Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134481
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido (art. 299, CPCC).
II. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad y el de inaplicabilidad de ley interpuestos, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, hizo lugar a la acción promovida por el señor Juan Ramon Morel Gómez y, en consecuencia, condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y el incremento establecido en el art. 3 de la ley 26.773, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/2019 (v. sent. de fecha 25-XI-2024).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad y, subsidiariamente, de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 13-XII-2024), los que fueron concedidos en la instancia de grado (v. resol. de fecha 11-II-2025), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 15-XII-2025).
III. En primer lugar, se impone destacar que el recurso extraordinario de inconstitucionalidad ha sido mal concedido.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que el medio de impugnación establecido en el art. 161 inc. 1 de la Constitución provincial sólo es admisible cuando en la instancia ordinaria se haya controvertido y decidido la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos provinciales confrontados con normas de la Constitución local (causas L. 117.152, "Chaile", resol. de 29-V-2013; L. 117.646, "Miranda", resol. de 24-XII-2014; L. 119.115, "Ortiz", resol. de 29-VIII-2017; L. 118.990, "Tavernise", sent. de 3-IV-2018 y L. 130.893, "Amarilla", resol. de 26-II-2024; e.o.).
Tal situación no concurre en la especie. En efecto, del análisis de la decisión en crisis se observa que el tribunal de grado no ha resuelto, de suyo, caso constitucional alguno en los términos del art. 299 del Código Procesal Civil y Comercial (causa L. 117.475, "Carnevalini", resol. de 7-V-2014); deviniendo así inadmisible el remedio en estudio (causas L. 108.023, "Segui", resol. de 3-III-2010; L.119.709, "Pugliese", resol. de 11-V-2016; L. 123.331, "Guiñazu", resol. de 29-VII-2020 y L. 127.914, "Ferreyra", resol. de 29-V-2024).
IV. Por otra parte, los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley también deducidos no pueden ser abordados, en atención a su fundamentación promiscua (arts. 279 y 296 CPCC y art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, esta Corte ha sostenido que son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los artículos 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es totalmente inadmisible (causas L. 122.097, "Martínez", resol. de 22-II-2021; L. 129.232, "Fernández", resol. de 26-IV-2023 y L. 127.686, "Deris", resol. de 27-III-2025; e. o.).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 128.934, "Cueto", resol. de 5-XII-2022 y L. 130.612, "Muñoz", resol. de 7-IX-2023), no resultando función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
Es que los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado pues, de lo contrario, se infringen las normas de carácter constitucional y legal que los sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, CPCC; causas L. 128.534, "Vivas", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.023, "Avila", resol. de 1-VIII-2023), motivos por los cuales deben desestimarse las mencionadas impugnaciones (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el Señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
I. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido (art. 299, CPCC).
II. Desestimar el recurso extraordinario de nulidad y el de inaplicabilidad de ley interpuestos, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289 y 298 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 17:14:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 09:04:18 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 29/05/2026 10:40:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:58:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:28:22 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 12:07:55 hs. bajo el número RR-984-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia