Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130770
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°2, con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Elena del Valle Ponsati y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. vered. y sent., de fecha 28-XI-2022 y 30-XI-2022, respectivamente).
Para así decidir, juzgó acreditado que la actora padece una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 39,6% de la total obrera, a raíz de las secuelas incapacitantes producidas por el infortunio que sufrió el día 15 de marzo de 2017.
En lo que resulta relevante, a la hora de calcular el ingreso base mensual fijó la suma que en ese concepto correspondía a la fecha del evento; y juzgando aplicable el decreto 669/19 acrecentó dicho monto en virtud -indicó- de lo dispuesto en el segundo apartado del art. 12 de la ley 24.557 según lo reglado por el mencionado decreto. Cuantificó así la prestación por incapacidad mencionada, adicionando al importe arribado el 20 % contemplado en el art. 3 de la ley 26.773.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-II-2023), el que fue concedido por el tribunal de origen en fecha 10 de marzo de 2023.
II.1. Afirma que en el fallo de grado se "omitió aplicar" el decreto 659/96, ratificado por la ley 26.773, el que establece que, en la evaluación de la incapacidad de lesiones múltiples, producto de un único accidente, se empleará el criterio de capacidad restante.
II.2. Por otro lado, objeta el modo en que el tribunal de trabajo aplicó el decreto 669/19, pues sostiene que se apartó de lo dispuesto en la resolución 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que establece la sumatoria simple de las variaciones diarias del índice RIPTE, y no una fórmula de ajuste ("cociente" de índices) como la adoptada por dicho órgano jurisdiccional mediante un mecanismo pretoriano, indexatorio y ostensiblemente oneroso.
Asimismo, el recurrente denuncia la violación del principio de congruencia, habida cuenta que -afirma- el a quo aplicó de oficio el decreto 669/19, pronunciándose así sobre cuestiones que no integraron la relación procesal ni fueron sustanciadas con las partes.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer término, cabe indicar que no resulta atendible el reproche a la incapacidad receptada en el fallo de grado.
Tiene dicho esta Corte que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad de trabajo, constituye una atribución privativa de los jueces de grado y ajena a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (causas L. 129.440, "Aquino", resol. de 22-XII-2022; L. 128.773, "Sorgue", resol. de 17-IV-2023 y L. 131.704, "Ruíz", 20-XI-2024 y L. 130.901, "Videla", resol. de 20-IV-2026; e.o.).
La crítica luce insuficiente porque el impugnante ni siquiera ha cumplido con la carga de denunciar la eventual comisión por parte del a quo de aquel vicio valorativo a la hora de fijar la incapacidad que padece la actora, cuando -además- surge claramente del fallo que el sentenciante sostuvo que desplegaba tal labor "de acuerdo al baremo de la ley 24.557 y sus decretos reglamentarios" (v. vered., respuesta a la tercera cuestión planteada).
III.2. Luego, los agravios relacionados con el decreto de necesidad y urgencia 669/19 hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690 "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:33 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:58 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:57 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:50 hs. bajo el número RR-1255-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia