Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 134250
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores, Torres, Soria y Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar a la demanda deducida por el señor Franco Diego Hernán Almeida y, en consecuencia, condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones contempladas en el art. 14 apdo. 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo y el art. 3 de la ley 26.773, (v. pronunciamiento de fecha 26-XI-2024).
En lo que resulta de interés por ser materia de agravio, con sustento en el precedente de esta Corte que mencionó (v. pág. 15), declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del art. 7 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), así como del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2019. Luego, procedió a la actualización del ingreso base mediante la utilización del coeficiente resultante de la variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- entre el último publicado al dictado de la resolución y el de la fecha del accidente, reduciendo posteriormente la suma obtenida a efectos de evitar un resultado desmedido. Asimismo, sobre dicho importe adicionó intereses, calculados a una tasa pura del seis por ciento (6%) anual.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 9-XII-2024), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de fecha 10-XII-2024), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de fecha 20-IV-2026).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, el interesado, con apoyo en el contenido de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en sustancia, alega que la decisión de grado luce desprovista de todo fundamento legal.
III.2. Oído el Señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 129.167, "Scalise", sent. de 29-V-2024 y L. 133.540, "Wagner", resol. de 20-IV-2026).
Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.943, "Carloni", resol. de 19-IX-2022; L. 128.962, "Parenti", resol. de 1-VIII-2023 y L. 134.823, "Fernández", resol. de 4-XII-2025).
En el caso, no se halla vulnerada dicha cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 131.594, "Cobas", resol. de 29-VII-2024 y L. 134.379, "Club Atlético Once Unidos", resol. de 23-IV-2026).
III.2.b. Por lo demás, cabe señalar, tal como lo resolvió esta Corte en la causa L. 127.263, "Basualdo Lozano" (sent. de 26-V-2026), que, sin perjuicio de advertir que el órgano de grado no ha dado estricto cumplimiento con lo establecido en el inc. 4 del referido art. 57 de la ley 15.057 (conf. resol. SCBA 1.840/24), lo cierto es que de la lectura del pronunciamiento no se evidencia la falta de acuerdo y voto individual de los magistrados intervinientes respecto del tema a decidir, no imposibilitando -tal falencia- el ejercicio de la facultad revisora de esta casación.
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, en rigor, con denuncia de absurdo en la valoración de la prueba y cita de doctrina legal que considera vulnerada, la actora cuestiona que el juzgador de grado redujera el monto actualizado. En esa línea, alega que el razonamiento del tribunal de grado transgrede lo dispuesto por el art. 44 inc. "d" de la ley 11.653, en cuanto a la apreciación "en conciencia" del material probatorio producido en autos.
IV.2. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley tampoco prospera.
IV.2.a. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la diferencia entre el monto de condena y la suma indemnizatoria por la que el impugnante considera que debería haber prosperado- no excede el mínimo fijado por el art. 82 de la ley 15.057, aplicable a la fecha de interposición del recurso, según Resolución 1.840/2024.
En consecuencia, en la especie, la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la doctrina elaborada en torno al alcance de la excepción contenida en el citado precepto legal (cfr. causa L. 132. 789, "Testone ", resol. de 20-IX-2024 y L. 133.485, "Garófalo", resol. de 16-X-2025).
De suyo, entonces, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 134.900, "De Mugica", resol. de 11-XII-2025).
IV.2.b. En ese contexto, y sin perjuicio de otras consideraciones, no se advierte configurado en la especie el citado supuesto habilitante, toda vez que, a partir de la denuncia de errónea aplicación del precedente que menciona, lo que en rigor pretende el recurrente -mediante su mera discrepancia- es la revisión de tópicos por regla privativos del sentenciante de grado; así, aquellos que refieren a la determinación del quantum indemnizatorio y la elección del mecanismo de actualización del crédito, labores que -debe destacarse- son fruto de la ponderación de la plataforma de hecho que está en la base del litigio (causas L. 132.561 "Moreyra", resol. de 1-IX-2025; L. 133.284, "García", resol. de 2-X-2025 y L. 133.658, "Miner", resol. de 13-III-2026).
IV.2.c. Tampoco se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con cuestiones estrictamente procesales (causas L. 121.519, "Gómez", resol. de 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 132.697, "Lazarte", resol. de 27-III-2025).
IV.2.d. A mayor abundamiento, es dable añadir que esta Corte tiene resuelto que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé la citada norma ritual (causas L. 131.128, "Carboni", resol. de 8-IV-2024 y L. 133.834, "Pontaquarto", resol. de 2-XII-2025).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas que inauguran el acuerdo, dejando a salvo mi opinión en lo concerniente a la denunciada violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte -en el acotado marco de la excepción establecida en el mencionado art. 55 de la ley 11.653- comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas adjetivas o de forma (vertida, entre otras, en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, lo hago a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias tal como lo he decidido en la causa L. 123.841, "Tossi" (sent. de 29-X-2021) a la que, por razones de economía y celeridad, me remito.
Por ello, oído el señor Procurador General, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/06/2026 13:42:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:12:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:41:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:07:23 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 10/06/2026 10:37:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:51:15 hs. bajo el número RR-1157-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia