Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 131353
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 131.353, "Tresols, Mauricio Andrés contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la vencida (v. vered. y sent. de fecha 15-VIII-2023).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-VIII-2023).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Mauricio Andrés Tresols y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, juzgó acreditado que el día 8 de septiembre de 2015 el actor sufrió un accidente laboral, que le provoca una incapacidad parcial y permanente del 12% del índice de la total obrera (v. vered. primera cuestión, págs. 1/4).
Luego, con arreglo a las pautas establecidas en el art. 12 de la ley 24.557 vigente a la fecha del aludido infortunio, determinó el ingreso base mensual del trabajador en la suma de $15.635,49 (v. vered. segunda cuestión, pág. 5).
Ya en la sentencia, por mayoría, efectuó el cálculo del resarcimiento que le correspondía percibir al accionante, en primer lugar, teniendo en cuenta el ingreso base mensual establecido en el veredicto ($15.635,49) y, por otro lado, tomando el 67% del salario mínimo, vital y móvil vigente a esa fecha ($112.500, conf. resol. 10/23 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil; v. sent., pág. 18).
Teniendo como parámetro la comparación entre ambos resultados —toda vez que la diferencia entre los cálculos resultaba muy superior al 33%—, sostuvo que eran aplicables al caso los lineamientos establecidos por esta Suprema Corte en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
Aclaró que las diferencias existentes entre el citado antecedente y el caso de autos, no obstaculizaban la aplicación de la sustancia de lo allí decidido, ya que se presentaban iguales circunstancias relevantes y el mismo gravamen, a saber: el no acceso del trabajador a su resarcimiento pleno e íntegro y la paralela reducción del valor del ingreso base mensual en un porcentaje superior al 33% (v. sent., págs. 19/20).
Con tales elementos, el juzgador se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, al considerar insuficiente el mecanismo resarcitorio previsto en la mencionada ley.
Así las cosas, estableció que el ingreso base mensual debía determinarse con arreglo al 67% del promedio salarial que el trabajador percibiría en la actualidad y, consecuentemente, fijó la reparación adeudada en la suma de $828.377,28.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28 y 33 de la Constitución nacional; 171 de la provincial; 2.539, 2.541 y 2.546 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 7 y 10 de la ley 23.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 27-VIII-2023).
II.1. En primer lugar, sostiene que la decisión del tribunal de grado resulta contraria a la doctrina legal elaborada por esta Suprema Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), desde que se aparta del mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social (v. rec., pág. 4).
Señala que el a quo, en lugar de aplicar la fórmula dispuesta por el art. 12 de la ley 24.557, toma como ingreso base mensual (IBM) el 67% del salario mínimo vital y móvil (SMVM) vigente al momento de dictar la sentencia, lo que considera un valor ficticio e irreal que conduce a una prestación dineraria desproporcionada (v. rec., pág. 6).
II.2. Manifiesta que el fallo luce incongruente porque el juzgador, si bien cita como fundamento de su decisión el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), resuelve de una manera absolutamente distinta.
Explica que, en el caso, se invocó dicha doctrina legal para sustentar la declaración de inconstitucionalidad del mentado art. 12 y tomar como IBM el 67% del SMVM del mes de la sentencia, mientras que en "Monchiero" se aplicó dicho parámetro al promedio salarial que percibía el trabajador durante el año anterior a la fecha del pago insuficiente (v. págs. 7/8).
Añade que, de este modo, el juzgador también se apartó de lo resuelto en los casos L. 119.085, "Olguín" (sent. de 30-VIII-2021) y L. 120.485, "Medina" (sent. de 31-VIII-2021).
II.3. Finalmente, argumenta que además de incurrir el voto mayoritario en errores numéricos y de cálculo, genera un cómputo indemnizatorio notoriamente desproporcionado y exorbitante que afecta las garantías de igualdad, integridad patrimonial y razonabilidad de la reparación del daño (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el medio de impugnación deducido fue concedido por el tribunal de grado —en decisión que no resultó objetada— en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (vigente al momento de la interposición del recurso extraordinario), por juzgar que el valor del litigio no supera la suma determinada por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial local (v. resol. de fecha 10-X-2023).
Sentado ello, corresponde señalar que, en el caso, los planteos ensayados tampoco permiten considerar involucrada —de manera directa e inmediata— una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 137.204, "Benbenaste", resol. de 26-XI-2025).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023 y L. 131.509, "Hidalgo", sent. de 9-X-2025; e.o.).
III.2. Alterando el orden de los agravios por cuestiones metodológicas, habré de abordar inicialmente el agravio relativo a la invocada errónea aplicación de la doctrina legal establecida en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021).
III.2.a. Con sujeción a los límites en que el recurso fue concedido no se observa la configuración de la hipótesis habilitante, desde que limitándose a señalar el equívoco en que habría incurrido el juzgador al utilizar como IBM el 67% del salario actual correspondiente a un trabajador con idéntica categoría y jornada contradiciendo así lo resuelto en el precedente denunciado, se aparta del razonamiento desplegado por el juzgador al adoptar su decisión, importando el análisis que propone la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo escrutinio resulta una facultad privativa del juzgador de grado que —como tal— se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía de excepción intentada (causas L. 128.522, "García", resol. de 13-VII-2022; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022 y L. 133.834, "Pontaquarto", resol. de 16-X-2025).
Por lo demás, tampoco resulta eficaz el resto de la doctrina legal que se denuncia violada (v. rec., pág. 8), ya que el recurrente se limita a mencionar varios precedentes a pesar de que esta Corte reiteradamente ha señalado que incumple la carga del precepto del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial la mera cita de doctrina legal sin explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 124.827, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023 y L. 129.820, "Di Gerónimo", sent. de 3-IV-2025; e.o.), como acontece en la especie.
III.2.b. Tampoco acierta el interesado en cuanto denuncia la violación de la doctrina legal contenida en los precedentes L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017).
Ello así, desde que la doctrina legal cuya transgresión se invoca fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento, lo que nuevamente revela lo infructuoso que luce el medio de impugnación traído (doctr. arts. 279, CPCC y 63, ley 11.653; causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 130.938, "Petro", sent. de 19-XII-2025).
III.3. Finalmente, en cuanto al último agravio traído, y sin entrar en otro orden de consideraciones, el interesado omite denunciar la eventual violación de doctrina legal, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la vía de impugnación intentada (causas L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023; L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023 y L. 129.336, "Balbuena", sent. de 24-II-2025; e.o.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Atento al marco en el que fue concedido el recurso en la instancia, en decisión que no fuera objetada por el impugnante, adhiero a lo expuesto por mi distinguido colega doctor Torres en los apartados III.1. —en su primer y tercer párrafo— y III.2.a., III.2.b. y III.3. de su sufragio, y con ello, a la decisión que eleva a este acuerdo, incluso en materia de costas.
Con el alcance indicado, así lo voto.
Las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/02/2026 16:29:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/02/2026 10:39:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2026 14:28:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:18:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2026 08:52:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/02/2026 11:03:16 hs. bajo el número RS-13-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia