Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133716
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó íntegramente la demanda promovida por el señor Mariano Exequiel Umere contra la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual procuraba el cobro de una reparación por la incapacidad derivada del accidente in itinere que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2024).
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 17-X-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 22-X-2024) habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 22-IX-2025).
III. En el primero de los remedios interpuestos, el impugnante alega que el a quo incumplió a la obligación de expedir veredicto en forma previa al dictado del pronunciamiento definitivo, en transgresión a los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
III.1. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023 y L. 132.486, "Sainz", resol. de 13-III-2025).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido de los agravios que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en las mandas constitucionales de mención para descalificar la validez formal del pronunciamiento atacado.
III.2.b. Por lo demás, vale aclarar que -contrariamente a lo denunciado por el quejoso- medió en el pronunciamiento cuestionado el voto individual de cada uno de los magistrados y la mayoría de opiniones requerida por el art. 168 de la carta magna provincial, sin que el dictado del veredicto constituya una exigencia legal en el marco de la aplicación de la ley 15.057 -Res. 1.840/24-.
III.2.c. Por último, resta señalar que, más allá de la insuficiencia de la mera denuncia de infracción del art. 171 de la Carta local, huérfana de contenido argumental que le sirva de apoyo como acontece en el escrito de protesta, la decisión recaída en el fallo contiene respaldo en expresas disposiciones legales, circunstancia que abastece la manda constitucional de referencia cualquiera sea el acierto y desacierto de su aplicación al caso en juzgamiento (causas L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 132.123, "Palmas", resol. de 13-III-2025).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, la apelante alega absurdo en la valoración de los elementos de juicio obrantes en autos y conculcadas las reglas de la carga de la prueba.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. Liminarmente, se impone señalar que, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley 15.057 (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, se observa que la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las prueba -vinculadas a determinar la condición de in itinere del hecho dañino que motiva el reclamo- (causas L. 117.459, "G.J.L.", sent. de 21-VI-2017; L. 119.748, "Fidalgo", sent. de 29-VIII-2018; L. 119.990, "Andrini", sent. de 6-XI-2019 y L. 131.821, "Méndez", resol. de 20-VIII-2024), así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de grado al meritar las circunstancias probatorias de la litis, asuntos detraídos de la revisión en el acotado carril por el que transita el recurso (causas L. 117.894, "Silvero López", resol. de 10-XII-2014; L. 118.681, "Núñez", resol. de 1-VII-2015; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; L. 125.287, "Seguel", resol. de 13-XI-2020; L. 126.743, "Ricardini", resol. de 6-VIII-2021 y L. 127.150, "Romano", resol. de 17-IV-2023).
IV.4. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con cuestiones estrictamente procesales como lo es la relativa a la distribución de la carga de la prueba (causas L. 121.519, "Gómez", resol. de 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 132.697, "Lazarte", resol. de 27-III-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto IV.4., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/05/2026 16:12:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2026 09:47:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2026 12:00:11 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:32:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:25:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:41:15 hs. bajo el número RR-853-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia