Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131095
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto del agravio analizado en el punto III.1 se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Pablo Gabriel Zalazar y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, más la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, por las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que protagonizó el día 20 de mayo de 2019 (v. sent. 28-VI-2023).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por resultar motivo de agravios, con sustento en las conclusiones plasmadas por los peritos médico y psicológico, el a quo tuvo por acreditado que como consecuencia del accidente de trabajo referido el actor padece afecciones físicas y psíquicas que le provocan una incapacidad del 47,4 % de la total obrera.
Luego, y a los fines de determinar el importe de las prestaciones dinerarias, estableció el valor del ingreso base mensual aplicando el decreto 669/2019, y calculó el resarcimiento tarifado siguiendo la fórmula del art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557.
II. Contra dicho pronunciamiento Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, (v. presentación electrónica de fecha 14-VII-2023), que fue concedido el 31 de julio de 2023.
II.1. En primer término, objeta el fallo de grado en cuanto declaró aplicable al caso el decreto 669/2019. Señala que la liquidación practicada, en los términos del citado reglamento, resulta contraria a la normativa vigente y al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Espósito" (sent. de 7-VI-2016; v. págs. 11/13).
Postula que se declare la invalidez de dicho dispositivo por cuanto no han existido los presupuestos fácticos que impone para su dictado el art. 99, inc. 3, de la CN. (v. pág. 18). Añade que, de todos modos -de superar la tacha de inconstitucionalidad-, el citado decreto no resulta aplicable en la especie porque no se encontraba vigente al momento del accidente (v. págs. 19/24).
II.2. Por otra parte, sostiene que la decisión del tribunal de trabajo sobre el grado de incapacidad que padece el accionante implica una "absurda valoración de la prueba" y "un apartamiento del baremo del decreto 659/96" (v. pág. cit.). En ese sentido, reprocha que dicho órgano jurisdiccional realizara una "sumatoria lineal" de los porcentajes fijados por los peritos, sin aplicar el método de la capacidad restante (v. pág. 26).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Invirtiendo el orden de los agravios por razones metodológicas, es dable analizar en primer lugar las críticas que formula la recurrente a las conclusiones que se establecieron en el veredicto sobre el porcentaje de incapacidad que padece el actor.
III.1.a. El tribunal grado, tras examinar el dictamen del perito médico y la respuesta a la impugnación formulada por la demandada, consideró probado que el señor Zalazar, como consecuencia del accidente de trabajo que protagonizó, presenta una Incapacidad física parcial, permanente y definitivas de 24.1%" de la total obrera. Aclaró que, "para su cálculo se ha tenido en consideración El baremo laboral y nuevas enfermedades de Víctor H. Álvarez Chávez, Ley 24.557 Dec. 49/2014 modif. dec.658/96 y Dec. 659/96"; y, para estimar las minusvalías que detalló, la "Capacidad restante…" (v. sent. pág. 5).
Luego, analizó la pericia psicológica y declaró acreditado que -además- el accionante sufre "una incapacidad del 20%, a la que corresponde adicionar un 3%, teniendo en cuenta los factores de ponderación" (v. sent. págs. 6/7). Destacó las explicaciones que brindó el perito frente a la impugnación de la accionada, en cuanto precisó que "la incapacidad del 23,3% atribuida en nexo de causalidad con el infortunio se ajusta a un RVAN III de la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del decreto 659/96 y sus modificatorios…" (v. sent. pág. 7).
Con fundamento en los informes referidos, concluyó que el accionante padece una incapacidad total de 47,4 % del índice de la total obrera (v. sent. pág. 8).
III.1.b. Tiene dicho esta Corte que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador y ponderar la pericia médica a tal fin, constituyen facultades privativas de los jueces de grado y ajenas -por regla- a la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 127.797, "Llanos" sent. de 14-XII-2023 y L. 130.386, "Villalba", sent. de 28-XI-2024; e.o.).
En el caso, la crítica que esgrime la recurrente no consigue demostrar la configuración del mentado error valorativo, ni tampoco la falta de aplicación del decreto 659/1996.
En efecto, el relato de los antecedentes expuesto revela que el órgano judicial de grado, al momento de estimar la incapacidad del actor, no soslayó las previsiones del mentado decreto, ni tampoco el método de la capacidad restante, como erróneamente aduce la interesada, sino que, por el contrario, hizo expresa referencia a las consideraciones que, al respecto, se habían establecido en los informes periciales médico y psicológico (v. sent. págs. 5 y 7).
En tales condiciones, el cómputo alternativo -de los factores de ponderación y porcentaje de incapacidad- que propone la recurrente se advierte endeble para demostrar la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, como el que caracteriza al absurdo (causas L. 123.516 "Ramos", sent. 09-XI-2021 y L. 126.591, "D’Onofrio", sent. de 27-III-2023; e.o.). Antes bien, la queja se disipa en la pretensión de disputarle al juez de grado el ejercicio de potestades propias, técnica que -reiteradamente se ha señalado- resulta ineficaz para acreditar el mencionado vicio lógico (causas L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Cabe recordar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para juzgar configurado el absurdo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que ponga de manifiesto la irracionalidad de las conclusiones establecidas por el tribunal (causas L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; L. 126.869, "E.M.E", sent. de 16-XII-2024 y L. 130.254, "Salina", sent. de 15-IV-2025; e. o.); extremos que no se verifican en la especie (conf. art. 279, C.P.C.C.).
III.2. En otro orden, cabe indicar que los agravios dirigidos a impugnar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
Atento la solución que se propicia, resulta innecesario abordar los restantes cuestionamientos traídos.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Respecto del agravio analizado en el punto III.1 se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:25:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:14:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 12:38:15 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:41:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:27:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:51:06 hs. bajo el número RR-1149-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia