Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.)
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás hizo lugar -por mayoría- a la demanda promovida por Bernarda Beatriz Flores, por sí y en representación de sus hijos menores Stefano Nolberto Sánchez -hoy mayor de edad-, B.W.A.S. e I.I.S y F. -en su carácter de derechohabientes del trabajador fallecido Mario Nolberto Sánchez- y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias por la muerte del trabajador -ocurrida el día 15 de octubre de 2015- establecidas en la ley 24.557 -con las modifs. introducidas por la ley 26.773-, con más el adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773 (v. veredicto y sentencia de fecha 28-VI-2024).
Para así decidir -y en lo que resulta destacar por ser materia de agravio-, respecto al modo de calcular la indemnización correspondiente a la parte actora, con sustento en el precedente de esta Corte que menciona, concluyó que debían ser actualizadas tomando como parámetro el índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-, con más un interés del seis por ciento -6%- anual.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 29-VII-2024), el que, denegado por el tribunal de grado (v. resol. de 15-VIII-2024), fue concedido por esta Corte al resolver la queja incoada (v. resol. de fecha 28-IV-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 4-VII-2025).
En su presentación, la impugnante se agravia, en sustancia, del modo de actualización empleado por el tribunal de grado respecto de las prestaciones, alegando que debió utilizar otras fórmulas existentes. Asimismo, cuestiona la aplicación de intereses a un importe indemnizatorio calculado ya a valores actuales.
III. Oído el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la recurrente no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 82, primer párrafo, de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024 (causas L. 132.840, "Encina", resol. de 12-V-2025 y L. 133.177, "Martínez González", resol. de 29-V-2025; e.o.).
En tal sentido, esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad demostrar que la cuantía de lo cuestionado excede el importe mínimo fijado por la ley adjetiva (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022; L. 130.683, "Escalante", resol. de 4-X-2023 y L. 133.135, "Cabello", resol. de 29-V-2025).
III.2. Resultando entonces que la quejosa no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, corresponde ingresar a analizar el recurso en el más estrecho carril previsto en el citado precepto adjetivo (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
Así, la función revisora de esta Sede queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.519, "Curo", resol. de 1-VII-2025; e.o.).
III.3. En ese contexto, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto respecto del primer agravio traído, toda vez que, mediante el precedente que individualiza (v. fs. 4 del escrito impugnativo), lo que en rigor pretende la impugnante -a través de su mera discrepancia- es la revisión de un tópico por regla privativo del órgano de grado; así, aquel que refiere a la elección del mecanismo de actualización del crédito, labor que -debe destacarse- es fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causa L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025).
III.4. Luego, en relación al reproche referido a la imposición de intereses, siendo que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, el presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto a su respecto por la presente vía de impugnación no se observa configurado (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 130.304, "Ovejero", resol. de 21-VI-2023 y L. 132.636, "Barreto", resol. de 12-III-2025).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 128.521, "Bruzzo", resol. de 29-VI-2022 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.)
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la recurrente vencida (art. 289, CPCC; ley 14.967).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:46:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:31:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 14:15:18 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:11:17 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:56:16 hs. bajo el número RR-2165-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia