Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 135686
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 con asiento en la ciudad de Lanús, perteneciente al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por David Ramón Lezcano y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14, inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente laboral padecido (v. pronunciamiento de fecha 19-XII-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, a efectos de calcular la indemnización que le correspondía percibir al demandante, luego de declarar la inconstitucionalidad del art. 11 ap. 2 de la ley 27.348 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, concluyó -con sustento en el precedente de esta Corte que menciona- que el ingreso base debía ser actualizado tomando como parámetro el coeficiente resultante de la variación del índice de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- a la fecha del accidente acaecido.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 13-II-2025), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 28-IV-2025).
En su presentación, objeta el índice utilizado por el sentenciante de grado como parámetro de actualización, en tanto entiende que su aplicación deriva en un resultado desproporcionado y arbitrario.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone señalar que, en el sub examine, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -el cual estaría representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el sentenciante y el pretendido- no excede -atento el total de condena- el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en la citada norma ritual (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025; e.o.).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 127.372, "Faure", sent. de 27-III-2023; L. 132.963, "Bazán", resol. de 4-VI-2025).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la única doctrina legal citada, ha sido elaborada bajo presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso en juzgamiento (causas L. 126.890, "Agüero", sent. de 5-V-2022 y L. 130.939, "Gago", sent. de 7-IX-2025; e.o.).
Ello así, desde que lo que se encontraba en discusión en el precedente B. 49.193 bis, "Fabiano" (resol. de 2-X-2002), era la constitucionalidad de las leyes que prohíben la indexación de los créditos, supuesto que no fue abordado en la sentencia recurrida.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/05/2026 15:10:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/05/2026 10:06:58 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 21/05/2026 10:38:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:21:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/05/2026 12:53:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/05/2026 14:36:21 hs. bajo el número RR-934-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia