Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129213
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 298, CPCC).
II. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado, conforme surge de lo denunciado en la presentación electrónica de fecha 4 de abril de 2022, deberá restituirse a la interesada (art. 293, CPCC).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de la acción promovida por el señor Jonathan Ariel Fabiano contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa y el planteo de caducidad opuestos por la parte demandada (v. resol. de fecha 15-III-2022).
II. Frente a lo así resuelto, esta última dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 4-IV-2022), concedidos por el órgano de grado el 20 de mayo de 2022.
III.1. En la primera de las vías extraordinarias mencionadas la recurrente cita los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial y sostiene que el órgano de grado omitió resolver una cuestión esencial, vinculada al concreto planteo de cosa juzgada en los términos de la ley 27.348 por pago total en virtud del acuerdo homologado en sede administrativa. Asimismo, refiere que el fallo carece de una adecuada fundamentación legal.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso debe ser rechazado.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el carril extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y 130.529, "Barrera", resol. de 9-VIII-2024).
Contrariamente a lo que se denuncia en el escrito recursivo, no se advierte que el juzgador hubiera omitido el tratamiento de la cuestión esencial denunciada en los términos del citado art. 168, pues de la simple lectura de la sentencia atacada surge que aquella que se dice preterida fue expresamente abordada por el tribunal de grado, aunque en forma negativa a las pretensiones de la interesada.
En efecto, el colegiado de origen tuvo especialmente en cuenta que el hecho de que el trabajador haya concurrido ante las Comisiones Medicas no impide, aun en el caso de que hubiera percibido las prestaciones sistémicas con arreglo a lo allí dictaminado, un posterior reclamo judicial autónomo, en tanto -dijo- los pronunciamientos dictados por tales organismos no producen efectos de cosa juzgada (v. resol., pág. 6).
En este sentido, tiene reiteradamente dicho esta Corte que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como omitida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 131.827, "Araujo", resol. de 29-VII-2024; e. o.).
III.2.b. Por otro lado, los argumentos ensayados en la impugnación vinculados a la falta de fundamentación legal de la decisión tampoco son de recibo, desde que no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, pues dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 120.242, "Cantoni", sent. de 12-II-2020 y L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023; e. o.), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la quejosa denuncia absurdo y la transgresión de las leyes 27.348, 14.997 y 15.057.
En lo sustancial, sostiene que de las constancias obrantes en la causa surge acreditado que las partes celebraron un acuerdo en sede administrativa, homologado por la autoridad competente, en el que se arribó a una justa y voluntaria composición de derechos e intereses, adquiriendo autoridad de cosa juzgada en los términos de los arts. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, 2 y 14 de la ley 27.348 y de la resolución 298/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Asimismo, objeta la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en tanto dicha norma permite la revisión judicial en caso de desacuerdo con el dictamen de la Comisión Médica y no, como en el caso, cuando las partes consientan los términos de dicha decisión.
El recurso prospera.
IV.1. Sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, cabe inicialmente señalar que -en el caso- el objeto del pleito se halla definido por una pretensión dirigida a obtener el pago de diferencias en las prestaciones dinerarias otorgadas en sede administrativa, derivadas del erróneo cálculo indemnizatorio realizado en dicha sede en virtud del acuerdo homologado por el Titular del Servicio de Homologación (v. dem., punto VI y resol. de grado, págs. 1 y 2).
IV.2. En tales condiciones, el embate medular que porta la crítica halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 128.309, "Pardal" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
V.3. Lo resuelto en el apartado anterior torna inoficioso el tratamiento de los restantes agravios desplegados en el recurso que se analiza.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
I. Rechazar -de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General- el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 298, CPCC).
II. Hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y revocar el pronunciamiento de grado en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, la que se declara operada en el caso.
Las costas de ambas instancias se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado, conforme surge de lo denunciado en la presentación electrónica de fecha 4 de abril de 2022, deberá restituirse a la interesada (art. 293, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/03/2026 10:31:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/03/2026 12:41:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/03/2026 13:06:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/03/2026 16:23:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/03/2026 09:36:09 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/03/2026 11:41:01 hs. bajo el número RR-151-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia