Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132372
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Antonio Edgardo Hermida y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de prestaciones derivadas del régimen especial de riesgos del trabajo, con más los intereses del modo que indicó (v. vered. y sent. de fecha 1-II-2024).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el reclamante -como consecuencia del accidente sufrido- padece una incapacidad psicológica del veinte por ciento -20%- del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 21-II-2024), el que fue concedido por el tribunal de grado en el marco de la excepción prevista en el art 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. de fecha 24-IV-2025).
En su presentación, en rigor, se agravia de la forma en que el a quo adicionó los intereses al monto de condena.
Asimismo, objeta que deba reparar la afección psicológica enunciada, cuando no fue denunciada en la instancia administrativa y tampoco se acreditó una minusvalía física que la motive.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, aplicable a la fecha de interposición del carril bajo estudio, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 129.122, "Albornoz", resol. de 22-III-2023 y L. 132.827, "Gil", resol. de 11-VI-2025).
Dicha hipótesis, cabe recordar, se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.890, "Otero", resol. de 28-XI-2024).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, con relación al agravio destinado a desvirtuar el pronunciamiento en cuanto dispuso la capitalización de intereses, la doctrina legal traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 129.859, "Sbriglio", resol. de 26-IV-2023 y L. 129.133, "Cardozo", resol. de 26-II-2024).
Luego, respecto de la restante crítica, la apelante no ha denunciado doctrina legal de esta Suprema Corte vinculada con los cuestionamientos que expone, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por el presente carril de impugnación en el marco excepcional descripto (causas L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022 y L. 133.975, "Tolosa", resol. de 27-III-2025).
III.3. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.192, "González", resol. de 11-VII-2023; L. 130.564, "Suruguay", resol. de 24-X-2023; L. 132.170, "Bueno", resol. de 15-X-2024, e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:27:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 13:56:08 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:26:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:15:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:47:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:01:35 hs. bajo el número RR-97-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia