Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Aparicio Hermogenes Villanueva contra Experta Aseguradora de Riesgos del trabajo S.A. por la cual procuraba el pago de una reparación por la incapacidad que manifestó padecer como consecuencia del accidente de trabajo denunciado (v. veredicto y sentencia de fecha 6-II-2025).
Para así decidir, tras valorar las pruebas producidas en la causa, juzgó no demostrado los presupuestos fácticos que permitan ingresar en el análisis de la responsabilidad que se le atribuye a la aseguradora. En este marco precisó que el actor no cumplió con la correcta acreditación del daño sufrido, las tareas realizadas y la existencia de relación causal entre ellos.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-II-2025), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 82, segundo párrafo, de la ley 15.057 (v. resol. de fecha 14-II-2025).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. Aduce violado el principio de congruencia y la teoría de los actos propios. Alega absurdo en la valoración de la prueba. En rigor, objeta la decisión del fallo en cuanto consideró no acreditada la relación causal entre las lesiones que manifestó sufrir el trabajador y el accidente denunciado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se impone señalar que, tal como lo manifestó el órgano de grado, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022, L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023 y L.134.118, " Pedroche", resol. de 17-IX-2025).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, el impugnante, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, somete a consideración de este Órgano cuestiones cuya definición es privativa de los jueces de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco en que se examina el recurso, tales como la relación causal entre el accidente denunciado por el trabajador y la minusvalía que lo afecta y la valoración del material probatorio (causas L. 121.164, "Cardozo", sent. de 27-XI-2019; L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023).
Además, las citas de doctrina legal que se denuncian transgredidas en el recurso devienen ineficaz, en tanto los precedentes invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019; L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021 y L. 130.002, "González", resol. de 22-III-2023).
Asimismo, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022 y L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.3. Luego, corresponde recordar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la excepción prevista por el citado precepto legal, en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (art. 375, CPCC; causas L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 132.590, "Prieto", resol. de 13-III-2025).
III.4. Tampoco es apta para abrir la instancia extraordinaria en el mentado marco excepcional, la referida al alcance de la doctrina de los actos propios, dado que remite a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces ordinarios, en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes (causas L. 122.311, "Santucci", resol. de 13-XI-2019; L. 124.351, "Gómez Gorosito", resol. de 30-VI-2020, L. 127.890, "Huaiquio", resol. de 14-III-2022 y L.131.813, "Lopez" resol. de 20-IX-2024).
III.5. Para terminar, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción enunciada (causas L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021; L. 129.117, "García", resol. de 10-V-2023 y L. 132.970, "Domínguez", resol. de 1-VII-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en los apartados III.3. y III.5. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 130.189, "Asenjo", resol. de 1-XI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia,
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. Resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21), y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/12/2025 10:47:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/12/2025 15:31:12 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:32:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:28:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 12:40:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/12/2025 14:33:29 hs. bajo el número RR-2128-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia