Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 131046
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial La Matanza, hizo lugar a la acción promovida por el señor Mario Rafael Sueso y condenó a Experta S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo al pago de la suma que estableció en concepto de prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "a" y 14 inc. 2 apartado "b", de la ley 24.557, con más el adicional contemplado por el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de 28-VI-2023).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el día 12 de junio de 2018 el actor sufrió un accidente de trabajo que le provocó una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 55% de la total obrera.
Luego, señaló que los informes contables daban cuenta de que el ingreso base mensual del trabajador alcanzaba la suma de $ 39.767,62, conforme el cálculo efectuado por la legislación vigente al momento del siniestro (ley 27.348; v. vered., págs. 3/5), y actualizó ese importe conforme lo prescrito por el decreto 669/19, norma que -entendió- resultaba de aplicación al caso.
Sentado ello, atento a que la suma de condena había sido actualizada a la fecha del pronunciamiento conforme la normativa legal vigente (ley 27.348), consideró que no correspondía adicionar intereses moratorios. No obstante, para el supuesto de incumplimiento en el pago de la condena en el plazo otorgado, dispuso la aplicación de accesorios al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta -30- días del Banco de la Nación Argentina (v. sent. págs., 6/7 y 13).
II. Contra dicho pronunciamiento la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 30-VII-2023), que fue concedido el día 2 de agosto de 2023.
II.1. En primer término, sostiene que resulta errónea la decisión de aplicar al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/2019, porque sus disposiciones -afirma- no se encontraban vigentes cuando ocurrió el infortunio de autos.
Añade que el fallo transgrede el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. de 7-VI-2016) y por esta Corte en el caso L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016).
Refiere que la reparación de cualquier contingencia debe regirse por las disposiciones vigentes a la fecha de su acaecimiento, lo que -alega- no se cumplimenta en la sentencia impugnada que soslayó las previsiones de la ley 26.773 y su decreto reglamentario.
II.2. Luego, señala que al efectuar el cómputo de la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 "a" de la ley 24.557, el sentenciante ajustó el ingreso base mensual por el índice RIPTE, apartándose de la normativa aplicable al tiempo del infortunio (ley 26.773 y decreto 472/14).
Destaca que la indemnización determinada en el fallo de origen resulta infundada, excesiva y carente de realidad, derivando en un enriquecimiento ilícito para el actor y en una vulneración de su derecho de propiedad.
Insiste en señalar que ha existido una errónea interpretación y aplicación de las leyes 24.557, 26.773 y 27.348, violatoria de sus derechos constitucionales.
II.3. Por último, alega que deben calcularse intereses sobre el capital de condena desde la fecha de exigibilidad y hasta su efectivo pago a la tasa pasiva digital "BIP" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en virtud de lo establecido por esta Suprema Corte en los precedentes L. 118.615, "Zócaro" (sent. de 11-III-2015); L. 119.371, "Bustamante" (sent. de 14-II-2018); C. 114.137, "Ponce" (sent. de 21-IX-2009); L. 94.446, "Ginossi" (sent. del 21-X- 2009) y L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. De modo liminar, cabe señalar que el tribunal de grado juzgó que al momento en que ocurrió el infortunio objeto del reclamo (hito que, en el contexto de la sentencia, se advierte equiparado a la primera manifestación invalidante) se encontraba vigente la ley 27.348, motivo por el cual tuvo por verificado el ingreso base del trabajador establecido en la pericia contable conforme el procedimiento dispuesto en el art. 12 inc. 1 de la ley 24.557 (según el texto dado por la citada ley 27.348).
Sostuvo en la sentencia que el actor resultaba acreedor a las prestaciones establecidas en las leyes 24.557, 27.348 y 26.773, decretos 1.278/00, 1.694/09 y 472/14, vigentes a la fecha de la contingencia (12-VI-2018) que diera origen a las presentes actuaciones (v. sent. pág., fs. 5).
En estas condiciones, dado que el impugnante no controvierte frontal y eficazmente el entramado normativo que fue considerado por el juzgador a partir de la aludida determinación fáctica, este aspecto de la decisión debe permanecer firme. Ello, en atención a lo resuelto por este Tribunal en las causas L. 127.792, "Corbalán" (sent. de 10-IV-2023); L. 127.797, "Llanos" (sent. de 14-XII-2023) y L. 130.062, "Saborido" (sent. de 20-XI-2024); entre otras, en donde ha señalado que la ley 27.348 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 24 de febrero de 2017 y entró en vigencia a partir del 5 de marzo del 2017 (cfr. art. 5, Código Civil y Comercial de la Nación) y, precisamente, ha destacado que su art. 20 establece que "La modificación prevista al artículo 12 de la ley 24.557 y sus modificatorias, se aplicará a las contingencias cuya primer(a) manifestación invalidante resulte posterior a la entrada en vigencia de la presente ley".
Conforme lo expuesto, permanece incontrovertida la aplicación al caso de la ley 27.348.
III.2. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:34 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:13:02 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:08 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:58 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:52 hs. bajo el número RR-1258-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia