Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129912
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Víctor Lionel Villegas y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14, inc. 2 apartado "a", de la ley 24.557, con más el adicional contemplado en el art. 3 de la ley 26.773 (v. sent. de 3-X-2022).
Para así decidir, en lo que interesa, con sustento en la prueba rendida en la causa (especialmente la testimonial y el informe pericial médico), el tribunal de grado tuvo por acreditado que el día 30 de julio 2017 el actor sufrió un accidente de trabajo mientras prestaba tareas para su empleador y que, como consecuencia de dicho infortunio, padece una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 24% de la total obrera (v. vered., págs. 1/4).
Luego, en la sentencia, juzgó aplicable al caso el decreto de necesidad y urgencia 669/2019 y determinó el valor del ingreso base mensual conforme al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE- (v. sent., págs. 6/7).
Con tal pauta, calculó las prestaciones que integran la condena y dispuso que se le apliquen intereses, desde la fecha del infortunio hasta la sentencia, conforme a una tasa pura del seis por ciento -6%- anual y que, para el caso de falta de pago en el plazo otorgado, se liquiden según el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta -30- días del Banco Nación hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral según lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. Decreto 669/2019; v. sent. págs. 7/8).
II. Contra dicha decisión la legitimada pasiva interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 17-X-2022); que fue concedido al 20 de octubre de 2022.
II.1. Señala que el tribunal de grado realizó una incorrecta y arbitraria apreciación de la prueba.
En este sentido, transcribe las conclusiones plasmadas en la pericia médica en cuanto allí se expresó que, si bien las lesiones que presentaba el actor podrían haber sido ocasionadas en la forma relatada en la demanda, no podía determinarse su vinculación causal con el accidente denunciado, dada la falta de certeza sobre la fecha de ocurrencia real del hecho.
Agrega que, precisamente, la referida pericia fue impugnada por su parte por considerar que las patologías revestían carácter inculpable, máxime teniendo en cuenta que el galeno no había podido establecer la relación causal.
Postula que dicho extremo tampoco pudo demostrarse con los restantes medios probatorios adquiridos en el proceso.
II.2. Se agravia porque el juzgador declaró aplicable al caso el decreto 669/19, pese a que su vigencia es posterior a la fecha del siniestro denunciado.
Indica que dicha decisión es contraria al principio de irretroactividad, a las garantías de debido proceso, la defensa en juicio, el derecho de propiedad y al criterio sentado por esta Corte en el precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. del 24-V-2016) y reiterado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Espósito" (sent. del 7-VI-2016; v. rec. págs. 5/7).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resulta atendible el primer cuestionamiento planteado.
Es menester recordar que analizar el material probatorio, determinar si se demostró -o no- el acaecimiento del accidente de trabajo invocado y su relación causal con la incapacidad que presenta el trabajador, constituyen atribuciones privativas de los jueces de grado, ajenas a la casación, salvo que se alegue y demuestre que las conclusiones establecidas al respecto se encuentran invalidadas por el absurdo (causas L. 121.460, "Guerra", sent. de 31-VIII-2020; L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023 y L. 127.797, "Llanos", sent. de 14-XII-2023; e.o.).
III.1.a. Bajo tales premisas, el embate se revela palmariamente deficitario en su formulación, toda vez que la eventual presencia de tan excepcional vicio en aquella tarea axiológica del órgano jurisdiccional no ha sido denunciada por el recurrente (art. 279, CPCC).
III.1.b. De todos modos, y sin perjuicio de la apuntada insuficiencia, cabe observar que a partir de su propia opinión sobre la entidad probatoria que debió asignarse a la experticia médica, no logra el impugnante concretar una réplica idónea para desvirtuar el razonamiento que con sustento en la prueba testimonial condujo al juzgador de grado a considerar acreditada la existencia del accidente protagonizado por el trabajador.
Cabe aplicar aquí la doctrina de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso de inaplicabilidad de ley que contiene apreciaciones que no superan el registro de un criterio meramente discrepante con el del juzgador y no rebaten adecuadamente las motivaciones del fallo (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e. o.).
III.2. Luego, los agravios dirigidos a cuestionar la aplicación al caso del decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.), resultando ello suficiente para dar respuesta a la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído respecto del agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente en relación al analizado en el punto III.2 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus , dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:52 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:46:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:55 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:45 hs. bajo el número RR-1250-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia