Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128977
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.977, "Chocobar, Sandra Elizabet contra Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño, Kohan.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 14-III-2022).
Se dedujo, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-IV-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda promovida por Sandra Elizabet Chocobar contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad), condenando a esta última al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773. Ello así, como consecuencia de las secuelas derivadas del accidente laboral sufrido por la trabajadora el día 17 de enero de 2013 que le provocó una minusvalía del 24,3% del índice de la total obrera (v. pronunciamiento de fecha 14-III-2022).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, por mayoría, actualizó el ingreso base mensual conforme el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), de conformidad con lo establecido por el decreto de necesidad y urgencia 669/19, señalando que dicha norma dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Sobre esa base, teniendo en cuenta el valor del ingreso base fijado ($8.655,68), el porcentaje de incapacidad indicado (24,3%), así como el coeficiente de edad de la trabajadora (2,096), cuantificó el importe que le correspondía percibir a la actora —de acuerdo a las pautas que surgen del citado art. 14 inc. 2 apartado "a" de la mencionada ley— en la suma de $233.654,74, a la que le agregó la compensación adicional prevista en el ya citado art. 3 de la ley 26.773 ($46.730,94).
Sentado ello, con sustento en el art. 1 inc. 2 del citado decreto de necesidad y urgencia 669/19, al importe total de condena ($280.385,68), le aplicó nuevamente el índice RIPTE (14,52), calculado desde la fecha del accidente (enero de 2013) hasta el último valor publicado de diciembre de 2021, arribando al monto final de $4.071.200.
Finalmente, para el supuesto de incumplimiento del pago de la sentencia dentro de los diez días de notificada, dispuso la aplicación de un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los mismos al capital en forma semestral, según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. art.1 inc. 3, decreto de necesidad y urgencia 669/19).
II. Contra lo así resuelto, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación y errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 31, 82 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional; 11 y 31 de la Constitución provincial; 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 y 14 de la ley 24.557; 20 de la ley 27.348; 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561); 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; del decreto de necesidad y urgencia 669/19; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de 5-IV-2022).
II.1. En primer término, se agravia de la decisión de grado que aplicó al caso de autos el decreto de necesidad y urgencia 669/19.
II.1.a. Por un lado, sostiene que dicho reglamento resulta inconstitucional en tanto nunca fue confirmado por ley ni "se sujetó a tal proceder", por lo que —asegura— se encuentran vulnerados los arts. 82 y 99 inc. 3 de la Constitución nacional.
II.1.b. Luego, denuncia que el tribunal aplicó el citado decreto de manera retroactiva.
Afirma que lo resuelto contradice lo dispuesto por la ley 27.348, la que, al igual que las leyes 24.557 y 26.773, establece su ámbito de aplicación para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a su entrada en vigencia.
Agrega que el señalado decreto persigue abarcar los siniestros anteriores a su propia vigencia, pero posteriores a la fecha fijada por el art. 20 de la ley 27.348, que resulta un valladar infranqueable, toda vez que no ha sido expresamente derogado o modificado. De este modo, manifiesta que esta última norma ha sido palmariamente violada en la sentencia en crisis.
En ese marco, sostiene que no se puede interpretar que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 sea extensivo a todos los siniestros pendientes de liquidación, sino solo aquellos que hayan sucedido estando en vigencia la ley 27.348 (es decir, a partir del 5 de marzo del 2017), en tanto —reitera— la validez temporal de aquel no puede retrotraerse, más allá de la fecha de vigencia de la norma que modifica.
II.2. Expresa que el tribunal de origen introdujo una cuestión que no fue planteada por las partes, fallando extra petita y vulnerando así el principio de congruencia.
En tal sentido, insiste en que el juzgador de grado, además de aplicar indebida y retroactivamente el decreto 669/19, tampoco corrió traslado del mismo a las partes sobre su novedosa publicación a fin de que efectúen las manifestaciones que estimen pertinentes con respecto a dicha norma y su posible incidencia en el trámite de los actuados.
II.3. Sostiene que la decisión de grado vulnera la doctrina legal de esta Corte y los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561) que prohíben actualizar.
II.4. Objeta la aplicación de la tasa activa de interés para el caso de incumplimiento de la sentencia, en tanto —señala— difiere de la doctrina legal sentada en las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera".
III. El recurso prospera.
III.1. Con relación al agravio vinculado con el decreto de necesidad y urgencia 669/19 (B.O. de 30-IX-2019), e independientemente de la oportunidad procesal en la que se introducen argumentos tendientes a objetar su validez constitucional; teniendo en cuenta mi postura en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas cuando el caso así lo requiera (v. mi voto de adhesión en la causa C. 97.534, "Nizzola", sent. de 6-IV-2016; así como L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023), considero que no cabe dejar de atender la denuncia al influjo de un criterio formalista o restrictivo cuando ya me pronuncié sobre la temática al emitir mi voto en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual propuse declarar la invalidez del referido ordenamiento.
Por lo demás, y aun cuando es cierto que el pronunciamiento de referencia no había sido dictado al momento en que se interpuso el recurso extraordinario en examen, "no lo es menos que no puede prescindirse su análisis, ni la eventual aplicación de sus lineamientos al presente, pues, como en repetidas oportunidades ha declarado este Tribunal (conf. causas L. 85.534, 'O., C.', sent. de 13-II-2008 y L. 89.455, 'Pirro', sent. de 12-IV-2006) y reiteradamente lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario (conf. CSJN, Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1.087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1.810; 312:555 y 891; e. o.), a fin de brindar una adecuada solución al caso" (causa L. 116.422, "Robles", sent. de 18-XII-2013 y sus citas; ver, en el mismo sentido, las más recientes L. 131.451, "Lepre", resol. de 7-VI-2024 y L. 132.143, "Alamo Cenizario", resol. de 20-IX-2024, entre muchísimas otras).
III.1.a. En la citada causa "Muzychuk" expliqué que el decreto de necesidad y urgencia 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso Base", modificó lo dispuesto en el segundo inc. del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso Base", meta que —según se expone en los considerandos— habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto que se rotula como "de necesidad y urgencia", fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.b. Referí también —remitiendo a lo indicado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión)— que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo, "Curso de derecho administrativo", t. I, ps. 31/32, Bs. A., 1929; González Calderón, Juan A., "Curso de Derecho Constitucional", Bs. As., 1950, p. 505; Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ª ed., Bs. As. 1988, t° IX, p. 691; Bidart Campos, Germán, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", Bs. As., 1986, t° II, p. 229; Fiorini, Bartolomé A., "Derecho administrativo", t. I, Bs. As., 1976, p. 297; Ekmekdjian, Miguel A., "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", LL 1989-E-1296; Badeni, Gregorio, "Los decretos de necesidad y urgencia", ED 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Bs. As., 1994, p. 392 y sigs.; Ruiz Moreno, H., "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" LL 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R., "Decretos de necesidad y urgencia", Bs. As., 1991, p. 68 y sigs., entre otros. Y básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones, a favor: Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", 2ª ed., t° I, Bs. As., 1977, p. 285; Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", t. I, Bs. As., 1949, p. 292; Diez, Manuel M., "Derecho Administrativo", t° I, Bs. As., 1963, p. 447; Romero, César E., "Derecho Constitucional", t° II, Bs. As., 1976, p. 243; Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", 2ª ed., Bs. As., p. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, ps. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Bs. As., 1986, ps. 109 y sigs.; Cassagne, Juan Carlos, "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", LL 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", t° I, Bs. As., 2002, p. 189 y sigs.; Comadira, Julio R., "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", LL 1995-B-825; entre varios más).
Expuse que, asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido dec. 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. cons. 24°, 25°, 30°, 32° y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, Fallos: 318:1154).
III.1.c. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("...El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. de 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del poder administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633; cons. 13°).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que —en principio— le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726; 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449, 467; 269:393; 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633; SCBA, causa A. 74.552, "Fe", cit.).
III.1.d. Afirmé —entonces— que la invalidez del decreto 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que —finalmente— nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la ley n° 24.557 y sus modificaciones..." (considerandos párrs. 8 y 9), "que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiaros [...] fomenta la litigiosidad..." (párr. 10); "...que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.