Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131505
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.505, "Solans, Walter Eduardo contra Menna Fernando Alberto (por sí y en el carácter de heredero de Ethel Edith Quantin y de Lorenzo Néstor Menna) y otros. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 6-IX-2023).
Se interpuso, por Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IX-2023).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Walter Eduardo Solans y condenó solidariamente a Fernando Alberto Menna (por sí, y en su carácter de heredero de Néstor Lorenzo Menna y de Ethel Edith Quantín) y —por mayoría— a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle una indemnización integral —en los términos del derecho civil— en concepto de daños y perjuicios derivados de la incapacidad que alegó padecer. Rechazó, en cambio, la pretensión de percibir un resarcimiento en concepto de tratamiento médico futuro, de daño psicológico y punitivo.
Para así decidir, tuvo por acreditado que como consecuencia de las tareas desarrolladas para sus empleadores —en la elaboración de pastas frescas, correspondiente al encuadre convencional como oficial múltiple del Convenio Colectivo de Trabajo 90/90—, el actor sufrió un infortunio laboral en marzo del año 2011 en ocasión de levantar una bolsa de harina de 50 kg, que le provocó una hernia discal L5-S1 y, en razón de ello, una incapacidad permanente del 22% de la total obrera. Asimismo, sostuvo —por mayoría— que las tareas prestadas debían encuadrarse en el concepto de "cosa riesgosa" en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Ponderando la prueba pericial de ingeniería laboral, así como las respuestas brindadas a las impugnaciones y lo prescripto por la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 295/03, concluyó —por mayoría— que Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. había incumplido con lo dispuesto por el art. 4 de la ley 24.557.
En la sentencia, consideró demostrada la relación de causalidad entre el evento dañoso y la minusvalía, así como también que las labores efectuadas por el accionante constituyeron una cosa riesgosa o peligrosa y, por tal razón, le endilgó responsabilidad objetiva al empleador, con fundamento en la citada normativa civil.
Seguidamente, abordó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. En ese trance, efectuó el cotejo de las cuantías resarcitorias a las que accedería el actor, según se atendiera su reclamo conforme las previsiones del sistema de reparación de infortunios laborales o en el marco del régimen común de responsabilidad civil.
En esa tarea, calculó la prestación establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo, teniendo en cuenta el ingreso base mensual de $2.969,54 obtenido en el fallo de los hechos (de acuerdo a lo determinado por el perito contador); estimando dicha reparación en la suma de $77.604,64 (53 x $2.969,54 x 22% x 2,2413).
En cuanto al resarcimiento que le correspondería percibir conforme el derecho civil, consideró —por mayoría— que, a fin de cuantificar el lucro cesante como elemento integrativo de la reparación plena, cabía ponderar tanto los lineamientos vertidos por la Corte nacional en la causa "Aróstegui", como los plasmados por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el precedente "Méndez". Así, especificó que correspondía establecerlo en una suma tal que, colocada a un interés anual del 4%, produjera una renta similar al importe de la privación de ingresos que el hecho ilícito le provocó a la víctima y que se agotara a la finalización del tiempo de vida económicamente útil de esta última.
Luego, a fin de determinar el monto de la indemnización a valores actuales, propuso tomar el salario de la categoría del accionante vigente al mes de agosto del año del pronunciamiento, el cual ascendía a $279.955,10.
Así, partiendo de esa plataforma, con aplicación de los parámetros establecidos en el fallo "Méndez", sostuvo que el capital arrojaba la suma de $579.217,44 ($279.955,10 x 60/29) y, en base al porcentaje de incapacidad alcanzaba un monto de $127.427,83, al que le adicionó $138.042,56, en concepto de sueldo anual complementario (SAC); a su vez, contabilizó los períodos hasta que el trabajador alcance los setenta y cinco años (543) y, a partir de dicha operación aritmética arribó a un total de $71.579.368. Por tal razón, tuvo por verificada la insuficiencia de la legislación especial, descalificando la validez constitucional del mentado art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
A continuación, justipreció la indemnización en concepto de daño material (disminución de la capacidad laborativa) en la suma mencionada y el moral en $14.000.000, de acuerdo a lo preceptuado por el art. 1.078 del Código Civil (ley 340); además, adicionó un monto correspondiente por daño emergente, que estimó en $3.000.
Por lo demás, rechazó los reclamos vinculados al daño psicológico, punitivo y tratamiento médico futuro.
En ese orden, siguiendo el razonamiento volcado en el veredicto, consideró que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo debía ser alcanzada por la condena de autos solidariamente con los coaccionados, al juzgar que la omisión incurrida por parte de aquella en la prevención de riesgos (art. 1.074, Cód. Civ.) tuvo relación de causalidad adecuada con el daño sufrido por el trabajador.
En lo tocante a los intereses moratorios, consideró que al capital de condena en concepto de lucro cesante y daño moral —al haberse establecido a valores actuales— debía aplicársele un interés a una tasa pura, que fijó en el 6% anual. Ello, desde la fecha del infortunio (1 de marzo de 2011) hasta el dictado de la sentencia y, de allí en adelante, la tasa pasiva más alta —en el caso, plazo fijo digital a treinta días— que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa. Citó en su apoyo distintos antecedentes de esta Suprema Corte, como el identificado como C. 123.367, "Sandobal" (sent. de 21-X-2020). En cuanto al daño emergente, estableció esta última tasa, desde que fueron debidos (1 de marzo de 2011) y hasta el momento del efectivo pago.
Por último, estimó que las costas debían ser soportadas en un 90% por las codemandadas y en un 10% restante a cargo del actor. Dispuso que durante la vigencia del decreto ley 8.904/77, la regulación de honorarios debe realizarse a la luz de su articulado y, en las restantes etapas cumplidas bajo la aplicación de la ley 14.967, los mismos han de ser calculados de acuerdo a lo previsto en esta última.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad, violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 36, 75 inc. 19 y 108 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 25, 31, 39 incs. 1 y 3 y 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.1., 4, 5, 11, 24 y 29 apartado "a" del Pacto de San José de Costa Rica; 512, 519, 520, 901, 902, 903, 904, 1.074 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 1, 4 apartado 1, 12 y 31 apartado 1 de la ley 24.557; 163, 165, 375, 384, 457, 472 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 37 y 44 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que invoca (v. escrito electrónico de fecha 22-IX-2023).
II.1. En primer término, cuestiona la decisión de grado que tuvo por configurada su responsabilidad extracontractual con fundamento en el art. 1.074 del Código Civil (ley 340).
Critica la valoración efectuada de la pericia técnica producida en la causa, argumentando que el juzgador se apartó sin fundamentos científicos de aquella, desde que —asegura— no se logró acreditar que las tareas realizadas por el actor implicaran esfuerzo o que las mismas fueran efectuadas en un ambiente riesgoso o vicioso.
Sostiene que, en el caso, el juzgador propició la condena en los términos dados, dejando a un lado que las probanzas de autos demostraron que el infortunio padecido por el accionante se produjo como consecuencia de una falta imputable a este, tras haber infringido las indicaciones de prevención de riesgos que le fueron impartidas.
II.2. A su vez, expresa que —contrariamente a lo resuelto en el fallo—, no han sido acreditados por la parte actora los alegados incumplimientos en el deber de seguridad e higiene laboral endilgados a la aseguradora en el escrito postulatorio.
Agrega que el hecho de confirmarse el infortunio de trabajo sufrido, no releva al interesado de demostrar las supuestas infracciones cometidas por su parte. Expone que el juzgador pasó por alto la vasta actividad preventiva desplegada por la empresa empleadora y la aseguradora, lo cual demuestra —a su juicio— que ha dado cabal cumplimiento a todo aquello que estuviera a su alcance para prevenir infortunios.
De igual modo, plantea que el art. 4 —primera parte— de la ley 24.557, establece que tales obligaciones recaen —inicialmente— en cabeza de los empleadores y trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación de dicha norma, de modo tal que no corresponde imputar aquel deber a las aseguradoras.
Asevera que la sentencia se vislumbra arbitraria, por cuanto no evidencia qué medidas de seguridad e higiene (además de las que alega cumplidas por su mandante) pudieron haber evitado el siniestro laboral acaecido.
II.3. Asimismo, afirma que el juzgador omitió identificar la relación de causalidad entre los incumplimientos que se le imputan y la ocurrencia del infortunio sufrido por el accionante.
Reitera que el fallo impugnado carece de la necesaria explicación lógica de los motivos por los cuales el eventual cumplimiento de las alegadas inobservancias hubiera impedido la ocurrencia del hecho dañoso, de modo que se advierta el curso lógico del que deriva la resolución apuntada.
Refiere que la causa jurídicamente relevante que diera lugar a la producción del daño sufrido por el trabajador no la constituyó el hecho de que Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no recomendara la instalación de un control inalámbrico del puente grúa, puesto que —alega— se evidenció que no era posible evitar el infortunio aun contando con dicho elemento.
Denuncia vulnerado el derecho de defensa y debido proceso, consagrados en el art. 18 de la Constitución nacional.
II.4. Desde otroángulo, objeta que el tribunal de trabajo cuantificara el importe indemnizatorio utilizando un valor mensual del ingreso base actualizado.
Argumenta que no resulta razonable atender para efectuar su cómputo al salario percibido por la actora en el período vigente al mes de agosto del año en curso al momento de la sentencia (2013), para la categoría de Oficial Múltiple del Convenio Colectivo de Trabajo 90/90 —el cual asciende a la suma de $279.955,10—, cuando la pericia contable arrojó un ingreso base mensual de $2.969,54.
Postula que, en el caso, resultaban aplicables las pautas previstas por el art. 12 de la ley 24.557, de modo tal que, la actualización efectuada por el juzgador a valores actuales deviene arbitraria, provocando un enriquecimiento sin causa.
Para más, afirma que, de convalidarse la interpretación formulada por el sentenciante , se alteraría lo establecido en el contrato de afiliación; desde que se obligaría a la aseguradora a afrontar el pago de mayores prestaciones sin un correlativo aumento de las alícuotas, con el consiguiente perjuicio para la masa de asegurados.
Se opone —también— a la utilización de una tasa del 4% en la fórmula matemática, postulando que la misma debió ser del 6% anual.
Critica que, al efectuar el cotejo entre ambos sistemas reparatorios, el sentenciante adoptara como parámetros —a su juicio, absurdamente— valores correspondientes a épocas diversas, desnaturalizando la verificación resultante.
Denuncia arbitrariedad e incongruencia.
II.5. Controvierte, asimismo, la cuantía indemnizatoria reconocida al actor.
Aduce que el importe del resarcimiento establecido por el tribunal de grado en concepto de reparación integral resulta excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa (art. 1.071, Cód. Civ. —ley 340—) a la vez que no se compadece con los elementos de juicio ponderados, no pudiendo reconocerse además los parámetros que llevaron a su determinación.
En este aspecto, entiende que el sentenciante transgredió —una vez más— el principio de congruencia al establecer un monto que no se ajusta a lo peticionado en la demanda, tanto en la actualización del ingreso base formulada como en la aplicación de la fórmula utilizada.
Por ende, continúa, la suma de condena resulta a todas luces absurda y arbitraria, transgrede las garantías de defensa en juicio y el debido proceso, a la vez que importa una incongruencia extra petita.
II.6. Por otro lado, objeta la definición que tuvo por verificada la existencia de daño moral, así como del importe determinado para su resarcimiento.
Indica que, al tratarse de un concepto cuya valoración y cuantía resulta siempre de parámetros subjetivos, debe extremarse el cuidado y la prudencia al momento de su otorgamiento, pues de lo contrario se podría incurrir en arbitrariedad y en un enriquecimiento incausado, tal como —dice— aconteció en la especie.
Señala que, en el caso debe descartarse la visión puramente resarcitoria del daño moral, por cuanto aquí no se discute la posibilidad de enmendar el dolor físico o espiritual, la ofensa al honor, los sufrimientos, la angustia y aun las simples molestias ya padecidas, con el empleo del dinero, pues este y el dolor no son cosas fungibles.
Solicita —en caso de confirmarse la condena civil— se modere el monto otorgado.
II.7. Desde otroángulo, controvierte la condena solidaria impuesta por el sentenciante, fundada en el régimen común del Código Civil.
En tal sentido, aduce que la responsabilidad primaria del empleador en el deber de seguridad e higiene por los daños que sufren sus dependientes en el lugar de trabajo no puede resultar equivalente a la que le cabe a la aseguradora en virtud del vínculo contractual determinado por su cobertura.
Argumenta que la ley no establece para este caso, que se ha litigado por fuera de la ley 24.557, la solidaridad de dos partes con responsabilidades distintas, fundadas en fuentes diversas.
En ese orden, peticiona la redefinición del alcance -"porcentaje"- de la responsabilidad que debe asumir cada codemandado.
II.8. Por otra parte, reprocha que se fijaran intereses moratorios desde la fecha del siniestro, cuando —alega— fue actualizado el ingreso base mensual.
Sostiene que la aplicación de una tasa de interés desde el momento en que ocurrió el hecho genera "una doble actualización del monto de condena", lo que lesiona su derecho de propiedad y provoca un enriquecimiento sin causa del actor.
II.9. Finalmente, solicita la aplicación de costas a la actora, que las mismas —por aplicación del art. 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación— se reduzcan a montos razonables, como así también los honorarios al mínimo legal.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Los embates dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad civil de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no resultan atendibles.
III.1.a. Tiene reiteradamente dicho este Tribunal que determinar si la aseguradora ha cumplido —o no— con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, como igualmente, establecer la existencia de nexo causal entre su eventual inobservancia y el daño ocasionado en la salud de los trabajadores, constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo (causas L. 126.519, "Acuña", sent. de 29-XI-2022; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023 y L. 127.755, "Herrera", sent. de 3-VI-2024; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la crítica ensayada por la recurrente no evidencia la apuntada anomalía.
III.1.b.i. En lo que interesa destacar y, conforme fuera expuesto precedentemente, en la octava cuestión del veredicto del voto que concitó la mayoría, el juez votante —con apoyo en las probanzas de la causa, con especial atención en los anexos del dictamen pericial técnico producido y los dichos de las partes— afirmó que la aseguradora realizó diversas visitas técnicas recién en el año 2009, es decir, casi a los cinco años de iniciada la relación laboral (el 1 de septiembre de 2005).
Detalló que, en las primeras inspecciones efectuadas al establecimiento (el 8 de abril de 2009 y el 29 de octubre de 2009; v. anexos I y II), la aseguradora no realizó recomendación alguna con relación a las labores que realizaba el accionante. Refirió que, al concurrir nuevamente (en fecha 30 de diciembre de 2009; v. anexo III), recomendó el uso de elementos de protección personal, sin efectuar una determinación de los mismos. Señaló que, en una posterior visita (el día 31 de marzo de 2010; v. anexo VI), la aseguradora de riesgos del trabajo recomendó realizar movimientos seguros en la manipulación de las bolsas de harina, de modo tal que el esfuerzo físico sea realizado con las piernas y no, con la columna.
Sobre esa base fáctica, se avocó a analizar la normativa que juzgó aplicable al caso. Así, aludió puntualmente a lo prescripto por el art. 4 de la ley 24.557 y al anexo I de la resolución 295/03 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente al momento del infortunio (sobre "Propuestas de establecimiento", concerniente a las especificaciones técnicas sobre ergonomía, levantamiento manual de cargas y radiaciones).
En dicho marco legal, consideró que las labores efectuadas por Solans requerían de una especial atención respecto al modo en que las mismas debían efectuarse, con indicaciones precisas en cuanto a la forma de manipular objetos pesados con los parámetros específicos del lugar, en referencia a distancias, altura y peso de la carga. De este modo, meritó que no resultó acreditado que la aseguradora accionada hubiera cumplido con dicha obligación en tiempo y forma, es decir, con las indicaciones precisas que la problemática descripta requería.
En sustento de esa postura, argumentó que el mencionado deber no se hallaba cumplido con las recomendaciones efectuadas de uso de elementos de protección personal y sobre posturas en la manipulación de las bolsas de harina, puesto que "el actor levantaba y trasladaba las mismas, como así también el cajón con masa desde la amasadora a la sobadora" (vered., pág. 20).
Con tal apoyo, el sentenciante de origen declaró verificadas las inobservancias legales estatuidas en el art. 4 de la ley 24.557, en materia de prevención de riesgos del trabajo (por los fundamentos dados en el veredicto y las circunstancias fácticas que rodearon al hecho), así como su relación directa con el daño sufrido por el trabajador, juzgando civilmente responsable a la aseguradora dem
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