Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129757
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida por el señor Rodrigo Ezequiel Acosta y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y los adicionales contemplados por los arts. 11, apartado 4, inc. "a" del mismo cuerpo legal y 3 de la ley 26.773, así como las prestaciones en especie por tratamiento psicológico (v. pronunciamiento del 27-VI-2022).
Para así decidir, en lo relevante, tuvo por demostrado que el promotor del pleito padece una incapacidad que lo invalida en un 54% del índice de la total obrera, como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 1 de marzo de 2017.
Luego, teniendo en consideración la fecha en que incurriera dicho infortunio, declaró aplicables al caso las disposiciones contenidas en el decreto 54/17 (art. 11), la Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias (ley 26.773) y decretos 1.694/09 y 669/19, y cuantificó el valor del ingreso base mensual conforme las pautas contenidas en este último reglamento.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. auto de fecha 26-VIII-2022).
II.1. En primer término, objeta que el tribunal de grado aplicara retroactivamente la ley 27.348, ya que -según indica- no se encontraba vigente al momento de ocurrencia del siniestro.
II.2. Luego, en relación al decreto de necesidad y urgencia 669/19, refiere que una correcta interpretación de sus disposiciones conduce a sostener que su alcance temporal está circunscripto a aquellas causas iniciadas luego de la entrada en vigencia de la ley 27.348, cuyos efectos distorsivos dice querer corregir.
Añade que conforme surge del juego armónico de los arts. 20 de la ley 27.348 y 3 del decreto 669/19, es claro que éste último no puede determinar un ámbito de aplicación temporal mayor al previsto en la propia ley que reglamenta.
II.3. Por otro lado, denuncia la errónea aplicación del decreto 669/19, ya que -afirma- el tribunal de origen cuantificó el resarcimiento haciendo mérito de la tasa de interés prevista en el apartado 2 del art. 12 de la ley 24.557 (texto según art. 11 de la ley 27.348), pero con la metodología de cálculo establecida en el apartado 1 del mismo precepto, arribando así a un resultado incorrecto.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer término, ocupa precisar que la facultad revisora de esta casación está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023; L. 127.102, "Cruzzetti", sent. de 23-VIII-2023; L. 128.793, "Ferreyra", sent. de 26-II-2024 y L. 131.681, "Gaspari", sent. de 14-VII-2025; e.o.).
Bajo tales directrices, dable es advertir que no le asiste razón al recurrente al cuestionar la aplicación por parte del juzgador de grado de la ley 27.348. Es que, a diferencia de lo que se sostiene en la crítica, el tribunal de trabajo no hubo de fundar su decisión -más allá de efectuar cierta mención- en la evocada aplicación de ese cuerpo normativo; sino que, antes bien, dicho órgano jurisdiccional expresamente hubo de señalar que en atención a la fecha de ocurrencia del evento dañoso (1 de marzo de 2017) resultaba aplicable al caso el decreto 54/17 (v. veredicto, pág. 13 y sent., pág. 6, segundo párrafo), conclusión -ésta última- que arriba incólume a esta instancia extraordinaria por no mediar a su respecto cuestionamiento alguno en el medio de impugnación que se analiza.
III.2. Luego, los restantes agravios planteados por la recurrente hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690 "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación. Sólo he de aclarar que en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta a tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.) y declararlo procedente respecto del abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:51 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:46:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:55 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:28 hs. bajo el número RR-1249-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia