Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134556
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, en el marco de la pretensión deducida por el señor Facundo Nahuel Tisera contra La Segunda Aseguradora de Riegos del Trabajo S.A., rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. resol. de fecha 5-XII-2024).
Para así decidir, juzgó acreditado que no había resultado controvertido por las partes que el actor tramitó el procedimiento administrativo previo y obligatorio ante la Comisión Médica n° 126 de la localidad de Tandil (conf. constancias obrantes en el expediente SRT n° 42824/23), arribando allí a un acuerdo homologado por la autoridad correspondiente con motivo del accidente de trabajo ocurrido el día 15 de septiembre 2022.
Seguidamente, señaló el a quo que en las nuevas actuaciones iniciadas ante la Comisión Médica -expediente SRT n° 68.349/24- el accionante promovió un reclamo distinto, fundado en el reagravamiento de las secuelas derivadas del accidente sufrido, es decir, las consecuencias mediatas que se habrían manifestado con posterioridad al alta médica y al acuerdo conciliatorio celebrado en sede administrativa. Advirtió el sentenciante que, si bien ambos trámites comparten como elemento común la contingencia denunciada, el objeto del segundo resulta claramente diferente, pues refiere a nuevas dolencias que no pudieron ser valoradas ni contempladas al momento de la primera determinación de incapacidad.
Remarcó que, en este último trámite administrativo, la Comisión Médica se limitó a archivar las actuaciones por considerar ya determinada la incapacidad correspondiente al accidente de base, sin convocar ni evaluar médicamente al trabajador, lo que impidió cualquier pronunciamiento de fondo respecto del reagravamiento alegado.
Finalmente, concluyó que no se configura la excepción de cosa juzgada administrativa, en tanto no se verifica la identidad de objeto entre el reclamo anterior y el que motiva las presentes actuaciones judiciales, estando estas cuestiones no resueltas ni agotadas en sede administrativa.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 23-XII-2024), el que fue concedido por el órgano de grado en la resolución de fecha 20 de febrero de 2025.
Sostiene que el juzgador valoró absurdamente los escritos constitutivos del proceso y la prueba agregada a la causa, toda vez que -afirma- de tales constancias surge nítido que en el específico supuesto de autos no se configuró el reagravamiento invocado, pues las dolencias allí denunciadas se refieren a dolores e inflamaciones producidas por la lesión sufrida y que ya fueron merituadas al momento de determinarse la incapacidad en sede administrativa.
En tales condiciones, denuncia que el tribual de grado transgredió el principio de congruencia, habida cuenta que dio por cierto a hechos referenciados en la demanda que no son tales, apartándose de la forma en que quedó trabada la litis.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024.
En consecuencia, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 132.862, "Lallement", resol. de 15-IV-2025 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e.o.).
De suyo, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 130.155, "Alcaraz", resol. de 11-VII-2023; e.o.).
III.2. En este contexto, no se observa en la especie la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que los agravios que nutren a la crítica aluden a cuestiones cuya definición es privativa de los jueces de grado, como lo es la apreciación sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 127.564, "Pereyra", resol. de 27-V-2022; L. 130.296, "Juárez" resol. de 20-IX-2023 y L. 130.722, "Moraglio" resol. de 8-IV-2024), y la doctrina de esta Corte que la recurrente invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos diferentes de los que se ventilan en la causa bajo examen (causas L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021; L. 129.442, "Pereyra", resol. de 19-XII-2022; L. 129.670, "Verón", resol. de 14-III-2023 y L. 130.501, "Aceituno", resol. de 7-IX-2023; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/02/2026 15:15:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/02/2026 13:31:27 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/02/2026 09:38:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 11:17:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/02/2026 12:15:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/02/2026 12:47:35 hs. bajo el número RR-28-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia