Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133959
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, rechazó íntegramente la demanda instaurada por el señor Héctor Daniel Romano contra los señores Carlos Alberto Gumbau y Diego Carlos Gumbau en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. veredicto y sentencia de fecha 22-V-2024).
Para así decidir, consideró no probado por el accionante tanto lo atinente a la existencia de la relación laboral denunciada con los demandados, como tampoco la ocurrencia del accidente de trabajo reclamado en autos.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 10-VI-2024), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 12-VIII-2024).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Denuncia violadas las normas y la doctrina que cita. En lo esencial, se disconforma con la decisión de grado en cuanto declaró no probada la existencia de relación de dependencia entre las partes, a la vez que tuvo por no acreditado el infortunio alegado en su escrito inicial. Ello, en tanto entiende que tal conclusión es fruto de una absurda valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que en el sub examine, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que obste a lo dicho lo expuesto en el punto II.1.c., en tanto constituyen meras afirmaciones del impugnante, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 -aplicable al momento de la interposición del remedio procesal (causas L. 129.226, "Sergio Calio", resol. de 21-X-2022).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023 y L-133509, "Del Grosso", resol. del 14-VII-2025).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
III.3. Asimismo, corresponde recordar que reiteradamente ha sostenido este Tribunal que tampoco se observa la concurrencia de la referida excepción en el sentido y alcance establecido por esta Suprema Corte, cuando los precedentes que se invocan como violados se vinculan a disposiciones de naturaleza procesal, como son aquellas relativas a la carga de la prueba (causas L. 121.519, "Gómez", resol. de 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 132.697, "Lazarte", resol. de 27-III-2025).
III.4. También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 132.581, "Valos", resol. de 13-III-2025).
III.5. Por último, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la opinión de los autores (causas L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.118, "Pedroche", resol. de 17-IX-2025; e.o.).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto III.3., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. del 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. del 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. del 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/04/2026 14:36:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/04/2026 12:19:23 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 15/04/2026 15:07:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2026 18:23:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2026 08:16:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/04/2026 11:07:55 hs. bajo el número RR-443-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia