Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134609
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción deducida por el señor Jorge Nabajas Vásquez y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent. de 13-XII-2024).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia 669/2019 y 70/23, y juzgó aplicable al caso, a los efectos del cálculo de las prestaciones dinerarias, la ley 24.557 con las modificaciones introducidas por la ley 27.348.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2025), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de fecha 17-II-2025).
En sustancia, con sustento en lo resuelto por esta Corte en el precedente que individualiza (v. págs. 2 y 4 del escrito impugnativo), objeta la utilización de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina prevista en la ley 27.348.
Al respecto alega, por un lado, que el tribunal omitió aplicar las disposiciones del decreto 70/23, en cuanto modifica el art. 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece como pauta máxima para actualizar el capital el equivalente al Índice de Precios al Consumidor, con más un interés anual del tres por ciento (3%).
Por otro, peticiona que, en todo caso, se aplique el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, en tanto entiende que los lineamientos allí utilizados resultan más beneficiosos para el trabajador.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el sentenciante y el pretendido por la recurrente- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto adjetivo (cfr. causas L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024; L. 133.509, "Del Grosso", resol. de 14-VII-2025 y L. 134.348, "Flores", resol. de 26-XI-2025).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023; L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.356, "Franco", resol. de 14-VII-2025).
III.2.a. En ese contexto, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que la única doctrina legal que se denuncia transgredida ha sido forjada sobre una plataforma que difiere de la del caso bajo juzgamiento, y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 128.173, "Quinteros", resol. de 7-VI-2022 y L. 128.540, "Pérez", sent. de 15-IV-2025).
III.2.b. Luego, respecto de la crítica sustentada en la alegación de que el tribunal de grado habría omitido aplicar las disposiciones del decreto de necesidad y urgencia 70/23, lo cierto es que -sin perjuicio de otras consideraciones- el órgano de grado declaró su inconstitucionalidad, circunstancia que -de suyo- excluye su actuación, sin que esta conclusión resulte objeto de ataque alguno.
III.2.c. Por otro lado, y más allá de la insuficiencia del monto de lo debatido, la impugnación, en cuanto se dirige a impugnar la decisión del tribunal de origen que declaró la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, debe desestimarse en atención a lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025); a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.2.d. Finalmente, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 133.848, "Acevedo", resol. de 16-VII-2025; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2026 11:45:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2026 12:41:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/03/2026 10:14:11 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:18:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:37:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:41:28 hs. bajo el número RR-163-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia