Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134585
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la acción promovida por el señor Jorge Daniel López y, en consecuencia, condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. sent. de fecha 13-XII-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, a efectos de calcular la indemnización que le correspondía percibir al demandante, luego de desplazar la aplicación del art. 11 ap. 2 de la ley 27.348 y declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, concluyó -con sustento en el precedente de esta Corte que menciona- que el ingreso base debía ser actualizado tomando como parámetro el coeficiente resultante de la variación del índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- a la fecha del accidente acaecido respecto del publicado al momento del pronunciamiento.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico del 3-II-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 30-III-2026),
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, alega que la decisión de grado no aplica la sana crítica ni los principios de la lógica.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajús", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 130.716, "Pereyra", resol. de 15-IV-2024).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a las causales taxativamente definidas en los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, desde que sus argumentaciones se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 132.850, "Muller", resol. de 27-X-2025).
III.2.b. Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021 y L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022; L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023 y L. 134.823, "Fernández", resol. de 4-XII-2025).
En el caso, no se halla vulnerada dicha cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 131.594, "Cobas", resol. de 29-VII-2024).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnante objeta la decisión de grado en cuanto utilizó el índice RIPTE como modo de actualizar el ingreso base.
En ese sentido, cuestiona la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019, calificándolo de inconstitucional.
Por otro lado, se agravia de la tasa de interés aplicada, en tanto entiende que resulta abusiva e irrazonable. Aduce que la capitalización no corresponde que sea efectuada por el tribunal.
IV.2. El presente remedio tampoco prospera.
IV.2.a. Cabe inicialmente señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el importe proveniente del cálculo de las prestaciones que ordenó el sentenciante y el pretendido- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del medio de impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado art. 82 de la ley ritual del fuero. De allí que la función revisora de esta Corte se circunscriba a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 124.102, "Jose", sent. de 21-X-2022; L. 126.044, "López", sent. de 27-II-2023; L. 131.689, "Carmona", resol. de 3-VI-2024 y L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025; e.o.).
IV.2.b. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la recurrente ni siquiera ha denunciado como vulnerada, respecto de ninguno de los agravios que esgrime, doctrina legal alguna de esta Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021; L. 130.101, "Alonso", resol. de 14-III-2023; L. 131.798, "Castaño", resol. de 20-IX-2024 y L. 132.636, "Barreto", resol. de 12-III-2025).
Asimismo, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022; L. 131.733, "Delapiaza", resol. de 29-VII-2024)
IV.2.c. Respecto al agravio vinculado a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 669/2019, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, se observa que la crítica parte de una premisa errónea, pues de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo no aplicó la referida norma, sino que, justamente, declaró su invalidez con fundamento en que el mismo no cumple con los requisitos constitucionales que permiten al Poder Ejecutivo dictar actos de naturaleza legislativa fundados en necesidad y urgencia.
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015; L. 125.479, "Blanco", resol. del 9-XII-2020 y L. 127.216, "Parra", resol. de 22-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/05/2026 13:18:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/06/2026 11:36:30 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 04/06/2026 09:26:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/06/2026 14:03:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2026 08:30:37 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2026 12:15:05 hs. bajo el número RR-1057-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia