Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131657
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Agustina Diéguez y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias por prestaciones dinerarias previstas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del infortunio que sufrió el día 9 de marzo de 2019 (v. pronunciamiento de 12-X-2023).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, por mayoría, calculó el valor mensual del ingreso base con ajuste al índice RIPTE conforme lo dispuesto por el decreto 669/19, normativa que también utilizó para fijar la tasa correspondiente a los intereses sancionatorios en caso de incumplimiento. Asimismo, dispuso la aplicación de accesorios al capital de condena a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la del pase al acuerdo del tribunal de trabajo.
II. Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 30-X-2023), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resol. de 6-XI-2023).
II.1. En esencia, objeta la decisión del juzgador mediante la cual determinó el ingreso base mensual aplicando retroactivamente las pautas establecidas en el decreto 669/19 -modificatorio del art. 12 de la ley 24.557, según ley 27.348-.
II.2. Alega, además, que de conformidad con lo señalado en el voto del magistrado que quedó en minoría, al haber abonado la suma total en la instancia administrativa, dicho trámite adquirió autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Alterando por razones lógicas el orden de los agravios traídos, cabe indicar que la objeción planteada en torno a la invocada configuración en la especie de la cosa juzgada administrativa debe desestimarse atento su manifiesta insuficiencia (art. 279, CPCC).
Como en reiteradas oportunidades ha declarado este Tribunal, la apreciación de los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada proviene de una labor que les compete en forma privativa y, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 124.082, "Rieder", resol. de 10-VIII-2020; L. 129.240, "G., G.", sent. de 20-XI-2024 y L. 129.802, "Sienra", sent. de 17-IX-2025; e.o.), supuesto que no se presenta en el caso, desde que ni siquiera se ha denunciado la existencia del aludido vicio en esta parcela de la pieza recursiva.
Y sabido es, que tal falencia no puede ser salvada por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la interesada al formular su impugnación (causas L. 127.843, " Azpeitia", sent. de 14-XII-2023; L. 128.487, "Ulpiano", resol. de 9-VIII-2024 y L. 134.384, "Dibiase", resol. de 23-IV-2026; e.o.).
III.2. En otro orden, los embates dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta, a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:08 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:43 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:05:00 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:57 hs. bajo el número RR-1263-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia