Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130505
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad en el caso- se declara. Respecto de los agravios analizados en el punto III.1 y III.2, se los rechaza por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida por Jorge David Colque y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 y el importe que determinó en concepto de gastos por tratamiento psicoterapéutico (v. vered. de fecha 5-IX-2022 y sent. de fecha 6-IX-2022).
Para así decidir, juzgó acreditado que el promotor del pleito padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 32,42% de la total obrera, a raíz de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente de trabajo acontecido el día 3 de diciembre de 2017. También tuvo por probado que resultaba necesaria para el actor la realización de un tratamiento psicoterapéutico durante un año, a fin de no agravar el cuadro del que es portador (v. vered., págs. 2/4).
En lo que resulta relevante, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/2019 efectuado por la parte actora y procedió a la cuantificación del resarcimiento de acuerdo con la normativa que juzgó aplicable al caso (leyes 24.557 y 27.348; DNU cit., e.o), descartando expresamente la aplicación en la especie de la Resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-X-2022), el que fue concedido por el órgano de grado (v. pronunciamiento de fecha 28-II-2023).
II.1. Alega que el juzgador incurrió en absurdo al establecer el porcentaje de incapacidad psicofísica que padece el actor a partir de la pericia médica que, aduce, carece de todo rigor científico, soslayando la consistente impugnación efectuada por su parte a dicho medio probatorio.
Postula además que el sentenciante no pudo válidamente considerar que existe un nexo causal entre el accidente provocado por el imprudente accionar del demandante y los daños psíquicos cuya reparación le fuera impuesta.
Agrega, que habida cuenta que dicha lesión integró -a través de la fórmula aplicada- la indemnización patrimonial establecida en el fallo, la suma adicionada para afrontar el tratamiento terapéutico al que debería someterse el trabajador, implica una doble condena para reparar supuestas consecuencias de un mismo e inexistente daño.
II.2. Por otro lado, se agravia de la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
En este orden, sostiene que el órgano de grado se apartó de las disposiciones contenidas en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto establece la sumatoria simple de las variaciones diarias del índice RIPTE, y no una fórmula de ajuste como la que utilizó el tribunal de trabajo para cuantificar las prestaciones dinerarias.
Por otra parte, plantea la inconstitucionalidad del decreto 669/2019 por considerar que pone en crisis los principios fundantes del sistema jurídico (legalidad, propiedad y coherencia, entre otros), vulnerando los arts. 17, 18 y 19 de la Constitución nacional.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No son de recibo las críticas dirigidas a impugnar lo decidido por el juzgador en relación con el grado de incapacidad reconocido al trabajador y la existencia de relación causal con el infortunio denunciado.
III.1.a. Cabe aquí recordar que valorar el material probatorio, determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador víctima de un accidente de trabajo y establecer su eventual vinculación causal con el siniestro denunciado, constituyen atribuciones privativas de los jueces de trabajo, y las conclusiones que al respecto formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo la efectiva demostración de absurdo (causas L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023 y L. 130.890, "Soriano", sent. de 1-IX-2025; e.o.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 130.143, "Mobilio", resol. de 12-IX-2023; L. 130.127, "Botbol", sent. de 16-XII-2024; L. 129.380, "Sartorelli", sent. de 8-II-2025 y L. 130.901, "Videla", resol. de 20-IV-2026; e.o.).
III.1.b. Bajo tales directrices, este tramo del embate se revela insuficiente.
En efecto, a través de su propia opinión en orden a la eficacia probatoria que correspondería asignarle al informe pericial médico, sumada a su personal apreciación respecto de las circunstancias fácticas de la causa, el compareciente no consigue desvirtuar la validez conferida a dicha experticia ni descalificar la decisión de grado respecto del porcentaje de incapacidad laboral establecido y su vinculación causal con el accidente sufrido por el trabajador.
En rigor, las afirmaciones que nutren esta parcela del recurso tan sólo evidencian su disconformidad con la solución alcanzada en el fallo, sin ocuparse de desvirtuar el razonamiento que condujo al juzgador a determinar el grado de minusvalía que porta el actor, tarea en la que - además- expresamente reparó en las impugnaciones efectuadas por su parte (v. vered. págs., 3/4).
En definitiva, la crítica expuesta se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al sentenciante de origen el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas y trasunta en definitiva el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según el propio y personal criterio valorativo del compareciente, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar la configuración del absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 128.206, "Conti", sent. de 30-XII-2024 y L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025; e.o.).
Cabe agregar que en nada varía la suerte del recurso lo argumentado por la recurrente con apoyo en el precedente de este Tribunal que individualiza (L. 121.391, "Agosto", sent. de 19-II-2020), elaborado bajo una distinta plataforma a la que exhibe el caso bajo análisis (causas L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020; L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023 y L. 131.556, "Ramirez", sent. de 17-IX-2025; e.o.).
III.2. Sentado ello, no mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento que gira en torno al monto fijado en concepto de tratamiento terapéutico que integra la condena.
Es que, a través de las aseveraciones y deducciones que formula en esta parcela del embate, la interesada sólo expone su mera objeción con lo resuelto en el fallo, soslayando formular una crítica directa, concreta y eficaz tendiente a desvirtuar el razonamiento que condujo al sentenciante a la decisión objetada, circunstancia que pone de manifiesto la insuficiencia del recurso traído (art. 279, CPCC).
III.3. Luego, los agravios dirigidos a impugnar la aplicación al caso y la validez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 128.977, "Chocobar" (sent. de 13-III-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad en el caso- se declara. Respecto de los agravios analizados en el punto III.1 y III.2, se los rechaza por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/06/2026 12:25:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/06/2026 19:14:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 12:38:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2026 14:41:58 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2026 09:27:55 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2026 11:51:05 hs. bajo el número RR-1148-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia