Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130811
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr., 289 y 303, CPCC).
I. En lo que interesa, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, en el marco de la pretensión deducida por el señor Matías Gabriel Palmisciano contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que invocó padecer, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. pronunciamiento de fecha 19-V-2023).
Para así decidir, sostuvo que respecto del accidente ocurrido el día 4 de junio de 2019 las partes habían arribado a un acuerdo conciliatorio en sede administrativa, posteriormente homologado por la autoridad competente, no habiendo formulado el actor ninguna impugnación a dicho acto, percibiendo el monto oportunamente liquidado.
En lo relativo al reclamo vinculado con los gastos realizados y futuros por atención psicológica y/o psiquiátrica, concluyó que el accionante podrá concurrir -de considerarlo necesario- ante la aseguradora de riesgos del trabajo para que se le otorguen las prestaciones correspondientes, conforme lo normado en el art. 20, apartado 3, de la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-V-2023). El órgano de grado lo concedió y declaró admisible -además- uno de inconstitucionalidad que refirió introducido en la misma presentación (v. resol. del 24-V-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 6-XI-2025).
En lo sustancial, sostiene que el pronunciamiento de grado impide que lo resuelto en sede administrativa sea revisado en forma amplia ante la justicia ordinaria para obtener el pleno resarcimiento del daño provocado a consecuencia de las secuelas físicas y psíquicas derivadas del infortunio.
Por otra parte, se agravia de lo resuelto por el tribunal a quo sobre la pretensión referida a los gastos realizados y futuros por atención psicológica y/o psiquiátrica.
III. Con relación a la última vía extraordinaria citada, es dable indicar que, más allá de la mención efectuada en el encabezado, de la lectura del escrito recursivo no surge que se hubiera deducido dicho medio de impugnación, no desarrollándose fundamento alguno en los términos de los arts. 161 inc. 1 de la Constitución provincial y 299 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, lo que conlleva a declararlo mal concedido (causas L. 113.345 "Escobar", resol. de 13-VII-2011; L. 120.119 "Goyhenetche", resol. de 23-XI-2016; L. 120.195 "Da Silva", resol. de 14-XII-2016; L. 123.082, "Bravo", resol. de 21-VIII-2023 y L. 131.734, "Lauro", resol. de 9-VIII-2024; e. o.).
IV.1. Luego, respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, sin dejar de destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir (arts. 278, CPC y 1 de la ley 14.141), lo cierto es que el agravio medular que contiene el medio de impugnación halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir las causas L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024) y L. 127.771, "Barcos" (sent. de 6-III-2024), en lo vinculado a los extremos que conducen a tener por configurada la cosa juzgada administrativa en el marco del régimen de riesgos del trabajo (arts. 2 y 14, ley 27.348, su Anexo I y resol. 298/17 de la SRT -en lo pertinente-; arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
IV.2. En otro orden, el cuestionamiento sobre la decisión a la que arribó el tribunal de grado en torno al reclamo por gastos realizados y futuros por atención psicológica y/o psiquiátrica también debe desestimarse, toda vez que no se ha denunciado a su respecto violación de doctrina legal alguna de la Suprema Corte, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.115, "Sabels", sent. de 13-XII-2021; L. 128.264, "Pacheco", resol. de 17-X-2022; L. 130.345, "Ciminelli", resol. de 7-IX-2023 y L. 132.013, "Romero", resol. de 15-X-2024; e. o.).
Por lo demás, es dable señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022; L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023 y L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024; e.o.).
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad.
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la novedad del tema resuelto y las dificultades interpretativas generadas por la normativa aplicable (arts. 68, seg. párr., 289 y 303, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2026 19:26:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/04/2026 10:56:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/04/2026 13:41:45 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 12:35:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2026 12:59:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/05/2026 18:09:49 hs. bajo el número RR-646-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia