Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132464
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, por mayoría, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle al señor Miguel Ángel Urbina la suma que especificó en concepto de prestaciones dinerarias por incapacidad, con más intereses en la forma y modo en que determinó (v. veredicto de fecha 25-III-2024 y sentencia de fecha 26-III-2024).
En lo que interesa destacar, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561, 7 y 10 de la ley 23.928 y 5 del decreto 214/2002.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 22-IV-2024). En dicha ocasión alegó que, encontrándose cuestionada la validez constitucional de los arts. 7 y 10 de la Ley n° 23.928 (modificados por el art. 4 de la Ley N° 25.561) y el Decreto n° 214/2002, corresponde habilitar la instancia de casación aun cuando el valor de sus agravios no supere el exigido por la norma ritual de aplicación (v. acápite D, del escrito recursivo).
Especificó que, en la especie, cuestionó la validez constitucional de leyes nacionales y, hallándose conculcados derechos y garantías que emergen directamente de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, hubo de introducir el planteo referido a la configuración de una cuestión federal suficiente desde el inicio de la demanda, y lo mantuvo durante todo el proceso, incluso lo reiteró en el alegato de bien probado, por lo que, a partir de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: "Strada" (Fallos 308:490) y "Di Mascio" (Fallos 311:2478), resulta indispensable el pronunciamiento del máximo tribunal de cada provincia a fin de agotar la instancia local para acceder a la federal.
III. A su turno, el tribunal de grado denegó el recurso extraordinario intentado, con fundamento en la insuficiencia del valor del litigio y la ausencia de configuración de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de 15-V-2024), lo que motivó la articulación de la presente queja (art. 292, Código Procesal Civil y Comercial; v. escrito electrónico de 21-V-2024).
En sustancia, el recurrente sostiene que la configuración en la especie de una cuestión federal bastante, en sintonía con la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478), tal como lo manifestó en oportunidad de interponer el remedio extraordinario, debe habilitar la instancia de casación local.
IV. La queja prospera.
IV.1. En principio, cabe resaltar que, en la especie, el interesado no desconoce que el valor de lo cuestionado no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L.126.959, "Rojas", resol. de 13-VII-2021).
IV.2. No obstante ello, no puede soslayarse que el agravio introducido en el remedio extraordinario intentado, dirigido a controvertir el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4 de la ley 25.561, 7 y 10 de la ley 23.928 y 5 del decreto 214/2002, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, tal como lo afirma el apelante.
En ese sentido, reiteradamente ha declarado esta casación que aun cuando el valor de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, y 55 de la ley 11.653, debe introducirse en el tratamiento del mentado agravio, toda vez que -tratándose, prima facie valorado, de una cuestión federal- corresponde que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos vinculados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (CSJN, Fallos: 308:490; in re "Strada"; Fallos: 310:324; in re "Christou"; Fallos: 311:2478; in re "Di Mascio"; cfr. doctr. causas L. 120.263, "Gómez", resol. de 19-X-2016; L. 120.351, "Gamboa", resol. de 12-IV-2017; L. 124.716, "Sosa", sent. 30-IX-2021 y L. 125.979, "Bogado", resol. de 20-XII-2021; e.o.).
Lo expuesto, en modo alguno importa adentrarse en el análisis de la fundabilidad -y suficiencia- de los agravios expuestos, que conciernen a las cuestiones federales que se denuncian y a la existencia, o no, de violación de la doctrina legal (art. 55, segundo párrafo in fine, ley 11.653).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el actor con los alcances establecidos en la presente (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Acuerdo 4.068/2022; Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art.1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
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Firmas
Funcionario Firmante: 12/12/2025 12:46:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/12/2025 11:31:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/12/2025 14:15:13 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 12:21:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/12/2025 13:11:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 19/12/2025 14:56:12 hs. bajo el número RR-2161-2025 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia