, ponderar la pericia médica, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas por —regla— a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 111.029, "R., L. P.", sent. de 20-III-2013; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020 y L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023), supuesto excepcional que la recurrente soslaya denunciar en este tramo del recurso en su vinculación con esta concreta crítica.
Cabe agregar que una de las características específicas de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales, que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito en casación y, en ese escenario, se impone un acabado respeto por las pautas que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.631, "G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 124.079, "Nicolini", sent. de 1-IV-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022 y L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022), carga que —como se indicó— no se encuentra cumplida.
La señalada deficiencia técnica, que impide en esta instancia casatoria abrir juicio respecto del acierto de lo decidido, cobra insalvable relevancia en el caso y define el rechazo de la queja, pues este Superior Tribunal no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-II-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 ; L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024; e.o.).
Para más, dable es indicar que no resulta eficaz la cita de fallos de otros tribunales que formula el quejoso a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, toda vez que no participan de la naturaleza de la doctrina legal a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo", sent. de 30-VIII-2021; L. 124.848, "Ventrice", sent. de 1-IV-2022; L. 127.290, "Carbone", sent. de 10-IV-2023; e.o.).
Lo dicho resulta suficiente para desestimar este tramo de la impugnación, sin que sea necesario avanzar en otras consideraciones.
III.2. En otro orden, no es de recibo la objeción contra la decisión del tribunal de origen de aplicar la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, con principal sustento en haberse violado —según expone— la doctrina legal de esta Suprema Corte que dice emergente de los precedentes L. 121.555, "Lince" (sent. de 14-VII-2020) y L. 122.766, "Galeano" (sent. de 27-VII-2020).
En efecto, el primer fallo citado no resulta idóneo a los fines pretendidos, toda vez que alejado de lo que argumenta el interesado en dicha causa esta Corte no estableció doctrina legal, limitándose únicamente a desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en razón de juzgarlo inadmisible, pues, abordado en el estrecho marco del aludido art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, no se constató transgresión de la doctrina legal allí denunciada (conf. causa L. 127.149, "Gerzel", sent. de 19-XII-2022). Y aunque no resulta nítido si el interesado se refiere a la sentencia allí dictada por este Tribunal o a lo decidido en una primera oportunidad por el órgano jurisdiccional de grado, a todo evento, análogas reflexiones corresponden desplegar en orden al segundo precedente citado en la crítica en estudio si se observa lo decidido en esta instancia extraordinaria.
En cuanto a los demás precedentes que se mencionan, se avizora que han sido elaborados sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el presente caso, lo que nuevamente revela lo infructuoso del medio de impugnación traído (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020 y L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022).
Tampoco las restantes alegaciones traídas por el recurrente lucen hábiles para conmover la decisión de origen, toda vez que, por conducto de meras discrepancias, dejan incólume la motivación que contiene este aspecto del fallo, fundada en la doctrina legal arriba mencionada.
III.3. Finalmente, el planteo relativo a la aplicación del art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial debe ser desestimado, en tanto de la lectura del expediente se revela que dicha pretensión es fruto de una reflexión tardía porque fue traída a esta instancia extraordinaria sin haber sido puesta a consideración del tribunal de trabajo interviniente en ninguna oportunidad.
Cobra virtualidad la doctrina legal que establece que los planteos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, constituyen una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (causas L. 121.754, "C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; L. 126.307, "Lezcano", sent. de 25-X-2023; L. 130.062, "Saborido", sent. de 20-XI-2024; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:51:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/11/2025 12:59:13 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/11/2025 11:44:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2025 16:44:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2025 08:48:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2025 13:25:46 hs. bajo el número RS-111-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia