Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129321
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19. Respecto del planteo abordado en el punto III.3, declarar que se desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Rodrigo Ariel Tognolotti y condenó a Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas de la enfermedad profesional que alegó padecer (v. sent. de fecha 8-VI-2022).
Para así decidir, en lo que resulta de interés, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad, y consiguiente inaplicabilidad al caso, del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, para luego cuantificar la indemnización reclamada de acuerdo a la normativa que juzgó aplicable.
Por otro lado, decidió absolver, con sustento en el art. 47 de la ley 24.557, a la tercera citada -Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A- sin perjuicio de las acciones de regreso que pudiera entablar la aseguradora demandada.
II. Frente a lo así resuelto se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica 28-VI-2022), el que, denegado en la instancia de origen (resol. del 1-VII-2022), fue concedido por esta Suprema Corte al conceder la queja interpuesta (v. pronunciamiento electrónico de 21-III-2023)
II.1. En lo sustancial, impugna el pronunciamiento de grado en cuanto declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del mencionado decreto de necesidad y urgencia. Sostiene que tal descalificación resultaba -en el caso- innecesaria, habida cuenta que el cálculo indemnizatorio efectuado con base en dicho precepto cumple los estándares de una reparación justa, sin que se verifique quebrantamiento alguno de la normativa supralegal que el tribunal consideró vulnerada.
II.2. Por otro lado, objeta la absolución decidida en el fallo respecto de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Cita en apoyo de su postura a la doctrina legal que dice transgredida.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera preliminar, se impone destacar que en oportunidad de resolver la queja deducida por la interesada (v. escrito electrónico de 12-VII-2022), esta Suprema Corte estableció que el valor de lo cuestionado no supera, en el caso, el límite por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. No obstante, entendió que el agravio dirigido a controvertir la declaración de inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 669/19, involucra, prima facie valorado, el análisis de una cuestión federal, circunstancia que justifica su abordaje con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales (v. resol. de fecha 21-III-2023).
III.2. Sentado ello, ha de señalarse que el primero de los cuestionamientos que contiene el medio de impugnación halla adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
III.3. El restante reproche traído, en virtud de lo dicho supra, debe analizarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 -aplicable al caso-. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis aludida se impone nítida, desde que, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto adjetivo antes citado (causas L. 124.763, "Román", resol. de 2-X-2020; L. 128.451, "García", resol. de 15-VI-2022; L. 131.658, "Sanabria", resol de 20-XI-2024 y L. 132.756, "Almaraz", resol. de 27-III-2025; e.o.).
Cabe agregar que el precedente de esta Corte que el recurrente individualiza como L. 47.438, "Cirone" (sent. de 10-XII-1991) ha sido elaborado en torno al contrato de seguro de responsabilidad civil reglado por la ley 17.418 y a leyes de accidentes de trabajo anteriores a la ley 24.557, por lo que no resulta aplicable a los contratos de afiliación y a las aseguradoras de riesgos del trabajo reguladas por este último texto legal (causas L. 98.589 "Bordessollies de Andrés", sent. de 25-XI-2009; L. 97.482 "López", sent. de 2-III-2011; L. 103.075 "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 116.450 "B.A.F.", sent. de 2-VII-2014; e.o.).
Por lo demás, no es ocioso recordar que no participa de la naturaleza de doctrina legal a la que se refiere el citado precepto del Código Procesal Civil y Comercial, la opinión de los autores, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte nacional (causas L. 122.169, "Ortíz", resol. de 20-II-2019; L. 121.422, "Galván", sent. de 17-VI-2020; L. 123.050, "Spera", sent. de 1-IV-2022 y L. 127.428, "Vega", sent. de 30-V-2023; e. o.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Comparto lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación; y en aquello vinculado con el decreto 669/2019, suscribo la solución propuesta dejando a salvo la opinión que expusiera en la causa L. 127.690, "Ovejero", sent. de 26-V-2026 (art. 31 bis, la ley 5.827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez del decreto de necesidad y urgencia 669/19. Respecto del planteo abordado en el punto III.3, declarar que se desestima por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:30 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:50 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:46:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:54 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:27 hs. bajo el número RR-1248-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia