Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por el señor Matías Ceferino Pasieczny contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba la reparación por la incapacidad que manifestó padecer como consecuencia del accidente de trabajo sufrido (v. pronunciamiento de fecha 2-XII-2024).
Para así decidir, juzgó no acreditada la existencia de secuelas incapacitantes vinculadas con la contingencia denunciada.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 18-XII-2024), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución de fecha 11-IV-2025).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cuestiona la validez constitucional del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial. Cita las normas y la doctrina que considera vulneradas. En sustancia, esgrime que el juzgador incurrió en absurdo en la valoración de la prueba. En este marco, alega que la decisión del sentenciante no encuentra respaldo en los informes periciales producidos en autos a la vez que viola el deber de motivar sus decisiones.
Por último, se agravia de la imposición de costas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, corresponde señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial introducido por la impugnante deviene abstracto en razón que, en virtud de lo establecido en el art. 27 de la ley 15.057 (según Resolución 1.840/2024), aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario, el trabajador goza del beneficio de gratuidad. Por lo tanto, está exceptuado de cumplir con la carga prevista en el mencionado precepto legal.
Sentado ello, se impone observar que -en el caso, tal como lo manifestó el órgano de grado- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según resolución 1.840/2024 (causa L. 133.249, "Gutiérrez", resol. de 23-V-2025).
En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción contenida en el citado precepto adjetivo (causa L. 132.789, "Testone", resol. de 20-IX-2024).
III.2. Luego, cabe observar que el tenor del planteo ensayado no permite considerar involucrada -de manera directa e inmediata- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308: 490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020, L. 127.666, "Herrera", resol. de 10-IV-2023 y L. 134.258, "Contreras", resol. de 27-II-2026).
En este contexto, corresponde recordar que esta Suprema Corte ha dicho que el presente carril se concede con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución local) y su limitación, no vulnera derechos y garantías constitucionales resultando compatible con el citado art. 161, pues no impide deducir el recurso extraordinario previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causa L. 132.874, "Márquez", resol. de 27-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que el recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021, L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023 y L.134.423, "Pérez", resol. de 16-X-2025).
III.4. Asimismo, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de antecedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020, L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021 y L.135.340, "Sequeira", resol. de 27-II-2026).
III.5. Además, cabe recordar que la doctrina legal referida al vicio de absurdo no resulta idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado precepto legal (causas L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022; L. 128.456, "Germiniani", resol. de 29-VI-2022 y L. 133.918, "Selva", resol. de 12-III-2025).
III.6. Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.900, "De mugica", resol. de 11-XII-2025).
III.7. Finalmente, corresponde señalar que en su lacónico reproche final que formula el recurrente, respecto de la imposición de costas, prescinde citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021, L. 130.055, "Mier Vique", resol. de 10-IV-2023 y L.133.118, "Montenegro", resol. de 12-V-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2026 19:27:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2026 10:57:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/04/2026 12:45:48 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 04/05/2026 12:35:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 13:00:46 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/05/2026 18:10:23 hs. bajo el número RR-658-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia