Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 136557
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; y rechazarlo en relación al agravio abordado en el punto III.1., por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Torres, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Kohan dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la acción promovida por Sergio Alberto Erazo, y condenó a Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a abonarle las sumas que especificó en concepto de prestación dineraria prevista en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la Ley 26.773, con motivo de las secuelas incapacitantes derivadas del accidente que alegó padecer (v. pronunciamiento del 29-V-2025).
Para así decidir, tuvo por demostrado que, como consecuencia del siniestro de autos, el actor es portador de una incapacidad del 36 % de la total obrera; por lo cual -a partir de los elementos de juicio que tuvo por verificados en el veredicto- procedió a calcular las indemnizaciones reclamadas por el actor conforme lo previsto en el decreto de necesidad y urgencia 669/2019.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-VI-2025), el que fue concedido el 14 de julio de 2025.
II.1. En primer lugar, denuncia absurdo en la valoración de las pruebas periciales médica y técnica, a la vez que afirma que el juzgador no tuvo en cuenta las distintas impugnaciones que la interesada hubo de efectuar a los informes de los expertos.
II.2. Por otro lado, en lo sustancial, sostiene que el tribunal de grado efectuó una errónea aplicación del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, desde que -aduce el compareciente- debió aplicar al caso las resoluciones 332/23 y 1.039/19 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, dictada en su reglamentación.
Destaca asimismo que, al cuantificar las prestaciones mediante esta última norma, el juzgador transgredió el art. 768 del Código Civil y Comercial, ya que la tasa de variación empleada no se encuentra prevista en ninguno de sus incisos, y además contraviene las disposiciones que prohíben la indexación.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo el agravio vinculado con la ponderación de las pericias médica y técnica.
III.1.a Tiene dicho esta Suprema Corte que en la tarea de valorar las pericias médica y técnica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo que se denuncie y acredite la configuración del absurdo (conf. causas L. 123.054, "Militello", resol. de 14-VIII-2019; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020, L. 130.557, "Coronel", resol. de 15-IV-2024); análogo señalamiento ha efectuado en orden a la labor jurisdiccional dirigida a determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad laboral (causa L. 125.038, "Vera" y L. 125.422, "Casalone", resols. de 6-XI-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021; L. 128.773, "Sorgué", resol. de 17-IV-2023).
III.1.b. Bajo tales directrices, el cuestionamiento traído es insuficiente, desde que solo evidencia de la opinión subjetiva del quejoso en orden a la prueba indicada, método que -es sabido- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el absurdo (causas L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021). La muestra más patente de lo dicho es que, alejado de lo manifestado por la quejosa, surge del veredicto que el sentenciante expresamente hubo de considerar las impugnaciones que se alegan preteridas, aunque concluyendo en sentido adverso a lo pretendido por la accionada.
No es ocioso recordar aquí que el vicio de absurdo no se configura aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones insostenibles o inconciliables con las constancias del expediente (causas L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021; L. 121.726, "Herrera", resol. de 27-III-2023 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), supuesto que, no se verifica en la especie.
III.2. Finalmente, los agravios que giran en torno al decreto de necesidad y urgencia 669/19, hallan adecuada respuesta en lo expresado por este Superior Tribunal al decidir en las causas L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026) y L. 129.800, "Muzychuk" (sent. de 14-VII-2025), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.); resultando ello suficiente para resolver la impugnación traída.
El señor Juez doctor Soria dijo:
A tenor de lo prescripto en el tercer párrafo del art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.), y dejando a salvo mi opinión expuesta en la causa L. 127.690, "Ovejero" (sent. de 26-V-2026), acompaño lo resuelto por mis colegas que me preceden en la votación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó las prescripciones del decreto de necesidad y urgencia 669/2019, cuya inconstitucionalidad -en el caso- se declara; y rechazarlo en relación al agravio abordado en el punto III.1., por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Los autos se remiten al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, y en resguardo del principio que veda la reformatio in pejus, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y al modo en que se resuelve (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2026 21:48:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/06/2026 19:55:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2026 12:01:17 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 01/07/2026 16:52:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/07/2026 09:05:08 - DI TOMMASO Analía Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 02/07/2026 12:55:52 hs. bajo el número RR-1368-2026 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia