Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133523
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por el señor Pablo Nicolás Ferrito y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias por incapacidad, adicionando intereses en la forma y modo en que estableció, por aplicación del art. 12 inc. 2 de la ley 24.557 -según el texto dado por el art. 11 de la ley 27.348-, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 25-IX-2024).
II. Contra dicha decisión, la doctora Melina Ailén Peralta -en representación del actor y por derecho propio- interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 7-X-2024), siendo concedido por el a quo el del accionante y denegado el deducido por la letrada por derecho propio (v. resoluciones de 10-X-2024 y 19-VII-2025).
En esencia, objeta la decisión de grado en cuanto utilizó la tasa activa como parámetro de ajuste del crédito. Sobre el punto, solicita la actualización del capital de condena conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con más intereses a una tasa pura del tres por ciento -3%- anual, desde la fecha en que resultaron exigibles los créditos y hasta su efectivo pago.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe de los intereses que fijó el a quo y el monto que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el impugnante- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022; L. 130.730, "Ricca", resol. de 27-II-2024 y L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la única doctrina legal citada por el recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 130.761, "Actis", resol. de 22-XII-2023; L. 130.361, "Ocampo", resol. de 13-III-2025; L. 132.531, "Díaz Leuzzi", resol. de 12-V-2025 y L. 132.665, "Barreto", resol. de 20-V-2025).
También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 132.581, "Valos", resol. de 13-III-2025).
Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017; L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019; L. 127.240, "Banegas", sent. de 21-III-2024 y L. 132.724, "Catania", resol. de 27-III-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:47:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:30:38 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:31:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:13:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:56:36 hs. bajo el número RR-2170-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia