Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133976
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó íntegramente la demanda incoada por el señor Luis Alberto Hanow contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del pago de una indemnización por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que denunció padecer (v. pronunciamiento de fecha 31-VII-2024).
Para así decidir, tras valorar la prueba documental y pericial obrantes en la causa, consideró que a la fecha del accidente que padeció el trabajador, no había seguro vigente entre la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 14-VIII-2024), los que fueron concedidos por el a quo, el segundo de ellos, en el marco de la excepción contenida en el art. 82 de la ley 15.057 (v. resolución de fecha 8-X-2024), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 26-IX-2025).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, el interesado denuncia violados los arts. 168 y 171 de la Constitución local. Alega que el juzgador omitió valorar la prueba producida en autos y expedirse respecto de diversas presunciones en favor del trabajador. Además, sostiene que la decisión impugnada no se encuentra debidamente fundada.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo", resol. de 11-VII-2023; L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024 y L. 132.722, "Sergio", resol. de 1-VII-2025).
III.2.b. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que el recurrente, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, dirige su objeción a censurar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos intenta conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces de grado, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022 y L. 132.486, "Sainz", resol. de 13-III-2025).
Es dable recordar que, en el marco de la vía extraordinaria en tratamiento, no son atendibles las alegaciones relativas a la prueba, e incluso, a la existencia de una eventual preterición de alguna pieza de dicha naturaleza, habida cuenta que se refieren a cuestiones ajenas a su ámbito y propios -en cambio- del de inaplicabilidad de ley (causas L. 130.151, "Aparicio", resol. de 29-V-2023 y L. 131.953, "Guiñazú", resol. de 27-IX-2024 y L. 132.422, "Muñoz", resol. de 23-V-2025).
III.3. Para terminar, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021; L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023 y L. 132.230, resol. de 12-III-2025).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el apelante objeta la decisión del tribunal por cuanto tuvo por ciertos y probados los extremos expuestos por la demandada para fundamentar la excepción opuesta, sin que ésta ofreciera prueba documental ni puntos de pericia. En base a ello, denuncia la violación de principios y garantías constitucionales.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.2.a. Liminarmente, corresponde observar que el remedio procesal en examen fue concedido en el marco de la excepción prevista en el art. 82 de la ley 15.057 -aplicable a la fecha de interposición del recurso extraordinario- por juzgar el tribunal de grado insuficiente el monto de lo cuestionado (v. resol. de 8-X-2024), decisión que, debidamente notificada a las partes, no mereció objeciones del aquí recurrente.
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022; L. 126.806, "Giles", resol. de 21-VI-2023 y L. 131.809, "Girardi", resol. de 20-IX-2024).
IV.2.b. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que la recurrente trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado (causas L. 130.641, "Areco", resol. de 22-XII-2023 y L. 132.539, "Reyes", resol. de 3-IV-2025).
IV.2.c. Seguidamente, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 82 de la ley 15.057 ya citada (causas L. 130.320, "Díaz", resol. de 7-IX-2023 y L. 134.128, "Cruz", resol. de 2-XII-2025).
IV.3. Finalmente, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023 y L. 132.903, "Méndez", resol. de 4-VI-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado IV.2.c.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023 y L. 133.350, "Aguirre", resol. de 14-VII-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2026 17:59:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2026 11:49:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2026 19:19:03 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:30:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/05/2026 08:22:36 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 12/05/2026 12:32:21 hs. bajo el número RR-798-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia