Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132545
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo tratado en el punto III.1 ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2 por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, en el marco de la acción iniciada por el señor Claudio Alejandro Solis contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 1-III-2024).
Para así decidir, declaró la inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 -en cuanto establece el plazo perentorio de noventa -90- días hábiles para interponer la acción laboral ordinaria- por resultar incompatible con los principios y garantías constitucionales consagradas por los arts. 14 bis, 31, 75 incs. 12 y 121 de la Constitución nacional; 39 inc. 3 y 57 de la Constitución provincial.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-III-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 24-V-2024).
II.1. En lo sustancial, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y, en tal sentido, sostiene que dicho precepto no menoscaba los pilaresínsitos en la Carta Magna en perjuicio del trabajado; no habiéndose demostrado en el específico supuesto de autos que su aplicación transgreda los derechos de tutela continua y efectiva y el de defensa en juicio.
Esgrime, además, consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento administrativo previo y obligatorio previsto por los art. 1 y 2 de la ley 27.348 y la ley provincial de adhesión n° 14.997.
II.2. Por otra parte, manifiesta que las partes celebraron un acuerdo en la instancia administrativa, siendo homologado por el Titular del Servicio de Homologación, el que adquirió autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Los agravios orientados a rebatir la decisión del tribunal de grado que declaró la inconstitucionalidad del plazo previsto en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir la causa L. 131.700, "Magliano" (sent. de 19-IX-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.2. El restante agravio que porta la crítica, vinculado a la evocada existencia de un acuerdo suscripto por las partes homologado en sede administrativa, resulta novedoso y fruto de una tardía reflexión, en tanto no ha sido puesto a consideración del tribunal del trabajo (causas L. 120.602, "García", resol. de 29-VIII-2017; L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XII-2022 y L. 130.435, "Robles", resol. de 4-XII-2023; e.o.); no guardando además correspondencia con las constancias probatorias agregadas a la causa (v. expediente administrativo n°100026/19, acompañado en archivo PDF con la contestación de oficio de fecha 29-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que el planteo tratado en el punto III.1 ha sido desestimado en casos sustancialmente análogos y el abordado en el punto III.2 por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa en juego (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
El depósito efectuado en los términos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial queda perdido para la recurrente (art. 294 Cód. cit.), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3.135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/03/2026 20:32:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2026 13:57:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2026 12:38:46 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/03/2026 10:38:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/03/2026 08:50:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/03/2026 10:45:54 hs. bajo el número RR-242-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia