Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 132693
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitir al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento. Respecto del agravio analizado en el punto III.2, se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida por la señora Teresa Carmen Olivera y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia del accidente in itinere sufrido el día 7 de mayo de 2019 (v. pronunciamiento de 20-II-2024).
En lo que reviste interés, con sustento en las conclusiones brindadas por el perito médico actuante, juzgó acreditado que en razón del mentado infortunio la actora es portadora de una incapacidad psicofísica de tipo parcial, permanente y definitiva del 34% del índice de la total obrera.
A su vez, entendió que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, más no así la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por entenderla más gravosa para la trabajadora.
II. Contra dicha decisión, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 8-III-2024), concedido en la instancia de grado el 16 de mayo de 2024.
II.1. Sostiene que al calcular el resarcimiento con ajuste a las disposiciones del decreto necesidad y urgencia 669/2019 el tribunal de origen arribó a un monto final de condena manifiestamente absurdo y objeta que no se hayan aplicado las resoluciones 1.039/19 y 332/23 de la Superintendencia de Seguros de la Nación al momento de determinar el valor mensual del ingreso base.
II.2. Por otro lado, sostiene que al mensurar la compensación dineraria de pago único que establece el art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557, el juzgador debió tener en cuenta la resolución vigente a la fecha del siniestro (resol. 7/21 SRT).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. El primero de los cuestionamientos que contiene el medio de impugnación, halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.2. En cambio, no resulta atendible el restante planteo ensayado, habida cuenta que parte de una premisa errónea. Ello así, en tanto de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- no existió condena alguna en los términos del art. 11 apartado 4 inc. "b" de la ley 24.557.
El señor Juez doctor Soria dijo:
A tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026), acompaño lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; debiéndose los autos remitir al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento. Respecto del agravio analizado en el punto III.2, se lo rechaza por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:38 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:14 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:05:02 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:26:12 hs. bajo el número RR-1269-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia