Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129184
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y desestimarlo en relación al abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar a la demanda promovida por el señor Emiliano Belfiore y condenó a Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 y la compensación adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 18-XI-2021).
Para así decidir, juzgó acreditado que el promotor del pleito padece una incapacidad física del quince por ciento -15%- de la total obrera, a raíz de las secuelas incapacitantes producidas por el infortunio acontecido el día 3 de julio de 2017.
En lo que interesa, declaró -de oficio y con cita de precedentes de la Corte Suprema nacional que identificó- la inconstitucionalidad de los arts. 1 y 3 del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, por afectar derechos y garantías constitucionales del trabajador (v. sent., págs. 11/13).
En ese marco, partiendo de lo informado por el perito contador, calculó el valor mensual del ingreso base con ajuste al índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (conf. apartado 1 del art. 12 de la LRT).
Luego, dispuso que debían agregarse los intereses equivalentes al promedio de la tasa activa cartera nominal del Banco de la Nación Argentina, desde la primera manifestación invalidante (03/07/2017) hasta el momento de la liquidación de la indemnización (conforme apartado 2 del art. 12 de la LRT).
II. Contra dicho pronunciamiento, la aseguradora accionada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2021), el que fue concedido por el a quo mediante resolución de fecha 16 de febrero de 2022.
II.1. En primer término, sostiene que el tribunal de grado efectuó una errónea aplicación del apartado 1° del art. 12 de la ley 27.348, a la vez que interpretó irrazonablemente las disposiciones de dicho precepto legal, implicando todo ello una doble actualización.
Explica que a los fines del cálculo del ingreso base el juzgador actualizó por RIPTE los salarios a promediar (julio de 2016 a junio de 2017) a la fecha de la sentencia, en lugar de hacerlo a la fecha del accidente (3 de julio de 2017), como -según afirma- indica la norma.
II.2. En otro aspecto, la recurrente sostiene que el sentenciante se excedió en sus facultades al declarar la inconstitucionalidad del decreto 669/19, dado que dicha norma jamás fue impugnada por la parte actora. Argumenta que esta resolución de oficio vulnera el principio de congruencia y las garantías constitucionales de defensa en juicio e igualdad ante la ley. Afirma que el mentado reglamento es una herramienta constitucional válida.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señala que el embate dirigido a impugnar el importe del valor mensual del ingreso base que el tribunal de origen estableció para cuantificar la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial no tiene favorable recepción.
Esta Corte ha declarado que la determinación del salario diario o ingreso base a los fines del cálculo de la indemnización por accidente de trabajo, constituye una atribución propia de los magistrados de la instancia ordinaria y sus conclusiones no pueden, en principio, ser reexaminadas en casación, salvo que se acredite la existencia de absurdo (causas L. 119.814, "Canale", sent. de 29-VIII-2018; L. 119.417, "P., A. N.", sent. 19-XII-2018; L. 122.684, "Murua", sent. de 9-XI-2020; L. 120.398, "Ramos", sent. de 21-IX-2020, L 129.423, "Sanchez", resol. de 22-XI-2022; e.o.), supuesto excepcional que la impugnante soslaya denunciar.
En tales condiciones, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar la existencia del mencionado vicio invalidante cuando se pretende, como en el caso, la apertura de la instancia extraordinaria a la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, propias del análisis de los jueces de los tribunales de trabajo en ejercicio de facultades que le son privativas (causas L. 121.373, "Ankudowicz", sent. de 18-VIII-2020; L. 129.582, "Soto", resol. de 27-II-2023; L. 130.333, "Cejas", resol. de 7-IX-2023 y L. 131.532, "Garcia", resol. de 13-III-2026; e.o.).
III.2. Luego, los restantes agravios traídos por la recurrente, dirigidos a refutar la declarada invalidez constitucional del decreto 669/2019, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
El señor Juez doctor Soria dijo:
Dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-VI-2026), acompaño lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación (art. 31 bis, ley 5827 y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación al agravio tratado en el punto III.1, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827 y modif.) y desestimarlo en relación al abordado en el punto III.2, debiéndose en consecuencia confirmar el pronunciamiento de grado en cuanto declaró la invalidez constitucional del decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/06/2026 12:54:29 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/06/2026 11:12:48 - BUDIÑO Maria Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/06/2026 13:55:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 09:46:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/06/2026 12:04:54 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/06/2026 14:25:26 hs. bajo el número RR-1247-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia