Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126250
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.250, "Britos, Néstor Enrique contra La Segunda ART SA y otro/a. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de 20-V-2020).
Se dedujo, por la aseguradora codemandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 10-VI-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda promovida por Néstor Enrique Britos y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que estableció en concepto de diferencias vinculadas con las prestaciones dinerarias percibidas por el accionante como derivación de las secuelas incapacitantes que padece en razón del accidente que sufriera el día 25 de septiembre del año 2009, mientras cumplía tareas de estibador para la codemandada Evasio Marmetto S.A. (v. pronunciamiento de 20-V-2020).
En lo que interesa, luego de determinar el ingreso base mensual en la suma de $11.570,24 (conf. ley 22.248, resol. CNTA 18/97 y art. 3 del dec. 334/96), el juzgador de origen consideró que en el caso correspondía aplicar el decreto 669/19, señalando que dicha norma dispone su aplicación en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante.
Al respecto, destacó que el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación reconoce la posibilidad de aplicar la nueva norma a las contingencias pendientes de resolución si existe una disposición expresa en tal sentido.
Sentado ello, teniendo en cuenta el valor del ingreso base fijado ($11.570,24), el porcentaje de incapacidad (17,17%), así como el coeficiente de edad del trabajador (2,16), cuantificó el importe que le correspondía percibir al actor —de acuerdo a las pautas que surgen del citado art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557— en la suma de $227.427,13, a la que le dedujo lo abonado por la aseguradora de riesgos del trabajo ($22.370), arribando al importe de $205.057,13.
Seguidamente, tomando el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) vigente entre la fecha del pago (diciembre de 2010) y el último publicado (febrero de 2020), obtuvo un coeficiente de 14,51 por el que multiplicó el último valor señalado, con apoyo en el mentado decreto 669/19, dando como resultado el monto final de $2.975.378,95.
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora codemandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación y errónea aplicación del art. 12 de la ley 24.557; de la ley 27.348; del decreto 669/19 y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, se agravia de la decisión de grado que aplicó retroactivamente al caso de autos el decreto 669/19. Al respecto, considera que, conforme la fecha del siniestro, la norma aplicable era el decreto 1.694/09.
Afirma que lo resuelto contradice lo dispuesto por la ley 27.348, la que, al igual que las leyes 24.557 y 26.773, establece su ámbito de aplicación para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante resulte posterior a su entrada en vigencia.
En ese marco, sostiene que no se puede interpretar que el decreto de necesidad y urgencia 669/19 sea extensivo a todos los siniestros pendientes de liquidación, sino solo aquellos que hayan sucedido estando en vigencia la ley 27.348.
II.2. Controvierte, asimismo, el valor mensual del ingreso base determinado en la sentencia.
Sobre el tópico, señala que, al tomar los haberes percibidos en los últimos doce meses anteriores al infortunio (independientemente de quienes fueran los diversos empleadores) y contemplar únicamente los días efectivamente trabajados, el juzgador de grado arribó a un resultado alejado de la realidad.
Argumenta que, tratándose el caso de un trabajador que cumplía tareas de estibador, el sentenciante debió fijar el ingreso base conforme las notas emitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, GCE n° 3.853/11 y GCE n° 3.622/11.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Con relación al agravio vinculado con el decreto de necesidad y urgencia 669/19 —cuya aplicación al caso es resistida por el impugnante— teniendo en cuenta mi postura en torno a la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de oficio de las normas, cuando el caso así lo requiera (causa L. 83.781, "Zaniratto", sent. de 22-XII-2004), entiendo que corresponde aplicar aquí el criterio que hube de sostener al emitir mi voto en la causa L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), en la cual propuse declarar la inconstitucionalidad del referido ordenamiento.
III.1.a. En aquella oportunidad expliqué que el decreto 669/19, a los efectos de definir la cuantía del "Ingreso base", modificó lo dispuesto en el inc. 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11, ley 27.348), estableciendo una tasa de variación de las remuneraciones imponibles promedio de los trabajadores estables desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta que deba realizarse la puesta a disposición de la indemnización por determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación. Con ello, reemplazó el ajuste por un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, que había sido establecido por la citada ley 27.348 con la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del "Ingreso base", meta que según se expone en los considerandos, habría perdido vigencia por las sobrevinientes variables macroeconómicas que provocarían un "desfinanciamiento del sistema".
Puntualicé que el mencionado decreto que se rotula como "de necesidad y urgencia", fue dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 30 de septiembre de 2019, es decir, durante el período de sesiones ordinarias del Congreso.
III.1.b. Referí también —remitiendo a lo indicado por el doctor Soria, al emitir su voto en la causa A. 74.552, "Fe" (a la que presté mi adhesión)— que antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, Bullrich, Rodolfo, "Curso de derecho administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1929, págs. 31/32; González Calderón, Juan A., "Curso de Derecho Constitucional", Buenos Aires, 1950, pág. 505; Linares Quintana, Segundo V., "Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional", 3ª edición, tomo IX, Buenos Aires, 1988, pág. 691; Bidart Campos, Germán, "Tratado elemental de derecho constitucional argentino", tomo II, Buenos Aires, 1986, pág. 229; Fiorini, Bartolomé A., "Derecho administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1976, pág. 297; Ekmekdjian, Miguel A., "La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia", L.L. 1989-E-1296; Badeni, Gregorio, "Los decretos de necesidad y urgencia", E.D. 138-926, "Reforma constitucional e instituciones políticas", Buenos Aires, 1994, pág. 392 y sigs.; Ruiz Moreno, H., "Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia" L.L. 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R., "Decretos de necesidad y urgencia", Buenos Aires, 1991, pág. 68 y sigs.; básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones. Otros lo hicieron a favor, a saber: Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", 2ª. ed., tomo I, Buenos Aires, 1977, pág. 285; Villegas Basavilbaso, Benjamín, "Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1949, pág. 292; Diez, Manuel M., "Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 1963, pág. 447; Romero, César E., "Derecho Constitucional", tomo II, Buenos Aires, 1976, pág. 243; Bielsa, Rafael, "Derecho Constitucional", 2ª edición, Buenos Aires, pág. 533; y "El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo", en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, págs. 17, 74, 83 y sigs., quien los denominaba decretos leyes; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Buenos Aires, 1986, pág. 109 y sigs.; Cassagne, Juan Carlos, "Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia", L.L. 1991-E-1179; "Derecho Administrativo", tomo I, Buenos Aires, 2002, pág. 189 y sig.; Comadira, Julio R., "Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional", L.L. 1995-B-825; entre varios más).
Expuse que, asimismo, allí se dijo que en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) —algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)— y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (v. Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1.096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i) la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii) que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii) cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv) la convalidación por el Congreso; v. cons. 24º, 25º, 30º, 32º y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que, a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
Señalé que la Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado de emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. CSJN Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, CSJN Fallos: 318:1154).
III.1.c. Precisé que el Constituyente de 1994 incorporó los decretos de necesidad y urgencia en el art. 99 inc. 3 de nuestra carta magna, como salvedad a la interdicción que ese mismo precepto instituye ("El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo..."); estableciendo que "...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros...". Asimismo, que en el último apartado regula exigencias formales para la comunicación del decreto que se hubiera emitido a la Comisión Bicameral Permanente (regulada por la ley 26.122, B.O. 28-VII-2006), y para su tratamiento en ambas Cámaras.
Enfaticé que se debía excluir de plano para su dictado, como premisa inequívoca, los criterios de mera conveniencia del Poder Administrador para elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley formal o echar mano de la vía más rápida de instituir ciertos contenidos materiales por medio del instituto en cuestión (CSJN Fallos: 333:633, cons. 13º).
Reseñé que la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que para que el Presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: i) Que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales; o ii) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
Aduje que el análisis relativo a la configuración de tales presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, su magnitud, y las referidas notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633 y 338:1048).
Consideré que lo antedicho adelantaba otra idea en torno al criterio de valoración judicial de la fuente bajo análisis: si, en general, la validez de las restricciones de derechos establecidas en las leyes de emergencia, por tratarse de medidas extraordinarias, quedan sometidas a una estricta evaluación (conf. CSJN Fallos: 136:161; 137:47; 149:219; 172:21; 173:65; 239:260; 243:449, 467; 269:393 y 283:76), cuando vienen ordenadas en un decreto de necesidad y urgencia, a fortiori, el control ha de ser más severo, desde que la excepcionalidad se agudiza, en tanto la materia abordada no pertenece a la competencia normal del órgano administrador (CSJN Fallos: 333:633 y SCBA A. 74.552, "Fe", ya citado).
III.1.d. Afirmé —entonces— que la invalidez del decreto 669/19 es incontrastable. No justifica la potestad ejercida, tanto en lo relativo a la configuración de una emergencia, cuanto a la imposibilidad de seguir el procedimiento legislativo.
Advertí que de la lectura de sus considerandos del decreto no surge que su creación haya obedecido a la necesidad de adoptar medidas inmediatas tendientes a paliar una situación de estricta excepcionalidad y urgencia que pudiera poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema indemnizatorio establecido en la Ley de Riesgos del Trabajo. Antes bien, traducen la decisión del poder administrador de modificarlo de manera permanente, sin recorrer el cauce ordinario que la Constitución prevé (CSJN Fallos: 322:1726 y 333:633). En rigor, sobresale un motivo determinante en el que primaron razones de practicidad o conveniencia, es decir, algo bien diferente a la configuración de una impostergable necesidad justificante de la medida y a la razonable imposibilidad de tratarla en el recinto legislativo (CSJN Fallos: 326:3180). Acaso en el erróneo entendimiento de que el déficit de origen podría ser saneado por medio de una ley ulterior, que —finalmente— nunca fue promulgada.
En efecto, expuse que las endebles motivaciones invocadas para justificar su dictado a saber: la existencia de un supuesto "...desequilibrio sistémico..." entre "...el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora..." y "...la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la ley n° 24.557 y sus modificaciones..." (cons. párrs. 8 y 9), "que el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios [...] fomenta la litigiosidad..." (párr. 10); "...que los incrementos desmedidos de las potenciales indemnizaciones como consecuencia de la aplicación de la tasa activa prevista en la Ley N° 24.557 y sus modificaciones [...] en relación con los rendimientos financieros de los activos con los que las Aseguradoras respaldan esos compromisos, son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema..." (párr. 13); que en razón de lo antedicho "...procede la modificación urgente del ‘Ingreso Base’ a los fines del cálculo de las indemnizaciones [...] ya que el mantenimiento del esquema actual provocaría un inminente desfinanciamiento del sistema con impacto en la solvencia de las Aseguradoras y, en definitiva, en los trabajadores, beneficiarios del Sistema de la Seguridad Social..." (párr. 15) —lucen manifiestamente inaptas para evidenciar la genuina concurrencia de una situación de emergencia que habilite al Presidente de la Nación a ejercer facultades legisferantes que por regla constitucional— no le son propias (arts. 44 y 99 inc. 3. párr. 2, Const. nac. y CSJN Fallos: 333:633).
Sostuve que tampoco se explicitan cuáles serían "...los recientes acontecimientos económico financieros que son de público conocimiento...", que impondrían la adopción de "medidas urgentes para regular con mayor certidumbre y equidad el Sistema de Riesgos del Trabajo..." (párr. 16).
Por lo demás, aduje que el decreto en cuestión omitió explicitar los factores que habrían configurado un cuadro de magnitud suficiente como para obviar a la Legislatura, que al tiempo de su emisión se hallaba en período de sesiones ordinarias (art. 63, Const. nac.). En ese orden, la escueta mención en el sentido de que "la naturaleza excepcional de las cuestiones planteadas hace imposible el seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes" (párr. 21) resulta abiertamente dogmática e insuficiente para justificar la imposibilidad de reformar la ley 24.557 en el punto en juego por medio del ejercicio de la función legislativa propia del Congreso de la Nación.
III.1.e. Bajo estos lindes, concluí que el decreto 669/19 resulta palmaria e insanablemente inconstitucional por no reunir los requisitos que el art. 99 inc. 3 establece —inexorablemente— para su dictado, solución que propongo acoger en los presentes actuados, en atención a los fundamentos arriba expuestos.
III.2. En otro orden, el planteo dirigido a controvertir la determinación del ingreso base debe ser desestimado.
III.2.a. En el veredicto, el tribunal de grado lo definió en la suma de $11.570,24, con sustento en el informe pericial contable, aspecto sobre el cual —destacó— este había quedado firme y consentido.
Luego en la sentencia, expresó que, dadas las particularidades de las tareas de estiba, no se podía concluir que cada jornada de labor es un primer día de trabajo.
Sostuvo que, a la fecha del hecho que dio lugar a estas actuaciones, aún estaba en vigencia la ley 22.248 que, en su art. 4 establecía que "Las remuneraciones y condiciones laborales de todos los trabajadores agrarios se regirán exclusivamente por la presente ley y las resoluciones que en su consecuencia dicte la Comisión Nacional de Trabajo Agrario..." (pág. 11).
A partir de ello, y con fundamento en jurisprudencia que citó, determi
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