Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130512
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El tribunal de trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por el señor Ezequiel David Romero y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557, como consecuencia de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente in itinere acontecido el día 13 de noviembre de 2017 (v. sent. de 1-II-2023).
En lo que interesa destacar, a los fines de determinar el valor del ingreso base mensual, juzgó que resultaban aplicables al caso las directrices emanadas del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, mas no así las contenidas en la resolución 1.039/2019 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, por entenderla más gravosa para el trabajador al contradecir los principios protectorio y de progresividad.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 17-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 20-III-2023).
II.1. De un lado, critica las conclusiones que, con sustento en el informe pericial médico, estableció el juzgador sobre las dolencias sufridas, el grado de incapacidad física y psíquica determinado y su relación causal con el siniestro denunciado.
II.2. Por otra parte, impugna la aplicación del decreto 669/19, toda vez que -afirma- dicha norma carece de obligatoriedad, altera injustificadamente el cálculo del valor mensual del ingreso base y se aparta de la ley 27.348 y de la jurisprudencia mayoritaria, lo que deriva en un monto de condena totalmente desproporcionado.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, por lo que la decisión que adoptan al respecto es ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación de absurdo (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; L. 130.557, "Coronel", resol. de 15-IV-2024 y L. 131.114, "Alcaras", resol. de 15-IX-2025; e.o.).
En el caso, a partir de la subjetiva opinión de la interesada en torno a la valoración del informe médico agregado a la causa y las respectivas aclaraciones efectuadas por el experto no logra demostrarse que el a quo hubiera incurrido en el señalado yerro sentencial, desde que es sabido, que tal método de impugnación configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al mentado vicio (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023; L. 132.077, "Salto Monje", resol. de 15-X-2024 y L. 133.163, "Bugñar", resol. de 2-IX-2025; e.o.).
Por otro lado, la doctrina de esta Corte que la impugnante invoca como infringida ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 132.689, "Mesito", resol. de 12-III-2025 y L. 131.629, "Lazarte", resol. de 11-VI-2025 y L. 133.935, "Castro", resol. de 23-IV-2026; e.o.).
III.2. En otro orden, el agravio referido al decreto de necesidad y urgencia 669/19 halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025) a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:32 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:55 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:47:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:56 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:48 hs. bajo el número RR-1253-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia