Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131687
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad deducido, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
2Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Marta Eliana Vera y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias por prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 29 de junio de 2013 (v. pronunciamiento de 11-X-2023).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, calculó el valor mensual del ingreso base con ajuste al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- conforme lo dispuesto por el decreto 669/19, normativa que también utilizó para fijar la tasa correspondiente a los intereses sancionatorios en caso de incumplimiento. Asimismo, dispuso la aplicación de accesorios a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del pase al acuerdo.
A su vez, tras juzgar aplicable al caso las pautas del citado decreto, hizo lugar al planteo introducido por la parte actora y declaró la inconstitucionalidad de la prohibición de indexar dispuesta en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (modif. por la ley 25.561).
II. Contra dicha decisión, la demandada dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de 1-XI-2023), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 6-XI-2023), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen de 30-VIII-2024).
III.1. En el primero de los remedios interpuestos, la impugnante denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Alega que los miembros del tribunal de grado emitieron sus respectivas opiniones incumpliendo la formalidad de voto individual. Puntualmente, refiere que el magistrado que ocupó el segundo lugar en el orden de votación (doctor Scagliotti) no formuló sufragio o -en su caso- adhesión alguna en las cuestiones puestas a consideración en el fallo de los hechos. Asimismo, controvierte el modo en que manifestó adherir al voto de su colega preopinante.
Postula además que el a quo se desentendió de los planteos efectuados por las partes respecto a la aplicación del decreto 669/19 al caso de autos, omitiendo pronunciarse acerca de la motivación o fundamento que condujo a su decisión.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.2.a. Sobre la evocada ausencia de voto individual de los jueces, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que es válido el voto cuyos fundamentos no se expresan en extenso sino por adhesión a uno anterior emitido en el mismo acuerdo -en igual sentido y en coincidencia- como ha ocurrido en la sentencia atacada (causas L. 119.644, "Salas, sent. de 6-II-2019 y L. 125.631, "Mazzaferro", resol. de 22-III-2021 y L. 132.053, "Vena", resol. de 12-III-2025), no observándose la inexistencia de mayoría de opiniones que torne procedente la anulación del fallo de grado como procura el quejoso.
Es que, sin perjuicio de los reparos que pudiere concitar la técnica expositiva empleada por el juez que sufragó en segundo término, resulta evidente que su pronunciamiento importó una adhesión a la solución propiciada por la magistrada Ramos. En tal sentido, el decisorio fue el resultado del estricto cumplimiento de los recaudos de votación individual y mayoría de opiniones, habiéndose observado de modo acabado las prescripciones del artículo 168 de la Carta local.
III.2.b. Idéntica suerte corre el embate referido a la presunta preterición de los planteos vinculados a la aplicación del decreto 669/19. Tales argumentos merecieron un tratamiento explícito por los magistrados de la instancia anterior quienes, luego de sustanciar el pedido de la actora con la contraparte -quien solicitó su rechazo-, decidieron aplicar el mencionado decreto (v. pronunciamiento págs. 2 y 11/12). Por lo tanto, la resolución negativa a las pretensiones de la interesada no implica, en modo alguno, una falta de examen de la cuestión.
Sentado ello, resulta evidente que bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales la crítica de la interesada se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 121.707, "Leiva", resol. de 27-II-2019; L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.230, "Colque", resol. de 12-X-2023; e. o.).
III.2.c. Finalmente, y aun cuando la recurrente no brinda argumentos que respalden tal denuncia, no se observa transgredido el art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 118.979, "Márquez", sent. de 21-IX-2016; L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021 y L. 129.475, "Toth", resol. de 8-V-2023; e. o.), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado.
IV.1. En el recurso de inaplicabilidad de ley, invoca las normas y doctrina legal que considera conculcadas en el pronunciamiento impugnado.
En esencia, bajo la denuncia de absurdo, objeta la decisión del juzgador de grado en cuanto determinó el ingreso base mensual aplicando retroactivamente las pautas establecidas en el decreto 669/19 -modificatorio del art. 12 de la ley 24.557, según ley 27.348-, normas cuya entrada en vigencia -afirma- resultó posterior a la fecha del infortunio sufrido por la trabajadora. En este sentido, afirma que dicha decisión es contraria a los dispuesto por el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación y de los fallos que cita.
A su vez, impugna los acrecidos que fijó el juzgador en caso de incumplimiento de la sentencia con fundamento en el citado decreto. De igual modo, sostiene que la aplicación de una tasa de interés activa vulnera la doctrina legal sentada -en diversas causas- por la Suprema Corte.
A la par, manifiesta que este modo de resolver carece de fundamentación adecuada y alega vulnerado el principio de congruencia.
En otro orden, controvierte la declaración de invalidez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto según art. 4 de la ley 25.561), decretada por el sentenciante, fundado -dice- únicamente en la debida aplicación al caso del citado decreto 669/19.
Por último, sostiene que el tribunal de origen omitió expedirse acerca de la invalidez constitucional de la ley provincial 14.399 -en cuanto modifica el art. 48 de la ley 11.653- planteada por su parte al contestar el libelo inicial.
IV.2. El recurso prospera parcialmente.
IV.2.a. En primer término, ha de señalarse que los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por los que se cuestiona la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
IV.2.b. Luego, atento la solución que se propicia en el acápite anterior, debe dejarse sin efecto la decisión de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Ello así, por cuanto dicho pronunciamiento reconoció como único sustento la pauta indexatoria prevista en el decreto 669/19 a fin de actualizar las prestaciones dinerarias reconocidas a la actora mediante la aplicación del índice RIPTE allí contemplado. En tales condiciones, el tratamiento de los argumentos que definen el contenido de este aspecto de la réplica deviene inoficioso.
IV.2.c. En cuanto al último de los embates que porta la crítica, referido a la preterición denunciada, corresponde señalar que por principio general la eventual omisión en el tratamiento de una cuestión esencial resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y propio del de nulidad (causas L. 127.083, "González", resol. de 7-X-2021 y L. 131.925, "Urrutia", resol. de 24-II-2025; e.o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar, de conformidad con el dictamen del señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad deducido, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 298, CPCC).
2. Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/19, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:09 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:05:00 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:26:08 hs. bajo el número RR-1264-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia