Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 133131
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con costas.
2Declarar, por las consideraciones efectuadas, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.; 82 y 89, ley 15.057), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción interpuesta por Pablo Maximiliano Zanzi y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por incapacidad laboral y permanente con fundamento en las leyes 24.557 y 26.773, el que, agregó, debe ser actualizado hasta el efectivo pago con arreglo a la variación del Índice de Precios al Consumidor -IPC- del INDEC, devengando asimismo en ese período (desde la sentencia hasta el pago) una tasa de interés del seis por ciento -6%- anual (v. vered. y sent. de 13-VI-2024).
II. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 3-VII-2024), ocasión en que, en lo esencial, cuestionó la estimación del quantum indemnizatorio y su actualización, a cuyo fin, alegó que el tribunal de grado soslayó aplicar el precedente jurisprudencial que destacó y expedirse en torno a la validez constitucional del art. 12 de la ley 24.557.
A su turno, el a quo , no obstante destacar que el valor del litigio no supera el establecido por el art. 82 de la ley 15.057, admitió el remedio extraordinario incoado, en el reducido marco delimitado por el segundo párrafo de la señalada norma -exclusivamente, destacó, en cuanto se invocó la transgresión de la doctrina legal que identificó-. No obstante, en el mismo acto procesal, y a continuación, trató nuevamente la cuestión y resolvió declarar inadmisible el mismo recurso extraordinario, por entender que si bien la interesada denunció un precedente de la Suprema Corte, no se configuraría la excepción aludida, ya que -afirmó- el embate versaría respecto del modo de actualización de la base salarial utilizada en la sentencia de autos, no existiendo una concreta vulneración de la doctrina legal invocada que no determina un único modo de preservación del capital (v. resol. de 30-VIII-2024).
III. Contra esta última decisión, la impugnante articuló el recurso de queja previsto en el art. 292 del Código Procesal Civil y Comercial (v. escrito electrónico de 10-IX-2024).
IV. La queja no prospera.
IV.1. De inicio, corresponde aclarar, más allá de los confusos términos en que se expidió el tribunal de grado, que no se observa en la especie la configuración de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones, ni menos aún circunstancias particulares que no permitan -de modo excepcional, por cierto- realizar un juicio de admisibilidad del recurso extraordinario abordando sus agravios de modo integral, a la luz de las normas que establecen los requisitos formales de habilitación de la instancia de casación local.
Al respecto, cabe recordar que incumbe a esta Suprema Corte, asumiendo el rol que le compete como único juez del recurso, tratar el control de admisibilidad del remedio incoado, estando consiguientemente facultada para constatar y modificar lo decidido en las instancias anteriores en todo lo que hace a la admisibilidad de la vía, sin estar atada a lo resuelto por el juzgador de origen o a lo convenido por las partes (arts. 278, 296 y 299, CPCC; 82, 83 y 89, de la ley 15.057; conf. doctr. causas Ac. 44.745, "Banco Comercial del Tandil S.A.", sent. de 5-XI-1991; C. 114.429, "Zanardi", resol. de 10-X-2012; L. 121.384, "Dominguez", resol. de 18-IV-2018 y C. 122.308, "Pereyra Iraola", resol. de 3-V-2018; C. 128.437, "Machuca", resol. de 11-XII-2025; e.o.).
IV.2. En atención a lo dicho y a las particularidades del caso, lo cierto es que -en el caso- ante la admisión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la vía directa no ha de prosperar, sin perjuicio del análisis que seguidamente formule esta Suprema Corte, como juez del recurso (causas L. 129.957, "Lanfredi", resol. de 26-XII-202; L. 131.436, "Galeano", resol. de 6-III-2024 y L. 131.462, "Santillán", resol. de 8-IV-2024).
V. a. Aclarado ello, ingresando ahora esta Corte en el estudio de los requisitos formales del carril impugnativo deducido, se impone observar que el impugnante no desconoce en su queja que la cuantía económica de lo cuestionado en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición de aquel remedio procesal (causas L. 117.757, "Iyarza", resol. de 30-IV-2014; L. 117.696, "Cremonte", resol. de 9-XII-2015; L. 117.132, "Bulich", resol. de 27-XII-2017 y L. 126.905, "Sauvage", resol. de 14-V-2021).
Luego, corresponde destacar que el recurrente no ha expuesto razones suficientes que ilustren -en el presente- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 121.801, "Castro", resol. de 17-X-2018; L. 124.036, "Landes", resol. de 17-VI-2020 y L. 128.312, "Schwaner", resol. de 27-V-2022).
V. En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 130.708, "Giménez", resol. de 20-IX-2023).
En este marco, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, toda vez, mediante la denuncia de diversos precedentes jurisprudenciales lo que en rigor pretende el impugnante -mediante su mera discrepancia- es la revisión de tópicos por regla privativos del sentenciante de grado; así, aquellos que refieren a la determinación del quantum indemnizatorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causa L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025).
A lo expuesto se agrega, que -sabido es- no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.641, "Maidana", resol. de 28-XII-2021; L. 128.413, "Núñez", resol. de 7-VI-2022 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023; e.o.).
VI. Además, y a propósito de lo argumentado por el recurrente, cabe recordar que la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propia del de nulidad (causas L. 118.051, "Rossi", sent. de 19-IX-2018; L. 119.347, "Bernardi", sent. de 14-VIII-2019; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019 y L. 126.529, "Herrera", resol. de 6-VIII-2021).
VII. Finalmente, respecto de lo expuesto en apartado IV.1., dado que este tipo de irregularidades en el ejercicio de la jurisdicción no resulta gratuito para los litigantes, corresponde requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente extremo celo en el cumplimiento de los requisitos formales constitucional y legalmente exigibles respecto de los pronunciamientos y decisiones que emitan en materia de admisibilidad de los recursos extraordinarios.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Desestimar la queja traída (arts. 292, CPCC y 89, ley 15.057; Ac. 4068/22, Resol. 24/20 y Resol. 1.840/24). Con costas.
2. Declarar, por las consideraciones efectuadas, que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.; 82 y 89, ley 15.057), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/05/2026 09:55:38 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2026 16:54:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/05/2026 11:27:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2026 15:57:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/06/2026 08:26:28 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/06/2026 12:07:48 hs. bajo el número RR-978-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia