Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134552
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
2Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó -por mayoría- la demanda deducida por el señor Alejandro Darío Delgado contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la cual reclamaba el pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. pronunciamiento de fecha 3-II-2025).
Para así resolver, apartándose del dictamen pericial médico -conforme a las reglas de la sana crítica-, juzgó no acreditado el nexo causal entre la contingencia sufrida el 25 de enero de 2021 y la incapacidad que padece el trabajador.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 6-II-2025), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 10-II-2025), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de fecha 20-IV-2026).
III.1. En el primero, el interesado con apoyo en el contenido de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en sustancia, alega que la decisión de grado luce desprovista de todo fundamento legal e invoca arbitrariedad y absurdo en la ponderación de la experticia medica producida en autos.
III.2. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.033, "Aguirre", sent. de 9-XI-2020; L. 122.346, "Amaya", sent. de 20-X-2021 y L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024).
Desde esa perspectiva, se observa que el contenido del agravio que porta el remedio intentado resulta ajeno a dichas causales, ni bien se advierte que sus argumentaciones se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021 y L. 132.850, "Muller", resol. de 27-X-2025).
Luego, sabido es que la transgresión del art. 171 de la Constitución provincial sólo se configura cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
Por último, atento el contenido del dictamen (v. punto IV), sin perjuicio de otras consideraciones que podrían formularse, cabe remitirse a las constancias obrantes en la causa (v. especialmente informe de fecha 21-04-2023).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, en rigor, con cita de doctrina legal que considera vulnerada, objeta el rechazo de la acción y alega absurdo en la valoración de la prueba.
IV.1. El recurso no prospera.
Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 134.900, "De Mugica", resol. de 11-XII-2025).
VI.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, el recurrente trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 94.184, "Jacquet", sent. de 7-V-2014; L. 117.224, "López", sent. de 22-IV-2015; L. 119.539, "Albornoz", resol. de 4-V-2016; L. 125.871, "Tejerina", resol. de 30-VIII-2021, L. 129.347, "Navarro", resol. de 12-IX-2023 y L. 134.096, "Santander Fiorio", resol. de 17-IX-2025).
Por ello, oído el señor Procurador general, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 298, CPCC).
2. Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2026 13:42:55 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:12:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:41:29 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:07:28 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 10:37:57 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:51:18 hs. bajo el número RR-1160-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia